El tenebroso informe de la ONU sobre los crímenes del régimen de Maduro

Lo que le faltaba al gobierno de Caracas: una Misión Internacional de Verificación de Hechos comisionada por las Naciones Unidas para investigar casos de violación de derechos humanos en Venezuela concluyó que tanto Nicolás Maduro como integrantes de su gabinete ministerial y otros altos funcionarios están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno”, dijo la Misión, señalando directamente a Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello.

La Misión siguió 223 casos, de los cuales 48 se incluyen dentro de investigaciones exhaustivas dentro del informe. También estudió otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

El abogado penalista Francisco Cox forma parte de la Misión, tras dirigir el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de México para investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El funcionario le contó a SEMANA que la tortura que registraron en Venezuela tiene técnicas muy propias, métodos que tienen nombres particulares que jamás había escuchado antes. “Lamentablemente el ser humano se pone muy creativo a la hora de infligir dolor a otro ser humano”.

Lo que dice, respaldado por un amplio y detallado informe de 443 páginas, resultó de diversos testimonios. Explica que usaron el estándar de motivos razonables para creer que algo ocurrió, que aparece cuando los relatos de varias personas tienen consistencia y coherencia al describir los lugares y, curiosamente, los nombres que empiezan a adquirir las prácticas, un detalle típico de centros de detención con torturas donde las personas conversan entre ellas. También los comprobaron con los relatos de quienes escuchaban cómo torturaban a otras personas.

Investigaron profundamente también 16 casos de operativos realizados por las fuerzas de seguridad del Estado que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, así como 2.552 casos en los que los organismos de seguridad mataron a 5.094 personas.

El documento retrata a la Policía Científica y a las Faes de la Policía Nacional como grupos de exterminio, responsables del 59 por ciento de las muertes a manos del Estado en el periodo analizado (2014-2019), y autores de ejecuciones extrajudiciales. Documenta que funcionarios de la Faes dijeron a la Misión que era una práctica permitida disparar a la cabeza de las personas. Y que con frecuencia encubren los asesinatos simulando “enfrentamientos” entre las víctimas y los uniformados. Además, revelaron que había recompensas para los cuerpos armados por ejecutar acciones ilegales.

Cox detalla que exfuncionarios y también agentes aún en activo de rangos bajos y medios aportaron información. Esos datos ayudaron a determinar que existen dos políticas de Estado lesivas: una es la represión, silenciamiento y aplastamiento de la oposición. La otra es, en el contexto de lucha contra la delincuencia, aceptar ejecuciones extrajudiciales.

La Misión investigó la represión selectiva de los servicios de inteligencia como el Sebin y la DGCIM. El primero tiene como objetivo la oposición y activistas de derechos humanos, mientras el segundo busca al personal militar y a civiles asociados. Sometieron a sus víctimas a “violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.

Cox advierte que, aunque no están en el papel, tienen registrados nombres de más de 50 perpetradores de torturas en la policía política y en el organismo de contrainteligencia, que suben en la cadena de mando. El documento muestra un registro detallado de sitios de detención, casas clandestinas usadas como centros de tortura, de las que incluye geolocalización. Además, el relato de víctimas en torno a ejecuciones extrajudiciales, masacres y crímenes políticos como el asesinato de Óscar Pérez y su grupo de rebeldes ya rendidos, el del opositor Fernando Albán mientras estaba en custodia, o el del capitán Acosta Arévalo, torturado hasta morir. Por otra parte, confirma que la estructura de Consejos Comunales instaurada por el chavismo como organización popular sirve para las delaciones. En efecto, informantes comunitarios aportan a la “inteligencia previa para identificar y localizar a víctimas” de las letales Faes. Como detalla Cox, lo que ocurre en las calles con los uniformados encuentra complicidad al llegar a las instituciones judiciales, con fiscales que usan pruebas plantadas, falsificadas o fabricadas, por ejemplo.

La Misión no pudo entrar a Venezuela, pues el régimen la desconoció en diciembre de 2019. Por eso hizo las entrevistas y el trabajo de documentación desde afuera, con Panamá como centro de operaciones. Tampoco el régimen contestó las más de seis comunicaciones enviadas para solicitar información y hasta para remitirles el informe antes de publicarlo.

El régimen ha desestimado el contenido del informe de una Misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que concluyó que en Venezuela las autoridades son responsables de posibles crímenes de lesa humanidad, particularmente Maduro, así como sus ministros de Interior y Defensa, además de Diosdado Cabello.

El principal señalado optó por el silencio. Maduro canceló su alocución vespertina diaria del miércoles y el jueves, cuando habló, tampoco se refirió al asunto. Su canciller, Jorge Arreaza, primero se limitó a publicar tres tuits para ratificar que no reconocen ningún mecanismo “politizado e inquisidor”, creado “para agredir a Venezuela” y que su relación es directa con la Alta Comisionada. Agregó que el documento “está plagado de falsedades”, como antes se han referido a los informes emitidos por la propia Michelle Bachelet.

Aparte, el chavismo ha activado el aparato de propaganda en torno a siete puntos: cuestionar la metolodogía remota; minimizar un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del cual forman parte; decir que la política de “colaboración” con el alto comisionado es suficiente; criminalizar y desprestigiar las fuentes de información; atacar a los integrantes de la Misión pretendiendo enlodar sus credenciales; minimizar lo registrado porque “son solo 200 casos” e incrustar el informe en supuestas estrategias geopolíticas “como cuando la guerra de Irak”.

El Consejo de Derechos Humanos discutirá el documento el 23 de septiembre, cuando también decidirán los próximos pasos. Allí Venezuela tendrá la palabra frente a los otros integrantes de ese consejo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado, dijo que el documento de la ONU permite “dimensionar y caracterizar” la situación que se vive en el país respecto a la violación de derechos humanos. “Viene a poner a Maduro a la misma altura de Muamar Gadafi y de Sadam Huseín”. Otros opositores calificaron como un gran logro la publicación del informe y pidieron acciones a la Corte Penal Internacional, que estudia una demanda contra el régimen.

Defensores de derechos humanos en el país aplaudieron la formalización de lo que tanto han visibilizado por años. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, calificó de “histórico” el informe por señalar “con nombre y apellido” a los responsables por primera vez. Por supuesto, nadie espera que el régimen venezolano reconozca las denuncias, ni tome medidas al respecto. Pero la minuciosidad de las investigaciones y la gravedad de las denuncias le dan un piso muy firme a quienes consideran que el régimen de Nicolás Maduro reproduce las prácticas de las peores dictaduras.