El Tribunal de Brasil ha establecido una fecha al juicio que podría dejar inelegible a Jair Bolsonaro

El máximo tribunal electoral de Brasil iniciará el 22 de junio un juicio por abuso de poder político y desinformación contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro; que de ser condenado podría quedar inelegible para cargos públicos, anunció la institución este lunes 5 de junio.

Bolsonaro es investigado por haber arremetido contra la justicia electoral y criticado, sin pruebas, la fiabilidad del voto electrónico en Brasil, durante una reunión con embajadores en julio pasado, menos de tres meses antes de los comicios presidenciales de octubre, en los que fue derrotado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Ante decenas de embajadores y diplomáticos de Francia y España, así como de la Unión Europea (UE), el ultraderechista dijo querer “corregir fallas” del sistema y tener “transparencia” en la votación, en un discurso de casi una hora en el Palacio de la Alborada, la residencia oficial.

“Estoy siendo acusado de golpe todo el tiempo (…) estoy cuestionando antes porque tenemos tiempo de resolver el problema, con la propia participación de las Fuerzas Armadas”, añadió el entonces mandatario (2019-2022), que acompañó su discurso con una presentación de PowerPoint sobre el sistema electoral.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reunirá en sesión plenaria el 22 de junio para analizar la acusación, pero una decisión podría postergarse. De ser necesario, las evaluaciones pueden continuar el 27 y 29 de junio, anunció el ente en una nota. Si es condenado, Bolsonaro podría ser impedido de ser elegible para cargos públicos durante ocho años.

La Fiscalía apoya una declaración de “inelegibilidad” de Bolsonaro “en razón de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación”, indicó el TSE.

El exmandatario enfrenta más de una decena de procesos administrativos en el tribunal electoral por presunto abuso de poder político y económico durante la contienda electoral de 2022. Además, es objeto de cuatro investigaciones en el Supremo Tribunal Federal, con penas susceptibles de prisión, incluyendo su presunto papel como autor intelectual e instigador de la asonada de miles de sus partidarios a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero.

El ultraderechista convirtió el sistema de urnas electrónicas en blanco de ataques debido a su supuesta vulnerabilidad, que según él podría ser utilizada en su contra. Brasil adoptó el sistema de urnas electrónicas en las elecciones municipales de 1996, y hasta el momento no se comprobaron problemas de seguridad.

Líderes indígenas alertan de un “genocidio aprobado” por diputados

Varios líderes de la lucha indígena en Brasil, entre ellos el cacique Raoni Metuktire, llamaron al presidente brasileño a “vetar” un proyecto de ley para limitar la demarcación de tierras indígenas que, a su juicio, representa un “genocidio aprobado” ya por los diputados.

“Esta aprobación del proyecto de ley amenaza nuestros derechos. Todos nosotros, pueblos indígenas de Brasil, no lo aceptamos”, dijo en lengua kayapó el nonagenario Raoni a la AFP en París, traducido por su sobrino Bemoro Metuktire.

El 31 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que limita la demarcación de tierras indígenas a las ocupadas por estos en 1988, cuando se promulgó la actual Constitución, y que ahora debe someterse al voto del Senado.

Esta aprobación, impulsada por diputados afines al agronegocio y opositores, supuso un revés para las promesas ambientales del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que anunció la demarcación de nuevas reservas de tierras indígenas.

“Significa un genocidio aprobado por la Cámara de Diputados. Es quitarnos el derecho a vivir, es acabar con el futuro de nuestros hijos, de los pueblos indígenas y de los bosques”, abundó Watatakalu Yawalapiti, jefa del movimiento de mujeres autóctonas de Xingu.

En Brasil hay un total de 764 territorios de pueblos originarios, pero alrededor de un tercio aún no han sido demarcados, según cifras de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).

Las comunidades indígenas rechazan el “marco temporal”, ya que muchos pueblos no ocupaban ciertos territorios en 1988 porque habían sido expulsados, sobre todo durante la última dictadura militar (1964-1985).

Y “matar los derechos indígenas es también matar la vida del planeta, porque nosotros cuidamos los bosques, enseñamos a la gente a valorar el medio ambiente”, subrayó Watatakalu, llamando a Lula a “vetar” este proyecto.

*Con información de AFP.