Elecciones en Estados Unidos: votantes de Los Ángeles decidirán impuestos sobre la marihuana

El condado de Los Ángeles está regulando el negocio del cannabis y, como la mayoría de las agencias gubernamentales, el condado quiere generar ingresos a partir de él.

El condado planea lograr esto otorgándoles un impuesto al cultivo y las ventas minoristas de la popular droga recreativa legal dentro de las áreas no incorporadas del condado. Sin embargo, el condado necesitará la ayuda de los votantes para proceder.

El pasado martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó 4-0 para colocar una medida de impuesto a la marihuana en la boleta electoral para las elecciones del 8 de noviembre. La supervisora Janice Hahn estuvo ausente y no votó. Para poner en marcha el plan fiscal del cannabis del condado, se requiere una mayoría simple de los votantes del condado en noviembre.

El impuesto generaría alrededor de 10,4 millones de dólares anuales a partir del 1 de julio de 2023 y hasta el 1 de julio de 2026. Los supervisores del condado tienen la opción de aumentar las tasas impositivas en una fecha posterior, lo que podría generar hasta 15,2 millones en ingresos anuales.

El plan afecta a los negocios de marihuana involucrados en venta, cultivo, fabricación, prueba, distribución y otros aspectos comerciales, según la resolución adoptada.

Si bien, el condado planea permitir hasta 25 negocios de venta al por menor de marihuana, 25 negocios de entrega, 10 granjas de cultivo ligero en interiores/mixtas, 10 negocios de fabricación, 10 negocios de distribución y 10 laboratorios de prueba.

La medida de la boleta permitiría gravar el cannabis en varias categorías y con diversas tasas de la siguiente manera:

• 4 % de los ingresos brutos de las ventas minoristas.
• 3 % de los ingresos brutos de fabricación y procesamiento.
• 3 % de los ingresos brutos de distribución.
• 4 dólares por pie cuadrado, evaluado en el espacio del dosel para cultivos de luz mixta o sin iluminación artificial.
• 2 dólares por pie cuadrado evaluado en el espacio del dosel en cualquier vivero.
• 7 dólares por pie cuadrado evaluado en el espacio del dosel para el cultivo usando solo luz artificial.

La medida generó críticas de una asociación que representa a los municipios rurales, en su mayoría del Valle del Antílope, donde han estado surgiendo operaciones ilegales de cultivo de marihuana.

A Susan Zahnter, directora de la Asociación de Municipios Rurales, le preocupaba que la junta de supervisores estuviera ignorando la violencia y el daño ambiental de las granjas ilegales de marihuana en Antelope Valley.

“La acusación es casi inexistente. Queremos protección contra este flagelo en nuestras comunidades”, dijo Zahnter a los supervisores.

El senador estatal Scott Wilk, republicano por Lancaster, escribió en un artículo de opinión en Daily News el mes pasado que “las granjas ilegales conducen al tráfico de personas, asaltos y robos, y son responsables de los asesinatos de al menos cinco personas que viven en la comunidad del desierto alto”.

Él y otros en la región del desierto ven la legalización de la marihuana en 2016 como una entrada para que los cárteles internacionales de la droga se trasladen al desierto de Mojave y otras comunidades del desierto alto para cultivar marihuana ilegalmente.

Los cultivos ilegales despojan a la tierra del suelo y conducen a la deforestación y los incendios forestales, mientras que los pesticidas y otros venenos se filtran en el suelo y podrían llegar a las aguas subterráneas, una fuente de agua potable, escribió Wilk.

La supervisora Kathryn Barger dijo que estaba al tanto de los problemas y que Antelope Valley se ha visto afectado de manera desproporcionada por las granjas ilegales; sin embargo, agregó que la medida no permite cultivos al aire libre y no permitirá que el condado recaude ingresos de granjas de marihuana ilegales o negocios.

“No se permitirán cultivos al aire libre. No toleraremos operaciones ilegales. El cannabis debe tener lugar en estructuras y no en invernaderos. El enfoque que hemos adoptado distribuirá equitativamente los negocios legales de cannabis en cada distrito de supervisión y especifica que el cultivo de cannabis solo se permitirá en interiores”, dijo Barger.

Por otra parte, Barger afirmó que el condado debe asegurarse de que los negocios legales de marihuana “no creen nuevos daños para las comunidades rurales”. También que se espera que en el marco legal del cannabis del condado que definirá dónde y cómo pueden operar las empresas de cannabis se redacte para 2023.

Por otro lado, a la supervisora Hilda Solís le preocupa que las personas de color, especialmente los latinos, no hayan podido ingresar al negocio legal de la marihuana. En Estados Unidos, solo el 5,7 % de las 30.000 empresas de cannabis son propiedad de latinos, dijo.

Además, pidió que el Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor (DCBA) del condado y su Oficina de Gestión de Cannabis (OCM) ayuden a eliminar las barreras que impiden la obtención de permisos y licencias para futuros propietarios latinos.

El estado recaudó alrededor de 817 millones de dólares en ingresos por impuestos sobre el cannabis para adultos en el año fiscal 2020-2021, según el informe del personal del condado. Dichos ingresos se han utilizado en la investigación de drogas, el tratamiento, la aplicación de la ley, los programas para jóvenes y la prevención del daño ambiental de los cultivos ilegales.

Si los votantes aprueban la medida del condado de Los Ángeles, los ingresos fluirán al Fondo General del condado y se podrán gastar en una amplia gama de programas e iniciativas, según el informe.