“Es un salto al vacío”, embajador de España habla de la crisis en su país

SEMANA: La situación en Cataluña nos tiene preocupados a todos. Ha llegado a unos niveles sorprendentes.

PABLO GÓMEZ DE OLEA BUSTINZA: Es una irresponsabilidad completa del gobierno catalán mantener la deriva en la que está. Ha llamado mucho la atención la declaración de su líder, Carles Puigdemont, criticando el llamado al diálogo y la concordia del rey cuando dice que va a declarar la independencia el lunes. ¿Cuáles son el diálogo y la concordia ahí? Ellos creen que tienen la razón absoluta, y así no hay diálogo posible.

SEMANA: ¿Cuál es la posición del gobierno de Mariano Rajoy sobre esta coyuntura?

P.G.: No es solo del gobierno. Es una visión de Estado. El rey Felipe VI les dijo el miércoles que con las pretensiones de Puigdemont se está produciendo una deslealtad en toda regla. También, una violación del Estado de derecho y de los principios democráticos. No tanto por las pretensiones en sí, que tienen cabida en la Constitución, sino por usar un referendo ilegal e inconstitucional para llevarlas a la práctica. Se está produciendo una violación clara de la Constitución. Y el Estado tiene los instrumentos para reaccionar.

SEMANA: ¿Cuáles son las causas de esta situación?

P.G.: Siempre ha habido un sentimiento catalanista que se ha encauzado dentro de las instituciones. Los próceres catalanes han hecho un aporte esencial a la construcción de España y su democracia. Sin embargo, la crisis económica, que favorece los populismos y los nacionalismos, ha tenido un fuerte impacto. Y a eso se le añaden unos problemas que han afectado a Convergencia, un partido de centroderecha acosado por escándalos de corrupción, lo que ha llevado a algunos partidos catalanes a acercarse a posiciones extremistas.

SEMANA: ¿No se puede decir que el problema tiene un origen histórico, que se remonta a la época de Franco?

P.G.: Lo que tiene origen histórico es el hecho diferencial catalán, reconocido por la Constitución, que distinguió tres territorios que podían acceder a una autonomía: Galicia, País Vasco y la propia Cataluña. Cada uno tenía un régimen específico. En su momento, el concierto económico que adoptó el País Vasco fue muy ventajoso. Cataluña no lo quiso. Sus razones tendrían, pero ellos mismos se abstuvieron de tener esa autonomía que, por cierto, es mayor que en muchísimos regímenes federales. Respecto a Franco, es claro que la dictadura no les permitió a esos territorios disfrutar de sus instituciones históricas. Pero eso terminó en 1975. Tres años más tarde votamos una Constitución que reconocía todo eso.

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SEMANA: Ellos dicen que le entregan más a España de lo que reciben. ¿Es cierto?

P.G.: Si uno quiere buscar excusas para el victimismo, siempre va a encontrarlas. Es cierto que Cataluña recibe menos de lo que aporta, pero también lo es que Madrid y Baleares aportan más y reciben incluso menos. Pero la realidad es que la solidaridad debe considerarse en términos individuales y no regionales. Y desde esa perspectiva, los catalanes salen muy bien parados. Además, históricamente Cataluña ha recibido una inversión pública en infraestructura muy por encima de otras regiones. El famoso eslogan “España nos roba” es de una gran bajeza moral.

SEMANA: Ha habido muchas críticas en cuanto al uso de la fuerza. Alguien dijo: Rajoy sacrificó algo de legitimidad por la legalidad. ¿Qué contestaría?

P.G.: Conozco las críticas y sé que algún político intencionadamente ha hablado de “uso excesivo de la fuerza”. Nadie está contento con la situación ni con que se haya tenido que recurrir a eso. Pero no quedó más remedio. La reacción de la Policía fue proporcional y amparada por una orden judicial. La realidad es que hay una exageración de lo que ha pasado, sobre todo por intoxicación en las redes sociales. La Generalitat ha manipulado a parte de la opinión pública catalana, buscando la idea de que hay una confrontación. En Cataluña hay tal exacerbación de los medios, que quien disiente es señalado. El nacionalismo, para imperar, tiene que doblegar los principios democráticos, entre ellos la libertad de pensamiento y expresión.

SEMANA: ¿Cómo se ve la salida de esta situación?

P.G.: Esperamos que impere la racionalidad en el gobierno catalán, que no vaya a una declaración unilateral de independencia. Si lo hace, el Estado tendrá que aplicar todas las medidas de las que dispone. Entre ellas el artículo 155 de la Constitución, que implica sustituir determinados elementos del gobierno autonómico por el gobierno central. Esperemos que no nos pongan en una situación como la del 1 de octubre y que, como dijo el presidente Rajoy, podamos mantener los brazos abiertos al diálogo y a la concordia dentro de la Constitución.

SEMANA: ¿Sería viable una Cataluña independiente en estos momentos?

P.G.: Para que un territorio de un Estado sea viable necesita varias cosas. Primero, reconocimiento internacional. Segundo, capacidad de financiación. Y por último, un consenso interno amplio. Ninguno de estos tres factores se da con Cataluña.

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SEMANA: ¿Qué pasaría con España?

P.G.: España puede sobrevivir. El problema es el golpe a la convivencia, más que a la naturaleza del Estado. Pues lo que quiere Puigdemont es excluir al resto de los españoles, que tenemos tanto derecho como ellos a decidir algo que afecta al país en su conjunto.

SEMANA: ¿No existe el temor a un ‘efecto contagio’ en otras regiones?

P.G.: El gobierno vasco intentó algo parecido hace unos años. Pero se estrelló con una sociedad más madura, políticamente hablando. El País Vasco se dio cuenta de que era un salto al vacío. De hecho, eso es lo que quieren los independentistas catalanes. Pero no hay un temor al contagio. El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Juan José Ibarretxe, ha sido muy claro al decir que no renuncia al referendo, sino que apela a que se haga uno dentro de la legalidad. En Galicia no hay ninguna posibilidad. Allí, el grupo mayoritario es el Partido Popular.

SEMANA: Pasando a las relaciones bilaterales, ¿cómo están?

P.G.: Muy bien. Tenemos una fuerte presencia empresarial en España, que ha crecido en los últimos años. A su vez, después de Estados Unidos, España es el país que más invierte en Colombia, con 16.500 millones de dólares. La relación cultural es muy fuerte. Queremos que el próximo año y medio sea de gran intensidad, y por eso traeremos grandes exposiciones. A eso se agrega que España es el segundo destino universitario de los estudiantes colombianos. Y tenemos el deseo de incrementar esos intercambios, por eso estamos preparando una feria de educación para marzo. También, hemos tenido una posición importante dentro de la Unión Europea (UE) para que Colombia sea un tema de atención. Eso ha desembocado en dos temas muy importantes. El primero, las visas de larga duración, iniciativa de España. Y el segundo, la conclusión del acuerdo de libre comercio entre la UE y Colombia, que ha sido muy beneficioso para Colombia. También tenemos una intensa cooperación judicial y policial. Las Policías de los dos países colaboran constantemente en la lucha contra el narcotráfico y en la trata de personas.

SEMANA: ¿Qué tanto ha afectado la relación los problemas en la costa Caribe, como los de Canal de Isabel II?

P.G.: Creo que se le ha dado una importancia mediática a esos problemas, que de alguna manera han llegado a dominar la relación bilateral. En ElectriCaribe tenemos una opinión diferente a la del gobierno, pero estamos dialogando. Se ha planteado un arbitraje internacional, pero esperemos no llegar a eso. En cuanto a Canal de Isabel II, que aquí se presentó como un caso de mal manejo empresarial, es al contrario, es un caso de cooperación judicial, pues se ha desmantelado una trama de corrupción que implica a una empresa española y a algunos de los actores económicos en Colombia. La tercera compañía con problemas es Telefónica, que discrepó sobre un contencioso específico acerca de una relación de activos. Finalmente, ellos han pagado la multa y si no están de acuerdo con ella, la recurrirán. Pero eso es normal en una relación empresarial. Que de 450 empresas tengamos 3 con problemas demuestra que estamos en el buen camino.

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SEMANA: ¿Qué espera España del proceso de paz?

P.G.: Pues lo mismo que los colombianos, independientemente de sus posiciones ideológicas: un país en paz y reconciliado. Desde un comienzo, buscamos que la UE le prestara una atención privilegiada a este tema y presentamos una iniciativa que se tradujo en el Fondo Fiduciario para el Conflicto, que será de 100 millones de dólares. También somos el país europeo que más aportó a la misión de observación de la ONU y vamos a contribuir significativamente en esta segunda fase. También queremos aportar al proceso con el ELN para que llegue a buen puerto.