LATINOAMÉRICA

Brasil, desorden y progreso

La esperanza con la que el sector empresarial y la base electoral apoyaron a Jair Bolsonaro desapareció. La economía brasileña se contrajo, el desempleo aumentó, y la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo se hizo más evidente. De las promesas de campaña, queda solo la incertidumbre.

30 de junio de 2019
A pesar de la poca popularidad de Bolsonaro en la actualidad, las Iglesias evangélicas y las Fuerzas Armadas siguen siendo un gran motor de su gobierno. Ambas fueron fundamentales en campaña. | Foto: Afp / Getty images

Cuando Jair Bolsonaro se convirtió en presidente de Brasil el 1 de enero de este año, a muchos les preocupaba su nostalgia por la dictadura militar, sus comentarios racistas, misóginos y homófobos, su conservadurismo y fanatismo religioso. Pero a los empresarios los tuvo sin cuidado esos radicalismos y, en cambio, apoyaron económica y políticamente su ascenso al poder. Muchos manifestaron el agobio por los años de Gobiernos de izquierda, como el de Luiz Inácio Lula da Silva y el de Dilma Rousseff, y confiaron en que el férreo repudio de Bolsonaro hacia el Partido de los Trabajadores enderezaría la economía.

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No ha sido así. Desde un comienzo, el ultraderechista demostró desinterés por los asuntos económicos, y llegó incluso a decir que no entendía “nada sobre economía”. Por eso, le dejó todas las decisiones financieras al empresario Paulo Guedes, quien se convirtió en el poder detrás del poder y en un ministro capaz de mover los hilos de la economía nacional. Sin embargo, eso tampoco fue suficiente y esta no arranca.

El Congreso es una piedra en el zapato para Bolsonaro, pues su partido (PSL) tiene solo 4 escaños de los 513 de la Cámara Alta. Los opositores le tumbaron casi todas sus propuestas, hasta ahora. 

A pesar del entusiasmo inicial de los mercados, el populismo de Bolsonaro y la crisis política nacional comienzan a pasarle factura al gigante suramericano. Según Bloomberg, la mayoría de economistas redujo a la mitad sus expectativas y ahora creen que el país crecerá 1,1 por ciento al año. Al tiempo que los desempleados aumentan de 7,6 millones en 2012 a 13,4 millones este año, ubicando el nivel de desempleo en 12,5 por ciento en el periodo enero-marzo de 2019.

Esta década ha sido muy compleja: además del incremento en el gasto del Gobierno de Rousseff desde 2013, que ocultó el déficit fiscal de Brasil, ahora es evidente que las polémicas propuestas del presidente Bolsonaro ayudaron a incrementar la crisis.

¿Es posible gobernar en solitario?

En campaña, el 55 por ciento de los votantes se dejaron seducir por los constantes ataques de Bolsonaro al Congreso, al que señaló de aliarse con los Gobiernos anteriores y ser igual de corrupto. Sin embargo, ahora ese choque de trenes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el hecho de que el mandatario tampoco quiso hacer una coalición sólida con otros partidos, le sale caro.

Ninguna de las principales promesas de campaña ha podido ejecutarse hasta el momento, en gran medida, porque el Congreso y la Cámara las bloquearon, porque muchos de sus ministros renunciaron y porque la oposición popular se hizo más fuerte. No es posible gobernar en solitario, a pesar de que Bolsonaro así lo prometió.

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De hecho, hace algunas semanas aceptó que el Congreso del país tiene cada vez más “superpoderes y me quiere convertir en la reina de Inglaterra, quien reina pero no gobierna”. Afirmó, además, que su “inexperiencia” le había jugado una mala pasada, pues no sabía que las cosas del Estado “debían decidirse entre tantos”. Tal vez, su admiración por el golpe militar de los sesenta lo hizo creer que en democracia las cosas se hacen igual: con autoritarismo.

Pero no. En cambio, se encontró con un muro infranqueable, que hasta ahora no ha podido tumbar. De todas sus propuestas, la más esperada por los inversionistas era la reforma pensional. En Brasil, algunas personas se pueden jubilar incluso antes de los 50 años, y cientos de miles reciben pensiones honorarias o beneficios extra, como los militares, los funcionarios, los campesinos o los habitantes de calle que nunca han cotizado.

Bolsonaro propone recortes y una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres. Desde el Gobierno aseguran que, si no se hace algo para detener el déficit, la deuda del país será del tamaño de toda su economía en 2023.

A pesar de que hay un consenso en que la reforma debe hacerse, pues le ahorraría 300.000 millones de dólares al Estado en un plazo de diez años, la medida es tremendamente impopular. Las marchas han colmado las principales ciudades, y la oposición lleva semanas bloqueando el transporte público de São Paulo, Río y Bahía. Por esa razón, los legisladores se resisten a aprobarla, pues el costo político es muy alto. Tanto es así que pidieron dejar por fuera el proyecto que afectaría las pensiones para discapacitados y gente sin hogar.

Las marchas a favor de la educación pública, de los derechos LGBTI y en contra de la reforma pensional marcaron la agenda nacional; incluso, más que la Copa América, que pasó a un segundo plano por el revolcón político. 

SEMANA dialogó con el equipo de análisis económico del banco brasileño Itaú para saber cuál es su balance de estos seis meses de gobierno. Según los analistas, en la campaña electoral la moneda de brasil, el real, se recuperó a medida que fue más evidente que Bolsonaro ganaría los comicios, pues sus propuestas de libre mercado y su guiño a los empresarios generaron confianza en los inversores. “Pero ese fortalecimiento vino de la mano de la expectativa de que la administración Bolsonaro lograría la aprobación de la reforma pensional. Los vaivenes políticos y la poca gobernabilidad volvieron a incidir para mal en la confianza y, por lo tanto, en el precio del real”, aseguran.

Y con ello, tanto la reforma como sus otras propuestas están embolatadas, por ahora, en el tire y afloje con el Poder Legislativo y la fuerza ciudadana. Ni la debatida propuesta de ley que permitiría el acceso a las armas de todos los brasileños mayores de edad, ni la “licencia para matar” ladrones, ni los “campos de concentración” para refugiados venezolanos y el cierre total de las fronteras, ni la iniciativa de tipificar como terrorismo la invasión de la propiedad privada de los terratenientes y reducir los resguardos indígenas han sido aprobadas por el Congreso. Todas perdieron su pulso.

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Sin embargo, ciertas medidas superaron el rechazo y se impusieron en detrimento de los grupos minoritarios del país.

Ese es el caso, por ejemplo, de la comunidad LGBTI, que no solo es burlada y vilipendiada por el presidente, sino que ha tenido que soportar el abrumador aumento de ataques de odio de parte de algunos de sus seguidores. Asimismo, algunos activistas de la comunidad criticaron la reforma en el currículo estudiantil que busca, según el Ministerio de Educación, “combatir el adoctrinamiento homosexual y la sexualización precoz en los niños, así como evitar que el marxismo relegue a la religión”.

Por esa razón, la semana pasada, casi tres millones de homosexuales, líderes de derechos humanos y, en general, opositores al Gobierno marcharon para “demostrarle al presidente la enorme diversidad de Brasil y hacerle notar que así él nos quiera suprimir, aquí estamos, más vivos que nunca”, según le dijeron a la DW. Junto con ellos salieron también miles de profesores, sindicatos y estudiantes, que, una vez más, criticaron la propuesta de recortar un 30 por ciento el presupuesto de las facultades de humanidades.

Hace meses, el mandatario afirmó que quería potencializar las carreras que le dan dinero al país, como la medicina y el derecho, y no a “las que no sirven para fines prácticos”. Inmediatamente después de su declaración, cientos de colectivos nacionales protestaron, y hoy es el día en que todavía no llegan a un acuerdo entre las partes.

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Como si con esto no fuera suficiente, a su poquísima favorabilidad se suma la “trama Moro-Lula”. De nuevo, la política brasileña se sacude a causa del popular expresidente, pues, según unos audios divulgados por el medio digital The Intercept, el actual ministro de Justicia, Sérgio Moro, conspiró con los fiscales del caso Lava Jato para acusar a Lula por corrupción (ver SEMANA n.º 1937).

Aunque el líder del Partido de los Trabajadores es señalado por más delitos –algunos relacionados con la constructora Odebrecht y otros con tráfico de influencias–, los brasileños se preguntan si hubo persecusión para sacar a Lula del camino en la contienda contra el mandatario.

A seis meses de gobierno, Jair Bolsonaro enfrenta la peor crisis de su carrera, y el enmarañado panorama político de Brasil parece que no le dará mucho espacio para maniobrar. Si las cosas siguen así, el gigante suramericano podría entrar en una grave crisis económica y afectar con eso a toda la región.