REDES SOCIALES
En Nicaragua proponen castigar con prisión a quienes difundan noticias falsas
El texto de los diputados de ese país propone castigar los ciberdelitos con condenas de entre dos y 10 años de cárcel.
Cada vez es más incontrolable la difusión de noticias falsas en las redes sociales y aunque existen varios métodos de fact-checking para evidenciar la veracidad de cada información que se publica en estos medios, todavía no se ha podido ponerle un punto final y una solución definitiva al problema. Sin embargo, en Nicaragua ya anunciaron el punto de partida. Diputados oficialistas promovieron este lunes una iniciativa de ley para sancionar con penas de prisión los ciberdelitos y la difusión de noticias falsas en las redes sociales, informó el legislativo.
“El objetivo de esta iniciativa es la prevención, la investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas”, indica el texto del anteproyecto divulgado en la página web del parlamento.
El texto propone castigar los ciberdelitos con condenas de entre dos y 10 años de cárcel. Y define estos como las acciones “de carácter penal cometidas en contra de personas naturales o jurídicas”, como el sistema bancario, “por medio de sistemas informáticos y de comunicación”.
Ese delito incluye el fraude y espionaje electrónico, la usurpación de identidad y uso de la tecnología digital para cometer delitos de corrupción de menores y pornografía infantil.
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El proyecto regularía el acceso “indebido” a información personal y sensible de las personas.
También perseguiría el uso de las redes sociales para amenazar a personas o atemorizar a una población “étnica, cultural, religiosa” o de otra índole.
La iniciativa plantea, asimismo, aplicar una pena de dos a cuatro años de prisión a quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, y un castigo de hasta cinco años de prisión a quienes “inciten al odio y a la violencia”.
La Policía o el Ministerio de Gobernación se encargarían de conservar los datos del tráfico informático que sea de su interés.
La iniciativa fue introducida en el Parlamento, donde el partido de gobierno es mayoría, una semana después de que los diputados promovieran un polémico proyecto para declarar como “agentes extranjeros” a quienes reciban dinero de entes foráneos, entre ellos ONG y medios de comunicación internacionales.
