En Perú se vivió la jornada más violenta de manifestaciones desde el inicio de la crisis

Este martes 10 de enero fue una de las jornadas más violenta en Perú, ya que al menos 17 personas murieron y varias decenas resultaron heridas, durante las protestas que piden la salida de la presidenta del país, Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso.

El Defensor del Pueblo peruano confirmó este balance de víctimas mortales, que incluyen a un menor de edad, tras enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca.

“Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la Fiscalía de Perú a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos”, comunicó el organismo.

“No corresponde a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas resolver los conflictos que vienen aconteciendo. Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista, y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”, agregó el Defensor del Pueblo.

Con todo, recordó que el derecho a la protesta es un derecho fundamental si se ejerce de manera pacífica, ya que, por lo contrario, se estarían cometiendo graves delitos. “Invocamos a la población a no realizar hechos de violencia irrespetando las disposiciones que la autoridad pública establezca en el marco de sus competencias”, se puede leer en un comunicado.

El Gobierno Regional de Puno declaró tres días de luto, desde este martes al jueves, por el balance preliminar de las protestas. “En razón a los trágicos sucesos ocurridos (...), nos aunamos al dolor de las familias dolientes y (nos) solidarizamos con la población afectada”, reza un decreto que exige investigaciones “contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región”.

Anteriormente, congresistas del departamento de Puno emitieron un comunicado conjunto para exigir la renuncia de Boluarte después de los enfrentamientos registrados en la zona durante el fin de semana en la región, que dejaron una treintena de personas heridas, entre ellas varios periodistas.

Por otro lado, el aeropuerto Coronel Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho tuvo que suspender este lunes 9 de forma temporal sus operaciones “como medida de prevención” ante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía en la región, según RPP.

Ataque al Estado de Derecho

El Gobierno peruano anunció que enviará una comisión de alto nivel a la zona en tensiones por las protestas antigubernamentales, que se han cobrado este lunes la vida de más de una decena de personas.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, indicó que el fin de esta comisión es insistir en el diálogo y llevar ayuda humanitaria, al tiempo que ha acusado a los manifestantes de atacar el estado de derecho.

Otárola afirmó que se ha “producido un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y las instituciones”, detallando que más de nueve mil personas se han aproximado al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil iniciaron un ataque con armas, “generando una situación extrema”.

“Lo que está sucediendo es una resaca del golpe de Estado en el país, aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y quisieron derribar las instalaciones públicas en la asonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado y que hoy se ha dado un nuevo paso”, argumentó.

El primer ministro vinculó a los manifestantes con el narcotráfico, garantizando que las autoridades capturarán y procesarán “a quienes están destruyendo el país, financiados por intereses extranjeros y por el dinero oscuro del narcotráfico”.

Asimismo, tras lamentar las muertes en el sureste del país, el ‘premier’ pidió a la Fiscalía que investigue los hechos, según ha informado la agencia de noticias Andina.

*Con información de Europa Press.