Entre la libertad de expresión y la dignidad de las víctimas: Chile debate el negacionismo de los crímenes de la dictadura

Las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura chilena entre 1973 y 1990 fueron oficialmente consignadas por Comisiones de Verdad del Estado, pero aún hoy son discutidas por una parte de la sociedad de este país.

Uno de los casos más sonados fue el de un ministro de Cultura, quien tildó de “montaje” al Museo de la Memoria, y debió renunciar apenas tres días después de asumir el cargo. Menos publicitados, pero recurrentes, son los ataques verbales en redes sociales, y más directamente, los destrozos y pintadas, incluso con simbología nazi, de sitios de memoria.

Pero eso no está sucediendo solo en Chile. Verónica Torras, coordinadora de la Red de Sitios de Memoria de Latinoamérica y el Caribe (RESLAC) señala a DW que “la región está atravesando un ciclo de negacionismo y relativismo. Hay una reivindicación de los pasados autoritarios y construcción de una narrativa heroica respecto de sus protagonistas que los coloca en una posición de víctimas”.

Según explica la también directora de Memoria Abierta, de Argentina, esto se refleja en la negación lisa y llana de las experiencias autoritarias del pasado reciente, en la relativización en el número de víctimas, la negación o minimización de las responsabilidades estatales y la descalificación de las comisiones de verdad y los procesos judiciales.

Proyecto de ley para penar el negacionismo

Frente a ello, en países como Chile, Perú, Colombia y Argentina, surgen propuestas para penalizar el negacionismo. En Chile, el proyecto presentado en 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, que tipifica el delito de incitación a la violencia, avanza en el Congreso con la indicación de la Cámara de Diputados, que agregó una norma para sancionar el negacionismo.

En concreto, establece una multa y pena de prisión de hasta tres años para quien “a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar”, consignadas en informes de comisiones de verdad, “siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte del o los ofendidos”. La pena es mayor en caso de que el autor sea funcionario público.

El proyecto, que debe ser revisado ahora por la comisión de derechos humanos del Senado, remite inevitablemente a la experiencia europea. En 1994, Alemania promulgó una ley que sanciona a quien “públicamente, o en una reunión, apruebe, niegue o minimice” los hechos relativos al genocidio, cometidos bajo el régimen nacionalsocialista, de manera apropiada para perturbar la paz pública. Leyes similares existen también en España, Francia, Bélgica y Austria, entre otros. Reconocer los crímenes: ¿sancionar a los negacionistas?

Consultado por DW, el historiador alemán Stephan Ruderer, académico de la Universidad Católica de Chile, dice que, guardando las proporciones, “el ejemplo alemán puede servir para explicar por qué es posible y hasta importante que exista una ley anti negacionismo en Chile”.

En su opinión, se puede hacer un paralelo con Alemania, donde “hay una verdad histórica: pruebas, documentos, testigos, juicios y declaraciones oficiales que establecen la verdad de estos crímenes. No estamos en el ámbito de la interpretación. El Holocausto tiene un valor singular para la historia de Alemania, por lo que su negación se penaliza de manera especial, y, en este caso, la dignidad de las víctimas y sus familiares vale más que la libertad de expresión”.

Para Ruderer, “el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en Chile, igual que en Alemania en relación con el Holocausto, puede y debe transformarse en un consenso básico de la democracia, en el sentido de que esto no debe ocurrir nunca más”. La gran pregunta es si quienes nieguen, aprueben o minimicen estos crímenes deben ser sancionados. ¿Límite a la libertad de expresión?

Las opiniones están divididas, no sólo por el rechazo de algunos sectores políticos. La crítica más extendida es que la ley puede atentar contra la libertad de expresión. En ese sentido, Human Rights Watch (HRW) llamó al Congreso chileno a no aprobar la iniciativa.

HRW alude al pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU: “leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados parte”. “Según los estándares internacionales vigentes, es una restricción excesiva, desproporcionada e innecesaria a la libertad de expresión. Muchos han citado la legislación sobre negacionismo del Holocausto que existe en varios países europeos. Lamentablemente, esa legislación contradice los estándares internacionales y no es un buen ejemplo a seguir”, dice a DW José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

En opinión de Ruderer, “la libertad de expresión es un derecho muy importante, y hay que ser muy cuidadoso al limitarlo. Sin embargo, la dignidad de las víctimas y sus familiares es más importante. El consenso básico de una democracia excluye opiniones negacionistas”.

Será clave, indica el investigador, cómo esté redactada la ley: “Debería sancionar la difusión de manera pública, a nivel político, en medios o con publicidad. Distinto es lo que ocurre en un entorno privado. Tampoco afecta el trabajo de historiadores que buscan explicar este período. En Alemania no ha sido ningún impedimento para esta labor”.

Marta Cisternas, observadora de DDHH de la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, dice a DW que “la libertad de expresión tiene un límite, que es la dignidad de las personas y de los pueblos”. Sin embargo, estima que la ley es un asunto complejo, y le preocupa que le dé “argumentos a la extrema derecha en Chile para victimizarse y argumentar que se vulnera su libertad de expresión”. Un riesgo que también reconoce Ruderer.

Vivanco advierte que “el proyecto de ley chileno probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país. Sancionarlas no es una forma eficaz de contrarrestarlas, e incluso podría resultar contraproducente. De hecho, puede convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen aún más atención”.

Caminos contra el negacionismo

“Las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales. Se trata de expresiones ciertamente lamentables respecto de los atroces crímenes de la dictadura de Pinochet. Pero lo que corresponde no es criminalizar a los responsables, sino reformar las campañas de educación y promoción de la memoria histórica sobre estos aberrantes delitos”, recomienda Vivanco.

Sin embargo, Verónica Torras, de RESLAC, estima que “es necesario explorar si el derecho puede ser un aliado en la lucha contra la restauración de prácticas genocidas y de qué modo. Y también cuestionar si el negacionismo como práctica es posible de ser amparada por la libertad de expresión”.

Para Ruderer, “la ley es una posibilidad entre muchas. Mucho más importante es contrastar los argumentos en el discurso público y la educación, incluir la historia de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos en las currículas escolares, aumentar las horas de historia en vez de disminuirlas como lo hizo el gobierno actual, difundir más la labor de organizaciones como el Museo y sitios de memoria y darles mayor apoyo estatal”.

“El modelo europeo ha avanzado en la penalización de estas prácticas, pero tampoco funciona como una garantía por sí mismo, como la historia reciente de Europa lo pone de manifiesto. No hay opciones que no impliquen dilemas”, señala Torras, quien se inclina por la búsqueda de soluciones que recurran eventualmente de modo provisorio al derecho penal, junto con otras herramientas de políticas públicas.

Se trata de una discusión abierta, que el trámite parlamentario ayudará a poner en el debate público. Al respecto, Cisternas reflexiona: “Si en nuestros países se hubiese establecido la verdad sobre las violaciones de DDHH, se hubiese hecho justicia y se hubiesen implementado medidas claras en torno a garantías de no repetición del terrorismo de estado, no se necesitaría de una ley”.

Con información de DW