Envían a juicio a monseñor Rolando Álvarez, famoso por plantar cara al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

Después de presentarse este martes 10 de enero frente a una audiencia en la ciudad de Managua, Nicaragua, la justicia de ese país determinó enviar a juicio a monseñor Rolando Álvarez, religioso católico reconocido en los últimos meses como una de las principales voces de resistencia frente al régimen del mandatario de ese país, Daniel Ortega.

De acuerdo con las autoridades judiciales de ese país, afectas al poder Ejecutivo, el religioso fue acusado de conspiración, además de ser vehículo para la propagación de lo que la justicia de su país determinó como noticias falsas.

La decisión de enviar a monseñor Álvarez a juicio se conoció este mismo martes a través de una nota de prensa en la que no se entregaron mayores detalles de lo que viene en el proceso en contra del religioso, ni tampoco se precisa la fecha en la que este deberá comparecer nuevamente ante las autoridades judiciales para responder por los delitos de los que se le señala.

De acuerdo con lo que publican medios internacionales, en medio de la audiencia de este martes, la cual se efectuó ante el Distrito Penal de Audiencia de Managua, las autoridades judiciales también determinaron que monseñor Álvarez deberá continuar bajo la modalidad de prisión preventiva, no obstante, esta podrá seguir desarrollándose bajo la modalidad de reclusión preventiva, tal y como viene ocurriendo desde el pasado mes de agosto.

En ese sentido, la residencia de monseñor Álvarez, para cumplir con dicha detención, se ha ubicado en la ciudad de Managua.

El ente encargado de la imputación de cargos en contra del reconocido religioso, de 56 años de edad, fue la Fiscalía de Nicaragua, entidad también afecta al régimen Ortega, la cual le señaló de conspirar para “cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”, destacando que el religioso se habría servido de los menos de comunicación que otrora se encontraban bajo el dominio de las congregaciones religiosas, además de sus redes sociales, las cuales alcanzaron un amplio alcance tras las primeras denuncias de atropellos de las autoridades en su contra.

El religioso se desempeña como obispo de la diócesis de Matagalpa.

Precisamente, fue desde referida región desde donde tras ser arrestado, en medio de un allanamiento a su casa, el religioso fue trasladado a Managua, señalado de haber intentado desestabilizar al país a través de sus denuncias.

En su momento, al igual que a Álvarez, las autoridades detuvieron a otro grupo de religiosos que le acompañaban, no obstante, estos no fueron cobijados por el beneficio de casa por cárcel, y contrario a Álvarez, estos sí permanecen en una cárcel en la capital de Nicaragua.

Pese a lo anterior, y a diferencia de monseñor Álvarez, al grupo de cerca de seis religiosos aún no se le ha imputado cargo alguno.

Más roces con la Iglesia

En medio de las tensiones que se libran en Nicaragua entre el gobierno del exguerrillero sandinista Daniel Ortega y la Iglesia católica en ese país, también se han presentado otros escenarios de riña, uno de ellos dado por la expulsión, por las autoridades civiles, el pasado mes de marzo, del nuncio Waldemar Sommertag, evento que fue seguido por las denuncias de dos sacerdotes que afirmaron ser víctimas de acoso por el régimen, lo que continuó con el cierre de varios medios de comunicación.

La persecución a los religiosos por el régimen Ortega se desprendió luego de que, en 2018, la Iglesia cumpliera un papel importante en la protección de grupos de manifestantes y atención de personas que resultaron heridas durante jornadas de protestas en contra del gobierno del exlíder sandinista.

Sobre el particular, el gobierno Ortega ha señalado que dicho movimiento de protesta realmente respondía a un intento de golpe de Estado y, al participar la Iglesia en la protección y atención de heridos, asumieron que la institución eclesial cumplía un rol de cómplice.

Frente a los hostigamientos de los que ha sido objeto la Iglesia católica nicaragüense en las últimas semanas, varias voces de rechazo y solidaridad se han elevado desde distintos rincones del mundo.

Una de esas voces fue la de la Celam, que manifestó su voz de solidaridad con el obispo retenido, a la vez que la Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos en Centroamérica se pronunció a través de las redes sociales para llamar “al Estado a cesar de inmediato el hostigamiento y los ataques contra sacerdotes, feligreses y estaciones de radio y TV de la Iglesia católica”.

En ese sentido, la institución también precisó que “es urgente proteger la integridad física, libertad religiosa y libertad de expresión de todas las personas”.

De igual modo, el pasado mes julio, una comunidad de monjas que hacían presencia en ese país, conocida como la Asociación Misioneras de la Caridad, orden fundada por la madre Teresa de Calcuta, afirmó que debió abandonar Nicaragua debido a que el gobierno de Daniel Ortega ilegalizara sus operaciones en ese territorio.

Sobre el particular, asociaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron que tras la invalidación del permiso de operación de esa agrupación religiosa, un grupo de cerca de 15 monjas fueron deportadas como si fuesen “delincuentes”, según palabras expresadas por la Cenidh, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

*Con información de AFP.