¿Es posible tumbar a Nicolás Maduro? Exprocurador de Venezuela explica cada uno de los escenarios en el vecino país

SEMANA: ¿Tiene alguna esperanza de que llegue el 10 de enero y Maduro deje el poder?

José Ignacio Hernández (J.I.H.): Aun cuando las condiciones políticas en Venezuela siguen mostrando una gran fluidez, creo que el escenario más probable es que Nicolás Maduro tome posesión de la presidencia el próximo 10 de enero. Cualquier escenario distinto requeriría de una negociación política que asegure la salida ordenada del poder de Maduro y sus aliados, o de una fractura en las élites dominantes que desplace a Maduro. Ninguna de esas condiciones parece la suficientemente consolidada hoy.

SEMANA: ¿Qué consecuencias tendría que Nicolás Maduro se mantenga en el poder luego del 10 de enero?

J.I.H.: Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, la toma de posesión de Maduro sería la continuación de la vía de hecho que inició en la madrugada del 29 de julio de 2024. El artículo 231 de la Constitución es muy claro: solo el candidato elegido puede tomar posesión del cargo de presidente el 10 de enero. Y según el artículo 228, el candidato elegido es aquel que obtenga la mayoría de los votos válidos. Nicolás Maduro no cumple esas condiciones, pues su proclamación, realizada el 29 de julio, no se basó en actas electorales públicas, transparentes y verificables.

El Consejo Nacional Electoral anunció unos resultados sin respaldo, violando no solo los mecanismos de verificación ciudadana sino además, violando los deberes de publicidad de esos resultados que exige el Derecho Electoral. Por ello, estamos ante una auto proclamación: Maduro, por medio de organismos bajo su control, se proclamó presidente sin respaldo en actas electorales.

Desde el punto de vista jurídico, en Venezuela hay lo que he llamado un vacío constitucional, pues a pesar de que hubo elecciones no ha habido proclamación del candidato electo. Y este vacío agrava, mucho más, el declive institucional en Venezuela.

SEMANA: ¿Hay alguna vía jurídica, internacional o nacional para lograr que Edmundo González se posesione como presidente?

J.I.H.: No hay ninguna vía jurídica que, por sí misma, permita hacer valer la voluntad expresada en las elecciones del 28 de julio.

En el ámbito doméstico, el Tribunal Supremo de Justicia, que carece de autonomía e independencia, avaló la proclamación de Nicolás Maduro, simulando un juicio que violó las más elementales normas procesales y del debido proceso. A falta de actas, quisieron simular un proceso judicial que solo hizo más evidente el fraude.

En el ámbito internacional, hay muchas vías para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas con ocasión a las elecciones, pero ninguna de ellas permite asegurar que Edmundo González sea proclamado y tome posesión.

La ausencia de vías jurídicas demuestra que, en el fondo, el problema en Venezuela es político, no de derecho. Desde 2013 pero en especial, desde 2016 —cuando el Gobierno optó por desconocer las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición— impera en Venezuela un régimen de facto. No pueden solucionarse problemas políticos con estrategias legales, aun cuando estas estrategias sí podrían crear condiciones favorables para un cambio político.

SEMANA: ¿Esto implica que Edmundo González puede ser reconocido como Presidente a partir del 10 de enero?

J.I.H.: Desde el punto de vista jurídico, creo que ha habido un malentendido con el reconocimiento de Edmundo González. Las declaraciones que diversos países han emitido reconociendo a González como presidente electo, tienen contenido político. Jurídicamente, ellas nada dicen sobre el reconocimiento del Gobierno de Venezuela.

Desde el 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro perdió el monopolio del reconocimiento legal del Gobierno de Venezuela en el extranjero. Hay países que lo reconocen formalmente como presidente, pero en la gran mayoría de los casos el reconocimiento es implícito. Estados Unidos es la única excepción, pues todavía reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 como el legítimo Gobierno. Este reconocimiento solo produce efectos muy específicos en términos de representación legal de Venezuela en el extranjero, en especial, en cuanto al manejo de activos externos y el cumplimiento de obligaciones.

Si una experiencia queda del 2019, es que hay que moderar el alcance de las declaraciones políticas de reconocimiento. No niego su importancia a efectos jurídicos muy específicos, pero creo que el centro de la atención debería ser la ausencia de un presidente legítimamente proclamado en Venezuela.

SEMANA: En Colombia hay un gran debate sobre el papel de Gustavo Petro que no ha reconocido la victoria de Edmundo González, pero quizás tampoco asista al lado de Maduro. ¿Cuál es su opinión al respecto?

J.I.H.: El pasado 26 de noviembre el canciller Luis Gilberto Murillo reiteró que sin actas, no habrá reconocimiento de Maduro como presidente electo. Desde el punto de vista de los compromisos que Colombia ha asumido en el marco de la Carta Democrática Interamericana, esta es la posición correcta. La decisión de reconocer a Edmundo González, como ya expliqué, es más política que jurídica.

El cuestionamiento a la proclamación de Maduro sin actas es además consistente con la declaración final de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, celebrada en Bogotá el 24 de abril del pasado año. El consenso logrado entonces se basó en la necesidad de permitir la “celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos”. Y se acotó que los pasos logrados para lograr ese objetivo debían ir “en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones”. Pero el 29 de julio Nicolás Maduro tomó la decisión de salirse del camino que apoyó esta Conferencia para garantizar elecciones libres y justas.

SEMANA: ¿Cómo cambiará el rol de Estados Unidos con Trump como presidente?

J.I.H.: Como expliqué en un artículo que recientemente publiqué en Americas Quarterly, la nueva presidencia de Donald Trump ha generado mucho ruido por los argumentos, en favor y en contra, de volver a la política de la “máxima presión”. Aquí hay una gran confusión pues esa “máxima presión” cedió hacia 2020, cuando el Departamento de Estado publicó una política oficial para promover la transición basada en acuerdos políticos con Maduro.

El presidente electo Trump ha indicado que la política internacional de Estados Unidos debe orientarse hacia una suerte de no intervención, como recientemente lo reiteró con ocasión al conflicto en Siria. Por ello, creo que la política hacia Venezuela va a continuar, en cierto modo, donde se quedó, con el plan publicado en 2020.

Además, las designaciones del senador Rubio como Secretario de Estado y del representante Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional, permiten sostener que la nueva administración de Trump no va a ignorar el fraude electoral normalizando la relación con Maduro. También es muy importante la designación de Christopher Landau como adjunto de la Secretaría de Estado, por su conocimiento sobre la crisis venezolana y sus implicaciones regionales. Creo que este equipo está en una inmejorable posición para redefinir la política hacia Venezuela, partiendo del desconocimiento de la auto proclamación de Maduro.

SEMANA: ¿Qué papel tendrá la política de sanciones económicas de Estados Unidos en lograr una transición hacia la democracia?

J.I.H.: La política de sanciones económicas hacia el Gobierno de Nicolás Maduro ha estado en el centro de argumentos a favor y en contra, en especial en el debate político en Venezuela.

Pero si analizamos los hechos, podremos observar dos aspectos, que son muy importantes. El primero, es que la política de sanciones tiene apoyo bipartidista, y se basa en la violación a derechos humanos y la corrupción extendida. Mientras estas condiciones se mantengan, la política de sanciones seguirá su curso. Lo segundo, es que las medidas de flexibilización anunciadas por la presidencia de Biden siempre estuvieron condicionadas al cumplimiento de los acuerdos entre Maduro y la Plataforma Unitaria, en especial, el Acuerdo de Barbados. Esta es, nótese bien, la misma posición de la Conferencia Internacional de Bogotá: la revisión de sanciones procede solo frente a pasos efectivos hacia la democratización.

El 29 de julio, como dije, Nicolás Maduro decidió violar todos y cada uno de los acuerdos políticos celebrados con la oposición, saliéndose de la ruta iniciada en México en 2021. Si la política exterior de Estados Unidos es coherente, entonces, no podría plantearse como solución levantar las sanciones. Por el contrario, estas sanciones son uno de los más importantes mecanismos de presión para lograr una solución política basada en las elecciones de 2024. Lo que sí es una tarea pendiente es adoptar las reformas regulatorias que minimicen el impacto humanitario adverso de las sanciones, y que a la vez, reduzcan la capacidad financiera de Maduro para mantener políticas clientelares.

SEMANA: Hay muchos ojos puestos en que la CPI intervenga antes del 10 de enero. ¿Usted ve esto viable?

J.I.H.: La Corte Penal Internacional ya está interviniendo en la situación de Venezuela, con la investigación que adelanta la Fiscalía. Esta investigación ha sido muy útil, primero, para darle una voz a las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos en Venezuela y, por el otro lado, para poner al descubierto que el Gobierno de Maduro no tiene ninguna intención en avanzar en investigaciones genuinas sobre los graves crímenes cometidos en Venezuela.

Esos crímenes señalan directamente a Nicolás Maduro. La sentencia de la Sala de Apelaciones de la Corte, de 1 de marzo de 2024, señaló que en Venezuela no hay investigaciones sobre las violaciones a derechos humanos que involucren a la cadena de mandos. Y esa cadena incluye, sin duda, a Maduro.

En su informe de 2024 la Fiscalía comunicó que los reportes sobre las violaciones a derechos humanos cometidos con ocasión a la elección presidencial fueron incluidos en la investigación. También la Fiscalía ha anunciado que el tiempo para que Venezuela adelante investigaciones -basadas en el principio de complementariedad- se está agotando. Estas son señales muy claras de que la investigación está en su etapa final, aun cuando sería todavía prematuro esperar algún tipo de decisión antes del 10 de enero.

SEMANA: Se que es una pregunta muy amplia, ¿pero cuáles son los factores que han permitido a Maduro amarrarse así al poder?

J.I.H.: El régimen de Maduro califica como un autoritarismo duradero, de acuerdo con un reciente libro de Levitsky y Way. Ello no implica, por supuesto, estabilidad política. Por el contrario, creo que una razón que explica la permanencia de Maduro en el poder ha sido su capacidad de adaptación. Otra razón es su habilidad -contraria a la dignidad humana- de usar políticas de represión y de compensación para fortalecer sus alianzas. Las compensaciones se basan en el reparto clientelar de bienes y corrupción, dentro de lo que Bueno de Mesquita y Smith llaman el selectorado, o sea, las élites políticas y económicas que sostienen al régimen. Las licencias otorgadas por la Ofac a favor de empresas petroleras, al mejorar la capacidad financiera del Gobierno de Maduro, han mejorado la capacidad de reparto clientelar de la renta petrolera, reforzando su permanencia en el poder.

Finalmente, la descoordinación e ineficiencia de la oposición política Venezolana también ha contribuido a la estabilidad, aun cuando en menor medida. Esto último, por cierto, comenzó a cambiar luego de las primarias de 2023, que ha permitido restructurar a la oposición y elevar su coherencia, como lo demuestra el éxito de la estrategia frente a las presidenciales bajo el nuevo liderazgo de María Corina Machado .

Sin embargo, creo que la primera razón que explica la permanencia del régimen es el miedo frente a una transición. Y esta es, para mí, el gran elemento faltante en Venezuela: no hay una estrategia creíble de justicia transicional, que no solo debe abarcar el ámbito político, sino además, el económico. Se ha colocado mucha atención en como elevar el costo de permanencia de Maduro —las sanciones, por ejemplo— pero no en cómo crear condiciones institucionales que estimulen a miembros de las élites a desobedecer a Maduro, sin temor a represalias.

SEMANA: En un reciente artículo, usted describió a Alex Saab como el master mind de la cleptocracia de Maduro. ¿Qué ha significado su llegada a Venezuela y su ascenso en el poder estos meses?

J.I.H.: El riguroso periodismo de investigación que ha adelantado Armando Info permite comprender el papel de Alex Saab en la cleptocracia venezolana. Su rol al frente de las políticas de industria y producción nacional es un claro mensaje de que la política económica de Maduro no se basa en la promoción de los mecanismos de mercado, sino en lo que se llama capitalismo clientelar. Para ello, Maduro se vale de la Ley Anti Bloqueo, que le otorga poderes absolutos para manejar con opacidad las políticas económicas, en especial, en relación con activos.

Un reciente ejemplo de los riesgos de este modelo opaco es la situación de Monómeros. Con base en la ley anti bloqueo, y según informó el Gobierno de Colombia, Saab diseñó un plan —totalmente opaco— para vender este activo, lo que llevó la Superintendencia de Sociedades, el pasado 11 de diciembre, a someter a ese activo al máximo grado de supervisión. Sin transparencia, la política económica clientelar solo va a crear mayores obstáculos.

SEMANA: Usted escribió hace un año un libro sobre la destrucción institucional de PDVSA. ¿Cómo ayudó esta destrucción a que Maduro se amarrara al poder?

J.I.H.: Para 2018, la producción petrolera había caído cerca del 51%, en comparación con la producción de 1998. Esto fue antes de que PDVSA fuera sancionada, en enero de 2019. En mi libro explico que este colapso respondió a dos grandes causas: (i) la destrucción de la capacidad de PDVSA y sus filiales, que fueron transformadas en meros instrumentos políticos del Gobierno y (ii) la destrucción de los derechos de propiedad de la inversión privada.

A partir de entonces el colapso de la producción continuó, en parte por las sanciones, pero principalmente, por las dos causas que explican estructuralmente el colapso. Pretender explicar el colapso de la producción solo en las sanciones económicas es una suerte de falacia.

Hasta el 2020, la industria petrolera fue más bien una carga para Maduro, pues le privó de la posibilidad de repartir clientelarmente la renta petrolera. Pero a partir de ese año, la producción petrolera comenzó a crecer, y esto fue antes de que la administración Biden otorgara la licencia Chevron, en noviembre de 2022. En mi libro explico que esta recuperación, en parte, responde a las políticas de privatización de facto amparadas en la Ley Anti Bloqueo. Sin transparencia ni rendición de cuentas, Maduro volvió a utilizar la menguada producción petrolera con fines clientelares.

Vea la entrevista de SEMANA con María Corina Machado

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