Escándalo en Perú: primer ministro del presidente Pedro Castillo y líder del partido de Gobierno son imputados por lavado

La Fiscalía de Perú anunció su decisión de investigar al primer ministro, Guido Bellido, y al líder del partido gubernamental Perú Libre, Vladimir Cerrón, por presunto blanqueo de dinero, en el marco de una pesquisa abierta hace varias semanas en torno a la campaña electoral de la formación y que afecta a más de 15 sospechosos.

Según las informaciones recogidas por el diario peruano ‘El Comercio’, el fiscal Richard Rojas incluyó a 17 personas más en las investigaciones, entre ellas el portavoz de Perú Libre, Waldemar Cerrón -hermano de Vladimir-, y el gobernador de Junín, Fernando Orihuela, así como otros altos cargos del partido.

Así, Rojas señaló que esta supuesta organización criminal actuó para financiar “indebidamente” las campañas de Perú Libre desde su fundación y los pagos, servicios y gastos derivados de los procesos legales abiertos contra ellos, especialmente aquellos que implicaran a Vladimir Cerrón.

La Fiscalía argumenta que entre los motivos para incluir a Cerrón en las investigaciones están los movimientos bancarios “sospechosos” realizados durante los últimos años y las informaciones obtenidas en el marco del caso ‘Los Dinámicos del Centro’, relativo a esta supuesta financiación ilegal.

Rojas argumentó que esta presunta organización estaría encabezada por Cerrón, quien fue además sentenciado en firme hace unos años por conflicto de intereses y está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción en el país.

Respecto a Bellido, el fiscal ha decidido incluirle a raíz de las informaciones recabadas durante las investigaciones del caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y ha agregado que el primer ministro “habría tenido conocimiento” de los presuntos delitos y “habría coordinado y participado” en la ejecución de los mismos.

El nuevo Gobierno peruano tras la victoria de Pedro Castillo en las presidenciales comenzó con polémica después de que la Fiscalía iniciara una investigación contra Bellido por un supuesto delito de apología del terrorismo en relación a una serie de actividades que habría realizado en favor de Sendero Luminoso.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Lima (TSJ) admitió el lunes a trámite un recurso de ‘habeas corpus’ que demanda la anulación de la resolución que designa a Bellido como presidente del Consejo de Ministros y a Iber Maraví como ministro de Trabajo del Gobierno de Castillo.

Por otro lado, la Fiscalía abrió una investigación contra el ministro del Interior, Juan Carrasco, por presunta “mala conducta” debido a que solicitó una licencia como abogado para acceder al cargo sin que se aparentemente se cumplieran los trámites para que no existiera una incompatibilidad en los puestos.

Asimismo, el Gobierno de Castillo en Perú tuvo que enfrentar dos renuncias en el Ministerio del Interior, pues los viceministros Carlos Enrique León y Nicolás Zevallos anunciaron su retiro de la cartera. La renuncia que presentaron al titular de la cartera, Juan Carrasco, aduce decisiones que podrían afectar la confianza en la institución de la Policía.

El viernes fue remitida la misiva con su renuncia a Carrasco, quien asumió hace solo siete días el cargo en el Gobierno del recién posesionado Pedro Castillo.

Zevallos publicó ambas cartas en su cuenta de Twitter y, en el caso de León, dice que el motivo de la renuncia es que conoció decisiones que “afectarían seriamente la confianza de la ciudadanía en nuestro sector y en la gloriosa Policía Nacional del Perú en el marco de su Plan de fortalecimiento y modernización (...) así como la pretendida designación del señor Grover Mamani Condori como director general de la Dirección General del Gobierno Interior, órgano de línea del despacho viceministerial de Orden Interno”.

Sobre el último aspecto, el exfuncionario señala que advirtió que Mamani no cumple con el perfil requerido para el cargo, por lo que se niega a “aceptar y ser partícipe de dicho nombramiento ilegal”, que va en contra de sus principios, “con el riesgo de una denuncia penal”.

El documento firmado por Zevallos, aunque más breve, se refiere a lo mismo, señalando que las decisiones a tomar no garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener la labor de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú, “así como de generación de confianza de la ciudadanía en el sector Interior”.

Por su parte, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que señala que, a raíz de las denuncias presentadas por los exviceministros, designados por el gobierno anterior, “el Ministerio del Interior, tal como lo tenía previsto, anunciará en el más breve plazo la designación de los nuevos funcionarios que asumirán ambos despachos requisitos establecidos por la ley y de ninguna manera afectarán ni vulnerarán la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú”, informó la cartera.

*Con agencias