Así nació (y crece) el escándalo Odebrecht en Brasil

El escándalo de Odebrecht ha sacudido todo el continente, pues involucra a la justicia estadounidense y dejó en evidencia el sistemático pago de sobornos por cifras astronómicas en una docena de países, entre ellos Colombia. Pero el epicentro de ese terremoto de magnitudes imprevisibles es Brasil, más concretamente Curitiba. Desde ya, muchos consideran la operación que le dio origen, conocida como Lava Jato (algo así como lavadero de autos en portugués), como la mayor investigación de corrupción de la historia.

En el gigante suramericano, las consecuencias políticas han sido mayúsculas, al punto de que amenazan con derribar al actual presidente, Michel Temer, que reemplazó a la destituida Dilma Rousseff, así como llevar a la cárcel al carismático Luiz Inacio Lula da Silva, sin contar las decenas de políticos que ya están implicados.

Casi tres años después de las primeras detenciones en marzo del 2014, Lava Jato apenas calienta motores, pues la Corte Suprema convalidó este lunes las confesiones de exejecutivos de Odebrecht, con lo que los masivos acuerdos de cooperación con la justicia comienzan a ser efectivos. El presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, y 77 altos ejecutivos alcanzaron arreglos, en lo que ya es considerado una “delación sinfónica”. El fiscal a cargo del caso anticipa que la convalidación duplicará el número de causas judiciales.

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El origen de Lava Jato

La caja de Pandora de la corrupción trasnacional se abrió en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, una ciudad de menos de dos millones de habitantes conocida hasta entonces por las políticas urbanas que la llevaron a ser el modelo en que se inspiraron sistemas como Transmilenio.

Allí actúan el juez de primera instancia Sergio Moro y el equipo de fiscales dirigido por Deltan Dallagnol. Moro emprendió en el 2014 una pesquisa sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras (de ahí el nombre Lava Jato) que se convirtió en la investigación sobre una compleja red de sobornos entre políticos a cambio de contratos con Petrobras.

El caso fue creciendo hasta llevar a prisión a connotados empresarios y políticos brasileños por su papel en las coimas pagadas por grandes constructoras para obtener licitaciones en la petrolera estatal.

La Fiscalía definió el esquema como un sistema de "empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban a directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas".

Las obras sobrefacturadas generaban excedentes que se transferían a los partidos y a los conspiradores como sobornos de entre el 1% y el 5% de los valores de los contratos.

Se estima que el esquema drenó el equivalente de unos 2.000 millones de dólares de Petrobras y que causó, según números de la Fiscalía, un perjuicio total de más de 13.000 millones de dólares.

Bajo la batuta de Moro se descubrió la telaraña de compañías off shore que utilizaba Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios de Brasil y de otra docena de países.

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La investigación original del juez Moro produjo 120 condenas en primera instancia y cientos de acuerdos de delación, pero más importante aún, se convirtió en una enorme bola de nieve que ha arrastrado una buena parte de la clase política brasileña y ahora extendió sus ramas en el continente por cuenta de las prácticas de Odebrecht, que se convirtió en la cadena de transmisión de escándalo de Petrobras por toda la región.

Odebrecht, presente en 27 países, era la constructora más grande de América Latina (además de tener operaciones en África); construyó líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá y carreteras en Argentina, por lo que extendía sus tentáculos como una suerte de cancillería paralela.

Del presidente para abajo

El efecto dominó ha sacudido al gigante suramericano. De entrada, entre los condenados por Lava Jato figura Marcelo Odebrecht, presidente y nieto del fundador del grupo. Antes era considerado intocable, pero desde el 2015 purga una pena de más de 19 años de cárcel.

José Dirceu, otrora hombre fuerte del Partido de los Trabajadores, presidenciable y jefe de gabinete de Lula da Silva, fue condenado a 23 años.

El ultraconservador expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, artífice de la destitución de Dilma, y el exministro de Finanzas de Lula Antonio Palocci también están tras las rejas, con prisión preventiva.

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El propio Lula enfrenta varias acusaciones de corrupción, aunque niega cualquier implicación y denuncia una conspiración que busca evitar que sea candidato presidencial en el 2018. El propio Dallagnol describió a Lula como el "máximo comandante de la trama de corrupción identificada como Lava Jato" el año pasado, en unas controversiales declaraciones por las que lo señalaron de inmiscuirse en política.

Y para rematar, el presidente Michel Temer ha sido mencionado en los testimonios de ejecutivos de Odebrecht, aunque no ha sido acusado formalmente. El mandatario podría ser destituido por el tribunal electoral si las declaraciones evidencian la financiación ilegal de campaña de la que muchos lo acusan desde hace tiempo.

El salón de la justicia

Curitiba es el centro neurálgico de la operación judicial, pero en Brasilia la corte suprema lleva los casos de personas con fuero privilegiado, como diputados y ministros.

Dallagnol, un surfista aficionado de 37 años profundamente religioso lidera la llamada "Força Tarefa", un grupo de fiscales que logró resultados inéditos en el momento de desentrañar los oscuros intereses que financian la política, y en sendas entrevistas recientes a las agencias internacionales AFP y AP detalló la fórmula del éxito de la investigación.

Lava Jato avanzó gracias a una estrategia en cuatro frentes: negociaciones para que algunos implicados admitieran su culpabilidad, lo que llevó a nuevas revelaciones; "fases" operativas que avanzan de forma progresiva; una estrecha cooperación entre autoridades legales y judiciales y una estrategia transparente de comunicación que incluye publicar detalles de los casos una vez se hacen detenciones.

Para Dallagnol, la designación de los jueces fue un golpe de suerte, pues si a la investigación hubiera acabado en manos de magistrados con una visión "hipergarantista" del derecho, contraria a las detenciones preventivas, el caso habría naufragado.

El más visible de ellos es Moro, para muchos brasileños un héroe que encarna la lucha contra la corrupción. Sin embargo, tanto Moro como Dallagnol son cuestionados precisamente por el recurso, abusivo según sus críticos, de las prisiones preventivas o por inducir a los detenidos a firmar acuerdos de colaboración. Pero los resultados les dan la razón.

"Estamos investigando millares de delitos multimillonarios practicados por centenas de personas", explica Dallagnol.

El tema de los jueces volvió al primer plano tras la muerte de Teori Zavaski, que se estrelló a comienzos de este año en una avioneta. El magistrado llevaba las investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF) y estaba a cargo de convalidar las delaciones premiadas.

"El juez de Lava Jato puede determinar los rumbos de toda la operación. Su mentalidad, su forma de pensar, su visión del mundo y del derecho pueden determinar el éxito o el naufragio de la operación. Especialmente, el juez que sea el relator del caso en el STF", advierte Dallagnol, aunque está convencido de que el deceso de Zavaski no descarrilará las pesquisas.

La investigación ha alcanzado tal dimensión, que se está expandiendo a otros estados y jueces, aparte por supuesto de otros países latinoamericanos. La pesquisa pasó también a manos de la justicia de Estados Unidos en virtud de una norma que le permite perseguir el lavado de dinero fuera de su país, y fue entonces cuando Odebrecht alcanzó un acuerdo con las autoridades norteamericanas al declararse culpable de pagar sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios en una docena de países.

A pesar de ese tsunami, todos los caminos aún conducen a la justicia brasileña, y varios países, como Colombia, están pendientes de las revelaciones y la cooperación con el gigante suramericano para terminar de desentrañar sus capítulos locales.

La lección brasileña

Colombia está consternada con la corrupción, en gran medida por cuenta del escándalo de Odebrecht, que implica sobornos por al menos 11 millones de dólares en el país según lo admitido en la justicia estadounidense.

En ese clima se conoció el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, en el que Colombia ocupó el puesto 90 entre 176 países, con una nota de 37 sobre 100. Sorprendió que a Brasil, a pesar de ser el epicentro del escándalo, le fue algo mejor, y varios observadores explicaron que en el caso del gigante suramericano la percepción no es peor debido a que la gente siente que las autoridades están actuando, y eso despierta algo de optimismo.

En ese sentido, vale la pena recoger la reflexión del fiscal Dallagnol, de cara a las pesquisas en Colombia: "Algunos tienden a pensar que habrá un antes y un después de Lava Jato. Las causas criminales no cambian un país. Son capaces de condenar a algunas personas, recuperar el dinero desviado, pero si no se cambian las estructuras que llevan a la corrupción, todo seguirá igual".

*Con información de AFP y AP