España
España aprueba ley para judicializar a manifestantes en contra del aborto
La ley busca proteger la integridad de las mujeres que desean realizar el procedimiento y que son acosadas antes de entrar a las clínicas.
El Senado español aprobó este miércoles una modificación del Código Penal que castigará el acoso y la intimidación de los activistas antiaborto a las mujeres que acudan a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo.
La nueva legislación, impulsada por el Partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya había obtenido el visto bueno del Congreso y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado.
A partir de entonces, quienes “para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” acosen a una mujer “mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o a trabajos comunitarios, según la propuesta enviada por el Congreso.
Con este cambio en el código penal también se arriesgarán a las mismas penas quienes traten de intimidar a los profesionales sanitarios que asisten a estas mujeres.
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El aborto fue despenalizado en España en 1985, únicamente por tres causas: violación, riesgo grave para la madre y malformación fetal, pero no fue hasta 2010 cuando se legalizó la interrupción del embarazo sin justificación médica hasta la decimocuarta semana de gestación.
Pese a ello, las mujeres de este país de fuerte tradición católica siguen encontrando obstáculos porque muchos médicos se niegan a realizar el procedimiento. Además, frente a algunas clínicas conocidas por practicarlos suelen reunirse activistas antiaborto para tratar de persuadir a las mujeres de que no entren.
Estas acciones pueden ir desde rezos, carteles o consignas, hasta interpelaciones directas mostrándoles pequeños fetos de plástico o pidiéndoles que suban a una furgoneta equipada con un ecógrafo.
Un grupo de estos activistas se manifestó este miércoles a las puertas del Senado para protestar contra lo que denuncian que es una “criminalización” de sus actividades, según la plataforma Derecho a Vivir, que afirmó que seguirá ofreciendo “ayuda” y “oraciones a las mujeres que lo necesiten”.
Según un informe realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) en 2018, y que recoge el proyecto de ley, 89 % de las mujeres que acudieron a abortar en España se habían sentido acosadas y 66 % amenazadas.
El gobierno progresista de Sánchez prepara también una ley para garantizar que todos los hospitales públicos realicen abortos, además de un cambio en la legislación para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres, como ocurre en Reino Unido y Francia.
Manifestaciones contra el aborto
España ha sido centro, en las últimas semanas, de una serie de multitudinarias protestas en contra del aborto en el país. Miles de personas se tomaron, el mes pasado, las calles de Madrid para protestar en contra de este procedimiento.
Portando pancartas en las que se leía “El aborto no es un derecho” y coreando “Más respeto a la vida”, los manifestantes recorrieron el centro de la capital española hasta la plaza de Cibeles, donde se leyó un manifiesto.
“Hay otras alternativas. Después de un aborto siempre hay un trauma, pero de eso no se habla”, dijo Yolanda Torosio, una secretaria de 44 años que asistió a la protesta con su hija.
La protesta fue organizada por la plataforma “Sí a la vida”, que calculó que participaron unas 20.000 personas.
El representante del gobierno central en Madrid cifró el número de manifestantes en unas 9.000 personas.
Entre la multitud había padres con cochecitos, parejas de jubilados y grupos de jóvenes, algunos con banderas españolas.
Aunque el aborto se encuentra despenalizado, las mujeres de este país, mayoritariamente católico, siguen encontrando obstáculos porque muchos médicos se niegan a realizar el procedimiento.
Según la asociación de médicos españoles OMC, “la mayoría” de los ginecólogos-obstetras que trabajan en el sector público se consideran “objetores de conciencia” y se niegan a realizar abortos.
*Con información de la AFP.
