España refuerza su equipo de Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, indicó que España enviará otros seis observadores más a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y evalúa también sumar un asesor militar durante tres años.

Así lo confirmó durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, en la que ha expuesto las misiones en el exterior en las que participa actualmente España.

Según explicó, la ONU solicitó “seis observadores militares adicionales que se suman a los cinco” que actualmente participan en la verificación del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que desde agosto también monitorizan el alto el fuego pactado por Bogotá y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según Robles, la continuación de esta misión, “parece garantizada”, por lo que España podría amplificar su contribución también con “la posible designación de un ‘senior military advisor’ con el empleo de coronel con una duración prevista de unos tres años”.

La noticia llega después de que el Gobierno de Colombia haya firmado el pasado 15 de enero, un decreto para prorrogar seis meses el alto el fuego con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el contexto de la tercera ronda de negociaciones para la paz, que durarán hasta el 20 de enero y que incluirán cuestiones como la liberación de los secuestrados o la defensa del medio ambiente en las zonas afectadas por el conflicto.

Las autoridades colombianas aseguraron que la prórroga servirá para “fortalecer y mantener las reglas y compromisos en materia de protección a la población civil”, así como evitar que se vean afectados por el conflicto, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 2272 de 2022 que coloca las políticas de paz como “una política de Estado”.

Además, el decreto pretende lograr una “paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos, estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Por su parte, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseguró a principios de este mes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la implementación del acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 y las iniciativas de diálogo del Gobierno colombiano con diferentes actores armados tienen el “potencial” de lograr alcanzar una paz definitiva en el país a pesar de los actuales retos.

“A pesar de los muchos y serios retos que aún enfrenta el país para apagar los restos de un conflicto armado que ha durado más de seis décadas, (...) hay obstáculos por superar, pero también hay elementos para el éxito como ejemplo en escenarios de conflicto en otros lugares del mundo. (...) Los desarrollos recientes también ilustran la necesidad de avanzar de manera coherente en estos procesos (de paz), que, concebidos de manera integral, tienen el potencial para hacer frente a los retos persistentes y ampliar el alcance de la paz”, ha dijo Massieu.

En octubre del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas por un año más, con el objetivo de monitorear y verificar la implementación del alto el fuego entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pleno ha adoptado la resolución por unanimidad, por lo que se extenderá el mandato hasta el 31 de octubre de 2024. Asimismo, ha celebrado los avances logrados desde la adopción del acuerdo final de La Habana hacia la paz en medio de los esfuerzos de las autoridades de acercarse a los grupos armados.

Sin embargo, la organización ha resaltado que es necesario abordar otros desafíos actuales, incluida la violencia en zonas afectadas por el conflicto, la necesidad de una reforma rural que incluya políticas inclusivas y programas de sustitución de cultivos en el marco de la lucha contra las drogas.

Con información de Europa Press*