Esposa de Roberto Abdul, presidente de la ONG venezolana Súmate, denunció violaciones a los derechos humanos del activista

El pasado 11 de diciembre, María Abad, esposa de Roberto Abdul, se acercó a la sede del Ministerio Público en compañía del equipo jurídico del Foro Penal en Caracas para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos del activista venezolano.

“En esta oportunidad, estamos denunciando la desaparición forzada que vivió, ya que no le permitieron llamar a sus familiares y mucho menos a sus abogados de confianza”, señaló la funcionaria del Foro Penal que acompañó a Abad mientras interponía la acción judicial.

En su denuncia, la esposa del presidente de la ONG Súmate se dirigió puntualmente a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. En el documento, aseveró que hubo violaciones a los derechos humanos de Abdul, detenido el miércoles 6 de diciembre, acusado de “conspiración” contra el referendo celebrado días antes y en el que se abordaba el futuro del Esequibo, territorio en disputa con Guyana.

El Foro Penal fue enfático en denunciar que Roberto Abdul fue “arbitrariamente arrestado el miércoles 6 de diciembre por agentes del Estado”.

Vale mencionar que el activista también hace parte de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que se encargó de organizar las elecciones internas antichavistas del pasado 22 de octubre.

Desde la ONG Súmate, han rechazado cada día que el activista completa detenido por “acusaciones sin pruebas” y luego de una detención “arbitraria”.

“Reiteramos que Roberto es un ciudadano ejemplar. Ha dedicado su vida a la promoción y defensa de los valores democráticos establecidos en la Constitución de la República”, insiste la ONG.

En una publicación en X, Súmate solicitó que a Abdul le sean garantizados y respetados sus derechos constitucionales a comunicarse con su esposa, familiares y abogados, así como al debido proceso. Para ello, citó los artículos 44 y 49 de la Constitución venezolana.

“Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y estos o estas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la decisión y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismo o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas”, dice textualmente el punto 2 del artículo 44.

El fiscal general, Tarek William Saab, indicó el miércoles -6 de diciembre- que tanto Abdul como Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviárez, colaboradores del partido Vente Venezuela, liderado la candidata presidencial María Corina Machado, serían arrestados por los delitos de traición a la patria, conspiración con una potencia extranjera, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El jefe del ente acusador señaló que los colaboradores de María Corina Machado mantenían relaciones de índole económica con un ciudadano estadounidense que también fue detenido y a quien se le señala de haber conspirado contra el referendo del 3 de diciembre.