Esta es la escalofriante radiografía de la crisis en Ecuador por culpa del terrorismo. El Gobierno Noboa le declaró la guerra y promete una respuesta sin precedentes

Desde hace años que las bandas criminales han aumentado su poder en el Ecuador. El auge del narcotráfico en el país ha llevado a una degradación social y política sin precedentes, que llegó a su punto máximo esta semana, cuando los delincuentes, en una escalada sin precedentes, sumieron al país en una etapa de violencia que está impactando la región y que llevó al país a un estado de conflicto armado interno.

Como ejemplo de la crisis de violencia que ha ido en aumento en el país están las cifras que lanzó la Policía Nacional de Ecuador, que muestran que para 2023 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de un total de 44,4, mientras que en 2018 la misma cifra se situaba en apenas 5,8, un incremento brutal en los homicidios en la nación.

Las causas de este conflicto interno son variadas, pero el factor en común es el aumento y el auge del narcotráfico, acompañado de una pobreza creciente y políticas poco efectivas en el país, que han visto cómo las estructuras criminales mantienen peligrosas alianzas con carteles de droga mexicanos y los líderes delincuenciales desde las cárceles logran controlar las actividades ilícitas en Ecuador.

“Las estructuras criminales han encontrado un espacio de supervivencia y centro de operaciones y logística desde las cárceles. Cuando esto se estructura y se fortalece, tienen la capacidad de romper los límites y fronteras que exige la condición de estar privados de la libertad y logran controlar el territorio”, contó a SEMANA el excandidato presidencial Christian Zurita, antigua mano derecha de Fernando Villavicencio, líder político asesinado por las bandas criminales.

Las cárceles se han convertido en centros del delito donde no hay Dios ni ley, y los criminales actúan a sus anchas. Muestra de la grave situación penitenciaria es la cantidad de motines y asesinatos que ocurren dentro de los centros correccionales, en los que en los últimos dos años, según las autoridades, más de 400 personas han perdido la vida en los penales y no hay ningún responsable claro.

Con esto en mente, Ecuador eligió en octubre a Daniel Noboa como su nuevo presidente, un joven político de 36 años, de centroderecha, que prometió acabar con la criminalidad atacando a los patriarcas que controlaban las bandas desde las cárceles. Una de las medidas era trasladar a alias Fito, líder de los Choneros, la agrupación criminal más grande del país, a una cárcel de máxima seguridad, pero en circunstancias extrañas terminó fugándose antes de su mudanza.

Noboa, lejos de quedarse de brazos cruzados, decretó el estado de excepción en todo el país, pero esto fue la excusa para que los criminales salieran a las calles a sembrar el terror. El martes 9 de enero se registraron decenas de combates con fuerzas oficiales, ejecución de dos guardias en prisiones, atentados contra propiedad privada y ocho muertos. Pero el hecho que más llamó la atención fue la toma y secuestro del Canal 10 en Guayaquil, en una clara muestra de violencia a la prensa.

“Deja una sensación de indefensión, que ratifica el abandono del Estado al trabajo periodístico. Ya en 2018 ocurrió el secuestro y asesinato de colegas de diario El Comercio, y en 2023 nueve periodistas abandonaron el Ecuador tras recibir amenazas del crimen organizado. De ellos solo dos retornaron. No se han activado protocolos mínimos que garanticen el oficio”, manifestó a SEMANA Fabricio Vela, periodista ecuatoriano de A primera hora.

En medio de este panorama, el Gobierno no aguantó más y decretó el estado de conflicto armado interno en el país para poder combatir a las bandas delincuenciales, además de prometer amnistía e indultos a las fuerzas del orden con tal de lograr la derrota del crimen organizado, que ha actuado por todo el país sembrando el terror.

Un país que, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen Organizado, registra un promedio de 61 asesinatos diarios, requería la mano dura que prometía Noboa y que al verse asfixiado por las circunstancias, tuvo que acelerar sus planes. Pero aun así no ha estado exento de la polémica, aunque ahora todo el país ha mostrado su respaldo a la mano dura del mandatario, que promete una guerra sin cuartel para los delincuentes.

“Su Plan Fénix era una propuesta de campaña sin ninguna capacidad real de acción, ya que no existía. Y ahora que le estalla este problema en el rostro, debe encontrar primero que el país entero le ha dado su apoyo para que haga lo que tiene que hacer”, contó Christian Zurita en diálogo con SEMANA.

¿Y ahora?

Ecuador vive un momento lleno de tensión y zozobra en el que los asesinatos, las masacres, las extorsiones, los secuestros y demás crímenes se han vuelto pan de cada día. Por ello, para buena parte de la población, la respuesta tiene que ser la mano dura de parte del Gobierno de Daniel Noboa, todo con el fin de acabar la inseguridad que vive el país desde hace años y que solo ha ido en aumento.

“Hay una sensación de temor, terror, miedo, incertidumbre, desazón, desasosiego y hasta desconfianza. La gente no cree en las instituciones y tiene poca esperanza en que la crisis pueda terminar. Miles de pequeños negocios han tenido que cerrar, amenazados por asaltos y extorsión. El panorama es poco alentador”, manifestó el periodista ecuatoriano Fabricio Vela a SEMANA.

Durante las operaciones militares y policiales que se han visto en el país se han dado cientos de capturas de los delincuentes. En videos en redes sociales se ha hecho viral cómo los criminales son humillados por las fuerzas del orden, obligándolos a cantar canciones, a bailar y siendo agredidos por los oficiales después de ser capturados, lo cual si bien ha provocado la indignación de algunas personas, la mayoría lo ha justificado, teniendo como recuerdo el terror que sembraron en el país.

“Hay una afectación muy grande en la vida cotidiana de los ecuatorianos, no solo en el ataque de estas últimas noches, sino en la indefensión frente a las extorsiones de estas organizaciones, que cobran a cambio de seguridad o de no agresión. Exigen incluso vacunas para no asaltar los buses que llevan a los niños a las escuelas en las mañanas, en el transporte público, en los negocios informales, en las grandes empresas”, contó la exministra María Paula Romo.

Ahora, si bien muchos frentes políticos han aplaudido las medidas del Gobierno de Noboa, también hay voces que piden que no solo se quede en la lucha frontal contra las bandas, sino también en consolidar soluciones más estructurales contra los delincuentes.

“Hay que trabajar con la creación de regímenes de máxima seguridad penitenciaria, regímenes de procesamiento judicial telemático e inversión focalizada social en los sectores que están identificados como deprimidos y con crisis de seguridad que están claramente identificados. Y, sobre todo, la recuperación de la capacidad operativa del Estado a través del fortalecimiento de su institucionalidad”, manifestó a SEMANA el exvicepresidente de Ecuador Otto Sonnenholzner.

Por ahora, el panorama sigue siendo de mucha zozobra en el vecino país, ya que si bien el Estado ha logrado responder frente a la amenaza de los grupos criminales, preocupa de sobremanera el alcance que pueda tener la infiltración del crimen organizado en Ecuador. De por sí, ya se ha visto que pueden manejar las cárceles a su antojo, pero además, en un caso ‘metástasis’ que se conoció hace semanas, mostró cómo el narcotráfico contaminó a la justicia y a la policía, incluyendo a figuras como Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, entidad que coordina todo el aparato judicial del país, y quien habría recibido millonarias coimas para ser indulgente en muchos casos criminales.

Por este contexto, es que muchos mantienen incredulidad sobre lo que pueda venir, aunque la voz en general es de respaldo hacia la institucionalidad para que logre derrotar a la barbarie de los grupos criminales que tienen azotado a Ecuador. “Lo que deseo es que las cosas salgan bien, que el Gobierno haga bien su trabajo, es mi aspiración como ecuatoriano. Hay que estar preparados para lo más difícil, pero estas organizaciones delictivas, lamentablemente, lo más probable es que tengan reacciones preocupantes”, dijo Sonnenholzner.

“No es la primera crisis que vive el Ecuador, aunque no tenemos registro de una crisis de esta magnitud, no tiene una salida fácil, pero siempre hay salida y tiene que basarse en ley y orden. Nunca podemos flexibilizar nuestras posiciones o podemos minimizar esas zonas grises que muchas nos pintan entre lo que está bien y lo que está mal. Ecuador para tener futuro debe señalar las organizaciones criminales y a sus aliados, y proscribirlos. Esto merece una sanción legal, pero también una sanción social”, dijo la exministra Romo en tono de reflexión sobre lo que se vive en el país.

Por ahora, al país le resta esperar los resultados que pueda dejar la respuesta militar del Gobierno ecuatoriano. La esperanza de los ciudadanos es que este sea el inicio del final de la creciente crisis de seguridad que llena de terror a todo Ecuador.

Un país unido contra el crimen

Una vez desatada la crisis de seguridad y el estado de conflicto armado interno con el cual el país les declaró la guerra a las bandas criminales, todas las esferas políticas mostraron respaldo al presidente Noboa, asegurando que en este momento Ecuador necesita unidad ante todo, en momentos en los que la criminalidad aterra a toda la población con asesinatos y atentados.

“Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado, y el Estado debe prevalecer (…). Nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria”, manifestó el polémico expresidente Rafael Correa en sus redes sociales. “Presidente Daniel Noboa: tenga todo nuestro total irrestricto respaldo. Por favor no ceda”, agregó el antiguo mandatario de Ecuador.

María Paula Romo, exministra de Gobierno durante la administración de Lenín Moreno, también mostró su respaldo hacia el Gobierno de Daniel Noboa, aunque tiene sus reparos y dudas sobre cómo ha actuado el mandatario. “Ha despreciado todos los respaldos políticos que recibió. Así que, como ecuatoriana, como exministra, deseo que le vaya bien, expreso mi mayor respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas”, contó en diálogo con SEMANA.

La mano fuerte

El terrorismo de las bandas del narcotráfico se había desatado finalmente en el país, por lo cual Daniel Noboa no solo ordenó las medidas de estado de excepción y de conflicto de armado interno, sino que estas trajeron una gran militarización y fuerte presencia policial en las calles de las principales ciudades y la toma de las cárceles donde están encerrados los principales líderes de las organizaciones criminales.

“El presidente de la república, Daniel Noboa, tomó una decisión sumamente valiente, que es romper un ciclo bastante vicioso que estábamos viviendo y hacer un llamado al país que está, enhorabuena, recibiendo la atención internacional de cómo podemos afrontar los retos que están viviendo la mayoría de nuestros países. La delincuencia y la violencia que estamos viviendo en nuestros países en el último tiempo están atravesados por la presencia del crimen organizado”, afirmó el secretario general de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Izurieta.

Noboa ha tomado como referente, en materia de seguridad, a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el cual declaró la guerra a las pandillas en su país con una fuerte presencia militar, creando cárceles de máxima seguridad con poca libertad y movilidad para los presos de las bandas criminales y cambiando legislaciones para poder combatir a los criminales libremente por todo el país. Lo cual el mandatario ecuatoriano parece que seguirá a cabalidad.

El presidente ecuatoriano ya lanzó la fuerte presencia militar y policial, según las autoridades, en esta semana se han capturado a 329 delincuentes y fueron dados de baja cinco en total. Además, terminaron detenidos 28 presos que se habían fugado de los penales y capturaron al líder de la banda los Tiguerones. El Gobierno anunció la construcción de dos megacárceles como las que existen en El Salvador. Noboa manifestó que “son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía, bajo el mismo diseño, que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador”.

Crisis en la frontera

La escalada violenta que por estos días enfrenta Ecuador no es ajena a Colombia y a la frontera terrestre y marítima que comparten ambos países. Precisamente, dicen algunos analistas, fue en la conexión entre ciudades como Tumaco y San Lorenzo donde se gestaron los primeros ataques contra la institucionalidad ecuatoriana, hace más de seis años.

El asesinato de periodistas, guardias civiles, campesinos y hasta fiscales ocurrieron primero en San Lorenzo y la provincia de Esmeraldas. En su momento, el expresidente Lenín Moreno señaló a disidencias de las Farc, que operan en Colombia, como los principales responsables de estos hechos.

Lo cierto es que, con el pasar de los años, el fenómeno violento –apadrinado por el narcotráfico creciente– permeó todo el país y hoy Ecuador vive los peores días, en materia de orden público, de las últimas décadas.

En las cárceles ecuatorianas, según el presidente Daniel Noboa, hay aproximadamente 1.500 presos colombianos, a quienes se estudia sacarlos de prisión y llevarlos de regreso a la frontera para que regresen a su país de origen. Dicha acción desataría un caos fronterizo mucho mayor al ya existente y condenaría a municipios como Ipiales y corregimientos como Llorente a posibles confrontaciones armadas por ajustes de cuentas.

“Colombia dijo que nos querían ayudar y dije: perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas (...) Podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias”, explicó el presidente Noboa en una entrevista con Canela Radio.

Incluso, de acuerdo con los reportes diarios entregados por la Policía de Nariño, muchos de los señalados delincuentes capturados en Ipiales y poblaciones cercanas en los últimos meses tienen ciudadanía ecuatoriana. Es decir, aquellas estructuras que ya siembran el terror en Ecuador están buscando establecerse de manera contundente en suelo colombiano.

Por esa razón, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le pidió al Ministerio de Defensa un consejo de seguridad prioritario y aumento de pie de fuerza en la frontera porque, de ser cierta la repatriación masiva de condenados delincuentes más el establecimiento de estructuras extranjeras en el territorio nacional, los pasos fronterizos experimentarían un crecimiento importante en los índices de violencia.