Estos son los jefes judiciales de Venezuela a los que EE.UU. congeló los bienes

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones de enormes implicaciones para ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El Departamento del Tesoro de ese país consideró a los altos funcionarios venezolanos como responsables de “usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional, incluyendo la autorización al Ejecutivo de restringir los derechos de los venezolanos a través de decretos de emergencia”.

Siete de los ocho magistrados sancionados integran la Sala Constitucional del Supremo, que se ha erigido como instrumento del gobierno de Nicolás Maduro para actuar jurídicamente contra la Asamblea Nacional controlada por la oposición por mayoría electoral. Este organismo había sido despojado de competencias mediante decisiones “dictatoriales”, como las califica el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El otro sancionado es Maikel José Moreno Pérez, presidente del Poder Judicial en Venezuela desde febrero pasado. Todos los bienes de estas personas en Estados Unidos quedan congelados de inmediato y tienen prohibido hacer transacciones con empresas o individuos de esa nación.

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Tan solo un día antes, el senador republicano Marco Rubio solicitaba a Trump sancionar a los magistrados por haber contribuido con lo que llamó un golpe de Estado de Maduro en Venezuela, ese que ha profundizado una crisis política y humanitaria. “Espero que Estados Unidos imponga sanciones a los individuos corruptos, no al gobierno, ni al pueblo, sino a los responsables de violaciones de los derechos humanos, narcotráfico, lavado de dinero y quienes socavaron el proceso democrático del país", dijo Rubio.

La Lista de Observación de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) suma esos ocho nombres a un largo listado de venezolanos, y es la segunda tanda de señalados por la administración de Donald Trump luego de que en febrero pasado fuera incluido en ella el actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por supuestamente haber ayudado a narcotraficantes y terroristas del Medio Oriente, además del empresario Samark López, señalado como su testaferro.

¿Quiénes son los sancionados?

Maikel José Moreno Pérez fue abogado de los “pistoleros de Puente Llaguno”, civiles armados que dispararon en 2002 para “defender a Hugo Chávez” en el momento en que se dio el golpe de Estado. Luego fue el juez que asumió la causa sin inhibirse por el evidente conflicto de intereses. Fue juramentado como magistrado en la Sala Penal, por la Asamblea Nacional controlada entonces por el chavismo, el 28 de diciembre de 2014. Al año siguiente fue designado presidente de la instancia y primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, que encabeza desde hace tres meses a sus 52 años. Un espumante ascenso a pesar de antecedentes penales que opositores, como el líder Henrique Capriles, no descansa en recordar.

La magistrada Gladys Gutiérrez encabezó el TSJ hasta febrero. Antes de sumarse al Poder Judicial, tuvo activa participación política en el chavismo, un pasado que la aleja de la necesaria independencia que exige la toga. Fue candidata oficialista para la gobernación de Nueva Esparta, aunque nunca logró los suficientes votos. Desde 2002 fue embajadora en España y en 2006 asumió la Procuraduría General de la República, convirtiéndose entonces en la abogada del Gobierno de Hugo Chávez. Llegó al Supremo ostentando buenas relaciones con Cilia Flores, ahora primera dama pero antes presidenta de Parlamento.

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También está en la lista el magistrado Juan José Mendoza Jover, segundo vicepresidente del TSJ, y actual presidente de la Sala Constitucional. Militar retirado, llegó al Poder Judicial en 2010 en medio de denuncias de que su nombramiento no cumplía con los requisitos legales pues había sido hasta poco antes diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela que votó su designación. En 2014, fue el redactor de una sentencia que permite a los militares activos participar en actos políticos como marchas y mítines, afirmando que son “baluarte de participación democrática”.

La magistrada Carmen Zuleta fue designada en 2005 como magistrada suplente y llevada hasta el Supremo en 2010 por el Parlamento, en ese entonces de mayoría oficialista. Es de las autoridades judiciales con currículo más extenso, que incluye un doctorado en La Soborna de París y una especialización en la Universidad de Boloña. Entre sus dictados polémicos está uno que abrió las puertas para que las empresas, como personas jurídicas, puedan ser perseguidas penalmente. El dictamen contradice jurisprudencia anterior que establecía que “societasdelinquere non potest” (las sociedades no pueden delinquir), como está recogido en la Constitución, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) donde se establece que la responsabilidad penal es individual.

Lourdes Suárez Anderson es una de las magistradas “exprés” designadas por el chavismo el 23 de diciembre de 2015, en una moribunda Asamblea Nacional que aprovechó los últimos días de una mayoría oficialista que tan solo 10 días después dejaría de existir. Es hermana del fallecido fiscal Danilo Anderson, asesinado en 2004 cuando estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes en contra el Estado venezolano y los asesinatos cometidos durante el fallido golpe de Estado de abril de 2002. En el caso de su hermano, asumido por el chavismo como un “mártir” de su causa, su testimonio influyó en la tesis de que, más que un acto terrorista, fue un crimen común, con un toque de extorsión, según actas judiciales hechas públicas que ella luego afirmó eran falsas.

El magistrado Luis Fernando Damiani también fue designado el 23 de diciembre de 2015, con amplios vínculos partidistas. Fue viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria en tiempos de Hugo Chávez, y también nombrado por el expresidente como vicerrector de la Universidad Bolivariana que creó. Su carrera como jurista y defensor del socialismo lo aleja de su linaje militar que incluye a su padre y a su hermano, Rafael Damiani Bustillos, general de división de la Guardia Nacional que perteneció a la comisión negociadora que se trasladó de Fuerte Tiuna hasta Miraflores para presionar al presidente Chávez a que renunciara el 11 de abril de 2002, y actualmente está en el exilio en Miami huyendo de una orden de captura aún vigente en Venezuela.

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El magistrado Calixto Ortega ha sido retratado numerosas veces en Estados Unidos. Ya no podrá viajar de nuevo a ese país, mientras forme parte de la lista OFAC. Fue diputado de la Asamblea Nacional en los periodos 2000-2005 y 2006-2010 por el chavismo y fue electo para un tercer período en 2015 aunque nunca se juramentó como parlamentario pues primero fue nombrado por sus camaradas como magistrado “exprés” del Supremo, el 23 de diciembre de 2015, sin cumplir los requisitos legales. En tiempos de Chávez, fue viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como encargado de negocios y máximo representante de Venezuela en Estados Unidos, donde no hay embajador.

Por último, el magistrado Arcadio Delgado, actual vicepresidente de la Sala Constitucional fue quien escribió la sentencia que restó a la Asamblea Nacional el poder de supervisión y control sobre los Poderes Judicial, Electoral, Ciudadano y la Fuerza Armada Nacional. Abogado de la Universidad del Zulia, su familia ha tenido vínculos con la administración pública y algunos de ellos militaron en el Partido Comunista de Venezuela. Su padre fue rector de la Universidad del Zulia y magistrado de la Sala Constitucional del TSJ entre 1999 y 2004, de quien fue asistente, según cita el portal Poderopedia. De él “heredó” el cargo en el Supremo, gracias al chavismo en el Legislativo.

Los otros en esa lista

La “Lista Clinton” incluye a otros nombres de la nomenclatura chavista, comenzando por el actual ministro de Interior, Néstor Reverol, acusado en agosto de 2016 por fiscales de una corte federal de Nueva York por supuestamente recibir pagos de narcotraficantes a cambio de ayudarles a distribuir cocaína que sería importada a EEUU. El narcotraficante Walid Makled lo ha señalado como su cómplice.

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También allí figura Edylberto Molina, viceministro del interior y aliado de Reverol de quien fue segundo al mando en la Oficina Nacional Antidrogas cuando el vicepresidente El Aissami era ministro de Interior. Según la misma acusación de una corte de Nueva York, sería cómplice de Reverol en sus presuntas ayudas a narcotraficantes, que incluyeron paralizar investigaciones, permitir que alijos salieran del país, dejar en libertad a arrestados y liberar dineros y bienes confiscados.

El diputado y ahora jefe de los CLAP –el sistema de distribución de alimentos del Gobierno-, Freddy Bernal, exalcalde de Caracas, está en la “Lista Clinton”, desde septiembre de 2011. Fue relacionado por el Departamento del Tesoro con un supuesto intento de tráfico de armas para abastecer a las FARC. El acusado tildó el asunto como una retaliación política.

En la lista también figura el gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, exministro de la Defensa. Fue acusado en 2008 por Estados Unidos de apoyar materialmente a las Farc en sus actividades de narcotráfico. En 2012 el exmagistrado del Tribunal Supremo Eladio Aponte Aponte, ahora en el exilio, lo señaló como supuesto director de operaciones de narcotráfico, junto a Clíver Alcalá Cordones y Diosdado Cabello.

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El diputado por el PSUV Hugo Carvajal, apodado “El Pollo”, está sancionado desde 2008 por supuestos vínculos con el narcotráfico. Militar retirado, fue director de Inteligencia Militar y presidente de la Oficina Nacional Contra el Crimen Organizado. En 2014 fue detenido en Aruba por solicitud de EEUU y luego liberado por fuero diplomático. Un trabajo publicado en Semana en 2008 lo señaló como cómplice de los capos colombianos Wilber Varela y Hermágoras González.

En la misma acusación del Departamento del Tesoro a Hugo “El Pollo” Carvajal se incluyó en la “Lista Clinton” a Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior de Hugo Chávez y actual gobernador de Guárico. Según EEUU, el funcionario era el “principal contacto del gobierno venezolano para las FARC en cuestiones de armamentos” y “ayudó a las FARC al tratar de facilitar un préstamo de 250 millones de dólares” del gobierno de Chávez a la guerrilla, aunque no se confirmó si el dinero fue entregado.

Clíver Alcalá Cordones es Mayor General del Ejército retirado y excomandante de la Red De Defensa Integral (Redi) Guayana. Fue incluido a la “Lista Clinton” por supuestas relaciones con la las Farc. “Por supuesto que había una relación. Era la de un comandante de unidad de Zulia, que le exigía a las Farc estar en su territorio”, según informó el periódico venezolano La Razón en julio de 2016. Participó en la detención de Walid Makled, y éste lo acusó de apresarlo para sustituirlo en el negocio. Alcalá ha rechazado tales vinculaciones.

En 2011, la “lista negra” de la OFAC incluyó a Amílcar, un exdiputado chavista señalado de ser proveedor de armas a las Farc, en base a los correos hallados en el “computador de Raúl Reyes”. Las pruebas han sido cuestionadas en su validez judicial.

En el caso de Ramón Madriz, un militar y exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (la policía política de Venezuela), estaba encargado, según agencias antidrogas y antiterroristas internacionales, citadas en el libro Chavismo, Narcotráfico y Militarismo, de coordinar la seguridad de los Jefes de las FARC durante sus visitas a Venezuela. En septiembre de 2011 fue incluido en la Lista Clinton, a raíz de su aparición en coreos electrónicos del computador de Raúl Reyes hallado en Ecuador.