Estados Unidos respalda investigación por muertes durante protestas en Perú

Tras varías jornadas de violencia a causa de las protestas en contra de la actual presidenta Dina Boluarte, la fiscalía del país vecino abrió una investigación contra ella por genocidio. Ante esto, un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronunció al respecto y expresó el apoyo de su país a la medida.

“Apoyamos el compromiso del Gobierno peruano de investigar todas las muertes y garantizar que sus fuerzas de seguridad respeten la ley y el orden, de acuerdo con los derechos humanos y la legislación peruana”, expresó el miércoles 11 de enero.

Estados Unidos ya se había pronunciado con respecto al tema. En medio de la ola de protestas ocasionadas por la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado, pidió a Dina Boluarte “controlar la situación” y tomar las medidas necesarias para estabilizar al país.

Además, a través de un portavoz, Joe Biden reconoció a Boluarte como la nueva mandataria oficial de Perú. Según explicó, Estados Unidos “celebró” la nueva designación y alentó al país a “redoblar sus esfuerzos para realizar las reformas necesarias y salvaguardar la estabilidad democrática”.

Sin embargo, el pasado lunes 9 de enero las protestas llegaron a su punto más álgido, dejando un total de 18 muertos. Esta es la cifra más grande de fallecidos en un día desde que comenzaron las manifestaciones el 7 de diciembre de 2022, número que ya asciende a 40. También, se convirtió en el detonante para que la fiscalía peruana abriera un caso preliminar contra Boluarte y varios miembros de su gabinete por: genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Entre los investigados se encuentran el primer ministro, Alberto Otárola, y los ministros de Interior y Defensa, Víctor rojas y Jorge Chávez, respectivamente. Además, están involucrados también Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros, y César Cervantes, exministro del Interior.

Otárola se pronunció ante el congreso el martes refiriéndose a la situación. Lamentó las 18 muertes y envió condolencias a los familiares de los fallecidos y heridos, pero dejó claro que el Gobierno no puede permitir el caos. Explicó, que si bien el Gobierno no se opone a las protestas, pues son un derecho de todos los peruanos, el Estado tiene la responsabilidad de preservar la paz y garantizar el orden público.

Ante esto, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense reiteró este miércoles que: “Reconocemos el derecho a la protesta pacífica y la expresión de quejas a través de canales democráticos, y hacemos un llamado a la calma, al diálogo y a que todas las partes ejerzan moderación y no violencia”. Esta petición se suma a la hecha por la ONU el pasado martes. Tras las jornadas del lunes pidieron a Perú “restringir el uso de la fuerza” en pro de los derechos humanos.

Por el momento siguen las protestas y las investigaciones en contra de Boluarte, Otárola, Rojas, Chávez, Angulo y Cervantes. La fiscalía espera esclarecer la situación lo antes posible, pues en caso de que se encuentre a los acusados culpables tendrían que pagar una condena de mínimo 20 años de cárcel.

Urgente: Fiscalía de Perú abre investigación contra Dina Boluarte y Gobierno, por genocidio y homicidio en protestas

La acusación afecta al ministro de Defensa y al del Interior, y al presidente del Consejo de Ministros actual, así como el anterior, aunque haya estado en el cargo apenas unas semanas.

Este martes 10 de enero, desde la cuenta de Twitter del Ministerio Público de Perú, que corresponde a la Fiscalía de la Nación, la entidad anunció que iniciará una investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su presunta participación en los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las recientes protestas.

La acusación también se extiende al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas; al ministro de Defensa, Jorge Chávez; a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, y a César Cervantes, en su condición de exministro del Interior.

La Fiscalía apunta: “La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.

Con información de AFP*