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Trump impone nuevas sanciones a funcionarios venezolanos
El departamento del Tesoro anunció sanciones contra diez funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a los que Washington responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
Estados Unidos aumentó este jueves las presiones sobre el gobierno de Venezuelaal anunciar un nuevo paquete de sanciones a funcionarios oficiales, en momentos en que la bancarrota de la economía venezolana parece una cuestión de tiempo.
El departamento del Tesoro anunció sanciones contra diez funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a los que Washington responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
En un mensaje publicano en la red Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza acusó a Estados Unidos de "volver a sembrar desestabilización y violencia en nuestro país".
Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló que "no es casual" que Washington anuncie nuevas sanciones en el mismo día en que el gobierno y la oposición venezolanas expresaron la disposición de retomar el diálogo político en República Dominicana.
Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.
Entre los sancionados también se encuentran dos miembros del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández y Carlos Quintero; el actual embajador de Venezuelaante Italia, Julián Rodríguez; el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Hidrobo Amoroso, y el titular de la Misión Transporte, el general Carlos Osorio.
Prácticamente ya todos los principales funcionarios del gobierno de Venezuela son objeto de sanciones por parte Washington.
"Vigorosos esfuerzos"
En una nota oficial, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, apuntó que "mientras el gobierno de Venezuela siga ignorando el deseo de su pueblo, nuestro mensaje es claro: EEUU no permanecerá de brazos cruzados".
Por ello, apuntó Mnuchin, el gobierno estadounidense mantendrá sus "vigorosos esfuerzos para sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que son cómplices" del presidente Nicolás Maduro.
Estados Unidos adoptó este año un extenso paquete de sanciones a altos funcionarios venezolanos.
Sin embargo, la medida de efecto más devastador fue adoptada el 25 de agosto, cuando mediante un decreto firmado por el presidente Donald Trump se prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses transar nuevos bonos soberanos y de la estatal petrolera PDVSA.
El viernes pasado, el gobierno de Venezuela citó a sus acreedores para el lunes 13 en Caracas a fin de iniciar una renegociación de la deuda del país.
Tres agencias de calificación de riesgo -Moody‘s, Fitch y Standard & Poor‘s- ya rebajaron sus notas de la deuda de la estatal petrolera PDVSA por considerar que una situación de cese de pagos es prácticamente inminente.
Este jueves el experto Robert Kahn, de la American Universidad, dijo a la AFP que en caso de un default venezolano "será necesario enorme esfuerzo financiero internacional, durante varios años, para volver a poner la economía del país de pié".
Según Kahn, ese esfuerzo tendrá que ser encabezado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que analistas estiman que el país precisará de una inyección de 30.000 millones de dólares anuales por un período de por lo menos dos años.
El rompecabezas
El gobierno de Trump anunció varias sanciones a funcionarios venezolanos este año, pero la más severa fue la adoptada en agosto, después de la instalación de la cuestionada Asamblea Constituyente en Venezuela.
Esas sanciones en la práctica bloquearon la posibilidad de inversiones extranjeras directas en Venezuela y al mismo tiempo cierran el camino al gobierno de Caracas para obtener el tan necesitado financiamiento externo.
Con limitada capacidad para obtener nuevas líneas de crédito, las reservas internacionales del país se redujeron drásticamente y con ello su capacidad de pago, empujando de esa forma a la economía venezolana en dirección a un default.
El empeño del gobierno venezolano de negociar el pago de su deuda encontró apoyo en Rusia, uno de los acreedores de Caracas, ya que Moscú aceptó discutir una renegociación de los vencimientos con su principal asociado en América Latina.
Pero China, otro importante acreedor, por el momento ha mantenido el suspenso sobre su posición.
De cualquier forma, la deuda acumulada de Rusia y China representa aproximadamente un tercio del total de la deuda venezolana.
Según el gobierno venezolano, desde 2014 el país canceló 71.700 millones de dólares de capital e intereses de deuda.
Sin embargo, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, adelantó que no reconocerá una reestructuración que no se someta a su aprobación, a pesar que la justicia local ha anulado sus poderes.
