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Estas eran las inversiones fraudulentas que realizaba un cardenal en el Vaticano
El perjuicio para el Vaticano ascendería a varios cientos de millones de euros, según la prensa italiana.
La Santa Sede anunció este sábado la remisión ante su tribunal penal de diez personas, entre ellas el influyente cardenal Angelo Becciu, por la financiación opaca, a través de hombres de negocios italianos, de un edificio de lujo en Londres.
El cardenal Angelo Becciu, uno de los más influyentes del Vaticano y colaborador cercano del papa Francisco, comparecerá ante el tribunal de la Santa Sede a partir del 27 de julio, según un comunicado del Vaticano.
Becciu, de 73 años, es procesado por malversación de fondos, abuso de poder y soborno de testigos en este caso cuyos primeros elementos comenzaron a aparecer en la prensa italiana en septiembre de 2019. El pontífice argentino le pidió entonces que presentara su dimisión.
En un comunicado difundido el sábado por su entorno, el purpurado se dijo “víctima de un complot” y clamó su “inocencia absoluta”. Además, dijo tener prisa por explicarse tras denunciar que lo pusieron en la “picota mediática”.
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El influyente cardenal era el número dos de la Secretaría de Estado, la administración central de la Santa Sede, cuando el procedimiento de compra del edificio londinense comenzó en 2014.
Departamentos de lujo en Chelsea
Entre los otros acusados, el suizo René Brülhart, expresidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), y gendarme financiero de la Santa Sede, debe responder por abuso de poder.
Otros dos eclesiásticos serán juzgados: monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario personal de Becciu, y monseñor Enrico Crasso, antiguo gestor del patrimonio reservado de la Secretaría de Estado, un maná de varios cientos de millones de euros procedente en gran parte de las donaciones de los particulares al Vaticano.
De boca de sus abogados, Brülhart y Carlino defendieron el sábado que siempre fueron “leales” y trabajaron “en interés de la Santa Sede”.
Las otras personas que serán juzgadas son Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF; Cecilia Marogna, llamada “La dama del cardenal”, una joven consultora italiana a la que la Secretaría de Estado habría depositado medio millón de euros en una cuenta en Eslovenia; el inversor Raffaele Mincione; el abogado Nicola Squillace; Fabrizio Tirabassi, un antiguo alto funcionario laico del Vaticano; y Gianluigi Torzi, un empresario arrestado en mayo en Londres.
La inversión en el corazón del escándalo es un edificio en el elegante barrio londinense de Chelsea, 17.000 m2 transformados en unos cincuenta apartamentos de lujo. La primera participación en el proyecto tuvo lugar en 2014 a través de un fondo luxemburgués gestionado por el holding de Mincione.
La opaca gestión financiera, a través de Suiza y Luxemburgo, incitó al Vaticano cuatro años más tarde a ponerle fin comprando todo el edificio londinense. El precio estaba por encima de su valor real.
Con otras inversiones arriesgadas, el perjuicio para el Vaticano ascendería a varios cientos de millones de euros, según la prensa italiana.
Reforma de las finanzas
En noviembre de 2019, el papa Francisco había reconocido ante la prensa la existencia de un “escándalo” de corrupción en el Vaticano. “Se hicieron cosas que no eran limpias”, había lamentado el sumo pontífice.
El juicio sobre el edificio londinense “está directamente relacionado con las directrices y la reforma de Su Santidad el papa Francisco a favor de la transparencia y la consolidación de las finanzas vaticanas”, subrayó la Santa Sede.
El pontífice argentino había sido elegido en 2013 para, entre otras cosas, poner orden en las finanzas vaticanas, una reforma ardua que encontró resistencia en algunos “dicasterios” (ministerios) que gestionaban fondos de manera muy autónoma y poco transparente.
En 2017, el papa constató que “reformar” la curia romana (gobierno vaticano) significaba “limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes”.
A tal efecto, creó la poderosa Secretaría de Economía en 2014, saneó el Banco Vaticano, donde se cerraron 5.000 cuentas sospechosas en 2015, reguló las licitaciones para sus gastos internos y confió a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) la gestión de los presupuestos de las numerosas administraciones vaticanas.
*Con información de AFP
