Esto le pasará al excomandante del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, quien impulsó un golpe de Estado

En un dramático giro de los acontecimientos en Bolivia, un grupo de militares liderados por el hasta ahora comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, intentó un asalto a la sede del gobierno, utilizando un tanque para derribar las puertas de la Casa Grande del Pueblo. Este incidente provocó una reacción inmediata por parte del presidente Luis Arce, quien calificó el evento como un “intento de golpe de Estado”.

Zúñiga, acompañado por un contingente militar, ingresó brevemente a la sede gubernamental, donde lanzó amenazas de modificar el gabinete y liberar a “todos los presos políticos”, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Áñez y a líderes opositores encarcelados. Sin embargo, la incursión militar fue corta, retirándose del lugar tras la intervención del presidente Luis Arce, quien se presentó en la escena y ordenó el repliegue inmediato de las Fuerzas Militares.

Desde días atrás circulaban rumores sobre la destitución inminente de Zúñiga y otros altos mandos militares, lo cual parece haber precipitado este intento de acción militar. El presidente Arce, visiblemente firme, confrontó directamente a Zúñiga en las puertas de la Casa Grande del Pueblo, demandando la retirada de las Fuerzas Militares que lo acompañaban.

Este incidente ha marcado un momento de tensión política en Bolivia, donde el presidente Arce ha descrito la acción como un atentado contra la democracia. Con el cambio inmediato de todo el alto mando militar, Arce busca restablecer la estabilidad y el orden constitucional en el país andino. Pero ahora surgen las dudas de qué destino correrán los militares que lideraron y acompañaron este intento de golpe.

Según la legislación boliviana, los mandos militares que intenten un golpe de Estado pueden enfrentar graves consecuencias legales y disciplinarias. Los siguientes son algunos de los hechos que podría enfrentar el comandante Zúñiga.

Los responsables de intentos de golpe de Estado pueden ser procesados penalmente por delitos contra la seguridad del Estado, sedición, conspiración y otros delitos relacionados con la subversión del orden constitucional. Estos delitos pueden conllevar penas de prisión significativas que pueden ser de 10 a 20 años de prisión, e incluso más dependiendo de la participación y el liderazgo en la conspiración o el levantamiento armado.

De igual manera, los delitos de sedición y conspiración pueden conllevar penas considerables de prisión, generalmente entre 5 y 15 años, dependiendo de la gravedad de los actos cometidos y su impacto en la estabilidad del Estado. Además de los delitos mencionados, podrían aplicarse penas por cargos como conspiración para alterar el orden constitucional, rebelión y otros delitos contra la tranquilidad pública y el orden democrático.

Así mismo, en el ámbito militar, los involucrados pueden enfrentar procedimientos disciplinarios severos, que pueden llevar a su destitución o expulsión de las Fuerzas Armadas. Esto incluye a los oficiales que lideraron o participaron en el intento de golpe, así como a aquellos que lo apoyaron de cualquier manera. También los involucrados pueden ser inhabilitados para ejercer cargos públicos o políticos en el futuro. Esto puede implicar la pérdida de derechos políticos y la exclusión de cualquier actividad política formal.

Según un informe oficial, se acusa a Juan José Zúñiga de estar implicado en un presunto desvío de al menos 2,7 millones de bolivianos destinados a viáticos para militares y a bonos como la Renta Dignidad y el Juancito Pinto.

La destitución de Zúñiga como comandante del Ejército se aceleró después de una entrevista que concedió el pasado lunes a un canal de televisión, durante la cual expresó su oposición a una eventual nueva candidatura de Morales, a pesar de que el exmandatario no cuenta con habilitación legal para postularse. Zúñiga afirmó con firmeza: “Legalmente, está inhabilitado, ese señor no puede volver a ser presidente de este país”.

Antes de asumir como comandante del Ejército, Zúñiga ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor. Además, ha sido objeto de acusaciones por supuesta malversación de fondos destinados a obras sociales.