Europa contra las 'Fake News'

Con los Fake News Awards entregados por Donald Trump esta semana, con gran descaro el presidente que más ha mentido en la historia devolvió la atención a un tema que ha marcado la agenda política de los principales gobiernos del mundo en el último año: las noticias falsas. De ese modo, Trump endilgaba a los medios el defecto del que él mismo hace gala, pero el problema es real y la influencia de esta epidemia de desinformación política refleja la magnitud del asunto. Episodios desconcertantes como el triunfo del brexit y la victoria de Donald Trump llevan detrás campañas sucias de desprestigio y de terror cuyo peso en la decisión final es imposible de ignorar.

La proliferación de noticias falsas se percibe cada vez más como una preocupación creciente para las democracias. Dos gobiernos europeos intentan abordar este tema con seriedad y, sin embargo, ninguna de las propuestas se vislumbra como una verdadera solución a esta problemática.

Alemania dio el primer paso. Desde abril pasado, la Bundestag aprobó un proyecto de ley que obliga a las redes sociales a eliminar el contenido falso y de odio de sus plataformas o enfrentarse a pagar cuantiosas multas. La ley, conocida como “NetzDG” (por su abreviatura en alemán), entró en vigencia el primero de enero y desde entonces sus resultados no han estado exentos de fuertes críticas provenientes de los dos lados del espectro político alemán.

Todo se inició por un tuit islamofóbico de la parlamentaria del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) Beatrix von Storch, en el que tildó a los árabes de “hordas bárbaras de musulmanes dispuestas a violar en grupo”. Cuando la denunciaron, Twitter le suspendió temporalmente su cuenta, lo que la diputada calificó de ser “el fin del Estado de derecho”. A esto se le sumó también el cierre de una cuenta satírica, Titanic, que parodiaba el comentario de Storch, lo que encendió el debate. Por un lado, AfD aprovechó la situación para declararse víctima de censura y, por el otro, la gran crítica se concentró en delegar a compañías privadas de tecnología la potestad de decidir cuál información debía salir publicada y cuál no.

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Por el mismo camino va el caso de Francia que, tras el anuncio de su presidente, Emmanuel Macron, de tramitar una ley para frenar la proliferación de noticias falsas, se convirtió en el segundo país en valerse de tácticas legales contra este fenómeno. Según el presidente, el proyecto de ley se aplicará solo durante los periodos electorales y, entre otras cosas, les otorgará poderes a los jueces para eliminar la información, o al usuario o incluso la plataforma web que se valga de mentiras para “sembrar las dudas sobre el sistema democrático”. Sin que el Parlamento haya aprobado la ley, ya genera una gran polémica.

La prensa local ve las intenciones de Macron con desconfianza y las cataloga como un peligro inminente a la libertad de expresión que caracteriza a Francia. De ahí que esta “acción legal de emergencia”, como la calificó el mandatario, representa una amenaza mayor para las democracias que asegura defender. Según el editorial del diario Le Monde, “este tipo de ambición legislativa, en un campo tan fluido y complejo como las tecnologías digitales y en un tema tan crucial como la libertad de prensa, es intrínsecamente peligroso”.

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Otorgarles poderes especiales a órganos del Estado, como un juez, centra la preocupación en torno a las facultades que tendría este funcionario para verificar una información sin atentar contra la diversidad de opiniones. Así como lo confirmó a SEMANA el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, cuando afirmó que “ni el gobierno ni las empresas privadas deberían poder decir qué es verdadero y qué es falso. No tienen la legitimidad para hacer esto, y no tienen las herramientas”. Entonces, ¿sobre quién debería pesar la responsabilidad de combatir la desinformación?

Desde que Facebook apareció en 2004, las redes sociales se mostraron como el espacio idóneo para conectar y acercar realidades de una forma antes impensable. Con las revueltas árabes de 2011, además, estas plataformas de internet se consolidaron como una herramienta democrática que facilitó el acceso a la información, posibilitó la libre expresión y generó escenarios alternos para participar. Sin embargo, los eventos políticos de los últimos años demostraron que las redes sociales también fungen como el vehículo más rápido y efectivo para las fake news, lo que no solo contamina la deliberación pública, sino que también agudiza las diferencias y reduce el ejercicio del voto a decisiones basadas en mentiras y emocionalidades. Ahora, si bien las estrategias de difamación no son un fenómeno particularmente nuevo en competencias electorales, la amplitud y la velocidad de la desinformación las hace tener una relevancia nunca antes vista en el contexto actual.

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En los ejemplos de Merkel y Macron se evidencian los elementos controvertidos y delicados que puede llegar a tener este tema. La preocupación ha escalado de tal forma que la Comisión Europea decidió tomar cartas en el asunto y convocó a una comisión de 40 expertos para que evalúe el problema en cuestión. El Grupo de Alto Nivel (HLG por sus siglas en inglés), conformado por representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, plataformas de medios sociales, periodistas y académicos, deberá empezar por definir qué es una noticia falsa y pasará a construir estrategias integrales para hacer frente a la problemática y a los interrogantes que genera. Según afirmó Anja Bechmann, miembro del comité y experta en la sociedad digital de la Universidad Aarhus de Dinamarca, a SEMANA, “esta iniciativa es una oportunidad para que la Comisión Europea cuestione el poder de las redes sociales privadas. Al reunir a varias partes interesadas, se inicia una discusión bien equilibrada sobre quién debe tomar decisiones al respecto y cómo se debe gestionar la responsabilidad”.

Mientras se hacen las reuniones e investigaciones pertinentes al respecto, la discusión queda abierta. La ley alemana está vigente y las intenciones de Macron podrían estar próximas a consolidarse. La cuestión aquí no es si atacar o no la proliferación de noticias falsas, sino cómo hacerlo. Si bien cualquier contexto que contribuye a la desinformación representa una amenaza directa a la democracia, un apresurado y equivocado manejo de la situación podría acarrear escenarios aún más peligrosos. No vaya a ser que la cura sea peor que la enfermedad.