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Exilio o prisión, el ofrecimiento del Gobierno de Nicaragua a obispo acusado de conspirar contra el régimen
El prelado irá a juicio, además, de propagación de noticias falsas, informaron autoridades judiciales.
El Gobierno de Daniel Ortega ofreció al obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo detención domiciliaria desde el mes de agosto, exiliarse o ingresar en prisión, según informó el obispo hondureño de Danlí, José Antonio Canales, al diario La Prensa.
“Las noticias que nosotros hemos tenido es que a monseñor Álvarez le han ofrecido la libertad, pero fuera de Nicaragua. Lo que no quieren es voces críticas”, señaló a ese periódico tras agregar que líder de la iglesia Católica “prefiere” permanecer en el país antes que “darle gusto al régimen”.
El pasado martes, el Gobierno nicaragüense prolongó su arresto domiciliario después de que el obispo asistiera a una audiencia en los juzgados de Managua, donde se le acusó de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Durante la misma, se anunció que el prelado irá a juicio, además, de propagación de noticias falsas, informaron autoridades judiciales.
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Durante la audiencia se “admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa (contra Álvarez) a juicio”, indicó el organismo judicial de Managua en una nota de prensa, sin precisar la fecha del juicio.
Álvarez preside la diócesis del departamento norteño de Matagalpa.
El 19 de agosto fue trasladado por la policía desde Matagalpa a Managua acusado de intentar desestabilizar al país con sus posiciones críticas.
Junto con Álvarez también fueron detenidos al menos seis religiosos que permanecen en una cárcel de Managua sin que se conozcan oficialmente cargos contra ellos.
El organismo judicial informó que ha pedido nuevamente a la Interpol que ordene la captura del padre Uriel Vallejos, quien se exilió antes de ser apresado por los mismos delitos.
El proceso contra los religiosos ocurre en medio de las tensas relaciones que la Iglesia católica tiene con el gobierno izquierdista de Ortega desde las protestas opositoras de 2018.
Rechazo a medida
El Parlamento Europeo expresó el pasado mes de septiembre su condena de la espiral de violencia en Nicaragua contra miembros de la Iglesia católica en una resolución que denunciaba la situación de Álvarez, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia con el Ejecutivo de Daniel Ortega.
El Gobierno del país ya impuso otro bloqueo al obispo Álvarez en mayo de 2021, cuando se refugió en una iglesia en Managua, que fue sitiada por la Policía Nacional.
Recientemente, denunció el cierre de diez emisoras católicas de la Diócesis por supuestamente no tener permiso para operar.
El Gobierno de Ortega acusa a la Iglesia católica de fomentar la movilización ciudadana que estalló en 2018 y en las últimas semanas ha endurecido la persecución sobre organizaciones y líderes religiosos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también se mostró “preocupado” por la represión.
Ortega defiende “aplicación de justicia” a opositores en Nicaragua
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que defenderá “con firmeza la aplicación de justicia” a los opositores detenidos por presuntamente intentar desestabilizar al país, cuya liberación exigen gobiernos y organismos internacionales.
“Tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales”, dijo en alusión a los opositores, durante un acto de apertura del año legislativo 2023.
Unos 235 opositores están presos en Nicaragua, de los cuales más de 40 fueron condenados el año pasado a penas de hasta 13 años de cárcel por conspiración, menoscabo a la integridad nacional y otros ilícitos en perjuicio del Estado.
Entre los detenidos están algunos exaspirantes a la presidencia de la oposición que pretendieron competir contra la reelección de Ortega en 2021, así como empresarios, periodistas, religiosos y disidentes sandinistas, a quienes el Gobierno tilda de “terroristas, golpistas y criminales”.
Ortega mencionó que en Estados Unidos hay más de mil detenidos por el asalto al Capitolio en 2021, al igual que en Brasil por la reciente toma de edificios oficiales por parte de simpatizantes de Jair Bolsonaro, y que en esos países no “van a pedir la libertad de los golpistas”.
Nicaragua vive una crisis política a raíz de las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, quien gobierna desde el 2007.
El mandatario vinculó las manifestaciones a un fallido golpe de estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington.
“El imperio conspirando, invirtiendo millones para provocar el intento de golpe de Estado”, reiteró Ortega ante diputados, altos representantes del Estado, la Policía y el Ejército.
Según el mandatario, ni siquiera la condena a “pena perpetua puede saldar el daño que le produjeron a Nicaragua los golpistas, los terroristas (opositores)”.
En su intervención, el mandatario consideró que los acontecimientos que han vivido Bolivia, Perú y recientemente Brasil, “tiene que ver con la forma en que el fascismo que se está reinstalando en el mundo”, principalmente en Estados Unidos y Europa, y que su Gobierno no puede bajar la guardia.
“No hay que confiarse, no podemos confiarnos, porque los terroristas ahí andan siempre conspirando y tienen el financiamiento del gobierno norteamericano y de gobiernos europeos”, dijo.
Instó además a sus partidarios a “trabajar con energía, con firmeza, con disciplina, pero a dormir con un ojo abierto y otro cerrado porque las alimañas andan ahí”.
* Con información de Europa Press y AFP.