Crisis Política

Exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, de Perú, destapa nuevo escándalo de corrupción que involucra a un sobrino de Pedro Castillo

El exfuncionario también aseguró que le advirtió varias veces al presidente Castillo de los actos ilícitos que cometían personas cercanas.

6 de diciembre de 2022
Pedro Castillo se enfrenta a una denuncia constitucional, algo inédito para la historia del país. La Fiscalía lo acusa de varios cargos de corrupción.
El presidente de Perú enfrenta el 7 de diciembre su tercera vacancia presidencial en el congreso durante su mandato | Foto: ap

El presidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra a pocas horas de enfrentar una nueva vacancia presidencial en su contra, impulsada por el congresista Edward Málaga, que busca retirar del cargo al presidente por “incapacidad moral”

“El actuar del Congreso se viene realizando conforme a lo previsto dentro del procedimiento parlamentario, que fuera regulado en concordancia con lo establecido en reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional” dice una parte del oficio de citación que emitió el presidente del congreso el pasado lunes 5 de diciembre.

En medio de este importante debate al que el presidente tendrá el derecho de responder con su equipo de defensa, se suma un nuevo escándalo político que destapó el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), José Luis Fernández Latorre.

Fernández reveló en una reciente entrevista a Panamericana Televisión que le habría advertido al presidente de Perú sobre los actos ilícitos que cometían personas de su gobierno y personas de confianza del mandatario.

”Me refiero a Bruno Pacheco, Alejandro Sánchez, Rubdel Oblitas, todos aquellos que se aprovecharon de los recursos del Estado”, dijo el exfuncionario del DNI al programa Buenos días Perú.

En otra parte de la entrevista, el exjefe de inteligencia aseguró que Rubdel Oblitas, sobrino del mandatario peruano, le pidió 100 mil soles para arreglar un reportaje en un medio de comunicación en el que saldría su tío.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”, dijo en la entrevista.

Fernandez agregó que el sobrino de Pedro Castillo también le solicitó 500 mil dólares de los fondos de la DINI presuntamente para contratar a un agente ruso con conocimiento de inteligencia para contratarlo como asesor, a lo que el exjefe de inteligencia sostuvo que “Durante mi gestión la DINI no ha sido caja chica de nadie”.

Según José Fernandez Latorre, le había preguntado a Pedro Castillo si había enviado a su sobrino Rubdel a pedir dinero y el jefe de estado guardaba silencio. “Le digo ¿sr. presidente, usted ha mandado a su sobrino a pedir dinero?, pero se quedaba mudo. No sabía qué decir”, aseveró.

El pasado 25 de noviembre el mismo Jose Luis Fernández Latorre decidió entregarse a las autoridades después de haberse conocido su presunta participación en el encubrimiento de la compra de biodiesel al propietario de la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO) Samir Abudayeh.

Tanto Fernández como el asesor de inteligencia, Henry Shimabukuro Guevara, habrían organizado todo el entramado para encubrir al jefe de Estado y entorpecer la acción de la justicia.

“El país no se merece, yo confié en el presidente, después de todo lo que he visto, nuestro país no se merece a una persona como él que esté encabezando la presidencia”, dijo José Fernández en la entrevista.

Cabe recordar que Jaime Vásquez Castillo, otro sobrino del presidente de Perú, Pedro Castillo, ha sido acusado de reclamar cada mes parte del salario de un funcionario de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Esta persona es el antiguo gerente general de la SBN, Edgar Lucio López, y, según Vásquez, se habría aliado con Édgar León Ordóñez para exigirle dos mil soles mensuales, en hasta cinco ocasiones.

Jaime Vásquez, hermano mayor de Fray Vásquez, es prófugo de la justicia peruana, después de que hace cinco meses se decretara su entrada durante más de un año en prisión preventiva.