Exjefe de una sede del Instituto Nacional de Migración en México fue señalado de homicidio por el incendio en Ciudad Juárez

El exjefe regional del Instituto Nacional de Migración del estado de Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue imputado por homicidio en relación con la muerte de los 40 migrantes que perecieron en el incendio de un centro migratorio de Ciudad Juárez, México.

Salvador González Guerrero, quien dirigía el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua (norte), había sido detenido el 16 de abril en Ciudad Juárez. Ahora se le imputaron cargos por homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público tras una audiencia celebrada el sábado 22 de abril, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La decisión ha tenido lugar días después de que un juez mexicano dictara presión preventiva contra González Guerrero, considerado uno de los posibles responsables del suceso y quien habría dado la orden de retener a los migrantes indocumentados en el centro de Ciudad Juárez.

Según las autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en la celda donde permanecía con otros 67 hombres, en medio de una protesta por una posible deportación. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad del centro muestran como varias de las víctimas permanecían encerradas mientras se extendían las llamas y los funcionarios abandonaban el lugar sin socorrerlas.

La tragedia dejó como resultado, la muerte de 39 migrantes en el lugar la mayoría por asfixia, y uno más en un hospital. En total perdieron la vida 19 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano que aguardaban en Ciudad Juárez la posibilidad de cruzar a Estados Unidos. La mayoría de los cuerpos ya han sido repatriados.

En un primer momento, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los propios internos de originar el fuego al prender un colchón en señal de protesta por su situación, pues se les habría notificado las intenciones de las autoridades de devolverles a sus países de origen.

Sin embargo, luego la Fiscalía nacional comenzó las investigaciones y señaló a otros cuatro funcionarios del INM, quientes ya fueron detenidos, un guardia de seguridad y el migrante señalado como el que inició el fuego.

El comisionado y máxima autoridad del INM, Francisco Garduño, también fue vinculado en la investigación de la fiscalía, pero permanece en libertad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que continuará en el cargo mientras se determina su probable responsabilidad en los hechos.

Garduño se presentará el próximo martes ante un juez para responder a los señalamientos de la fiscalía.

En San Andrés, 59 migrantes han perdido la vida en solo 10 meses

La migración irregular hacia Estados Unidos es una cuestión de azar, cumplir el sueño americano en ocasiones cuesta la vida, pero además los marchantes se enfrentan día a día al riesgo de caer en manos redes de tráfico de personas que les sacan la plata, no les cumplen o los dejan tirados. Pero lo que está pasando en San Andrés no tiene nombre y ya les ha costado la vida a 59 migrantes, según lo denunció la Procuraduría General de la Nación.

Por este motivo, la Procuraduría lanzó “una alerta ante la grave crisis humanitaria que presenta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el dramático aumento de la migración ilegal y pidió a la autoridades locales, departamentales, nacionales e incluso a las aerolíneas, que refuercen sus controles para evitar que ciudadanos de diferentes nacionalidades del mundo sean víctimas de redes de tráfico de personas”.

Y es que se han evidenciado prácticas que violan todos los derechos de los migrantes, les reciben la plata y los dejan tirados, pero esta vez en San Andrés, donde no hay forma de salir que no sea en avión.

Según le narraron pescadores y habitantes de la isla a la Procuraduría, se han presentado varios casos de migrantes a quienes les aseguran que ya llegaron a su destino, afirmando que arribaron a Nicaragua, y finalmente les quitan el dinero y los dejan a su suerte.

El procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte y su equipo, lograron evidenciar en visita a la isla que, a pesar de una disminución en la llegada de pasajeros en vuelos comerciales, en lo que va de 2023 aumentaron los casos de interdicción de embarcaciones y rescate de migrantes irregulares en las aguas del archipiélago, realizados por la Armada Nacional.

*Con información de Europa Press y AFP.