Expresidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró que se siente “secuestrado” en su país

El expresidente peruano, Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, dijo sentirse “secuestrado” al negar este martes ante un juez los cargos de corrupción por los que podría seguir recluido.

“Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la república”, afirmó el exmandatario en una audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial.

Durante su aparición ante las cámaras en camisa blanca y rasurado, y con tono vehemente se defendió de los señalamientos en contra:

“Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos (...) con colaboradores (judiciales) comprados”, lanzó Castillo desde su sitio de reclusión, el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios habilitado de cuartel policial al este de Lima.

El exgobernante, que fue destituido por una mayoría parlamentaria tras su fracasado intento de disolver el Congreso, rechazó el pedido de la fiscalía para ampliar su prisión preventiva bajo cargos de corrupción.

“Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!”, agregó.

Infórmate Perú, al publicar un video de la audiencia, señaló: “Expresidente Pedro Castillo se hace la víctima ante juez y dice que congresistas serían sus cómplices por haberlos recibido a la gran mayoría en las oficinas de palacio de gobierno”.

Tras su intervención, el juez Juan Carlos Checkley, suspendió la audiencia que se extendió por más de cuatro horas. Para el jueves está previsto se pronuncie sobre la solicitud de la fiscalía contra Castillo, quien está siendo procesado junto con dos de sus exministros.

El líder de izquierda enfrenta cargos por “organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, que le podrían valer una prisión preventiva adicional de la que cumple por rebelión.

La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

El exgobernante peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder.

Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.

Presidenta de Perú, interrogada por fiscal por sangrienta represión de protestas

Entre tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada este martes por la fiscal que investiga la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, Castillo, y que dejan decenas de muertos en tres meses.

La mandataria de 60 años compareció ante la jefa del ministerio público, Patricia Benavides, por casi hora y media.

La presidencia, a través de Twitter, informó que Boluarte “brindó declaraciones respecto a las investigaciones”, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, la fiscalía señaló más temprano que la gobernante fue llamada dentro del “caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023″.

Boluarte llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que compartió en redes sociales el organismo acusador. La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en los exteriores del edificio del centro de Lima.

Ella tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio.

No obstante, en caso de una acusación en firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que en 2026 culmine su mandato, según fija la Constitución.

Tres delitos

La fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.

La autoridades intentan determinar su responsabilidad en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

En las protestas han muerto 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han registrado 1.300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.

El jefe de gabinete, Alberto Otárola, el exministro del Interior, Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete, Pedro Angulo, también están siendo investigados por la fiscalía en el marco de la misma causa.

Boluarte cumple este martes tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo.

Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

Su caída desató las violentas movilizaciones que exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.

Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.

*Con información de AFP