Los tentáculos de Odebrecht alcanzan a dos expresidentes mexicanos

El escándalo estalló de inmediato. El 12 de agosto, el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, informó en conferencia de prensa sobre las denuncias de Ricardo Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pémex), procesado por el caso Odebretch en el país azteca. En sus declaraciones, Lozoya acusa directamente al expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) y a Luis Videgaray, su secretario de Hacienda, de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña. Y lo que es peor: involucra también al antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, en el capítulo mexicano del caso que cada día evidencia más la corrupción de los dirigentes latinoamericanos.

Gertz Manero habló de que al menos 100 millones de pesos (4,5 millones de dólares) habrían entrado a la campaña electoral del PRI en 2012 para pagar servicios de consultores extranjeros. Lozoya también confesó que entre 2013 y 2014 fueron repartidos 120 millones de pesos de Odebretch para compra de votos de reformas estructurales. Entregaron ese dinero a cinco senadores y un diputado, cuya identidad se reservó Gertz Manero.

El fiscal, además, mencionó la entrega de otros 200 millones de pesos a legisladores y un secretario de Finanzas. Respecto a este último monto, no confirmó su procedencia, pero se presume que también tiene que ver con Odebretch y quizás con recursos del Estado. “Sobre estas afirmaciones que él hace ha señalado cuatro testigos. Ha entregado recibos y un video”, informó Gertz Manero. 

Sorprende de las denuncias de Lozoya que los montos que describe difieren de los confesados por Odebretch. “Habló de pagos por 100 millones de pesos para la campaña de EPN en 2012, es decir, el doble de lo confesado. Los exdirectivos habían dicho que eran 50 millones de pesos. Mintieron y uno de los acuerdos en Brasil y Estados Unidos era decir la verdad”, comentó a SEMANA Raúl Olmos, periodista de investigación experto en el caso Odebretch y autor del libro sobre el tema, Gigante de lodo.

Las manos de Odebretch en México

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos que implicaban a México en el caso Odebretch por un monto de 10,5 millones de dólares. Sin embargo, distintos recuentos demuestran que al país azteca ingresaron más de 16 millones de dólares en un periodo más amplio del presumido. Entre 2016 y 2019 se han venido destapando los distintos negocios corruptos entre Pémex y las filiales de Odebretch.

El primer gran caso fue la adjudicación directa, entre 2013 y 2015, de obras de ingeniería en la refinería de Tula, Hidalgo. En uno de estos proyectos, por ejemplo, Pémex le pagó a Odebretch un 60 por ciento más de lo acordado en el contrato, entre otras irregularidades, como falsedad en documentos y tráfico de influencias. Por otra parte, Petróleos Mexicanos adquirió la empresa Agro Nitrogenados –mejor conocida como “planta chatarra” porque llevaba 14 años sin operar– como parte de la transferencia de recursos a compañías fantasma por parte de la constructora brasileña.

Otro negocio fraudulento comenzó en el sexenio de Felipe Calderón. Pémex firmó un contrato con la planta Etileno XXI en Veracruz, cuyos dueños eran Braskem Idesa –filial de Odebretch– y una empresa mexicana, para suministrarle una cantidad fija de gas etano durante 20 años a un precio 30 por ciento inferior al valor del mercado. Pémex sufrió pérdidas astronómicas: 1.700 millones de pesos el primer año. El contrato sigue vigente; su incumplimiento significa una penalización multimillonaria para Pémex, de modo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) está negociando la forma de modificarlo. 

En 2017, los exdirectivos de Odebretch señalaron a Emilio Lozoya, quien había sido jefe de campaña Enrique Peña Nieto en 2012 y posteriormente director de Pémex, de recibir sobornos para asegurarle a la firma brasileña contratos millonarios. El 22 de mayo de 2019, las autoridades inhabilitaron a Lozoya por diez años como director de la petrolera, lo multaron por proporcionar información falsa sobre su patrimonio y congelaron sus cuentas. Le dictaron orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación delictiva y cohecho. 

En 2017, los exdirectivos de Odebrecht señalaron a Lozoya, quien había sido jefe de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, director de Pémex. Ahora es un testigo protegido que acordó ofrecerle a la Fiscalía declaraciones, documentos y grabaciones.

Su madre, su esposa y su hermana también están implicadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La primera cumple prisión domiciliaria y las otras dos mujeres están prófugas de la justicia. Confirman el delito jugosas cuentas bancarias en Suiza y dos mansiones, una residencia de 3 millones de dólares en la capital mexicana y otra casa lujosa en Ixtapa, en la costa del estado de Guerrero, de 2 millones de dólares.

Tras su orden de captura, Lozoya escapó de México y la Interpol lo buscó durante varios meses. En febrero lo detuvieron en una urbanización de millonarios en Málaga, España, donde se escondía, y el 17 de julio lo extraditaron a México para enfrentar los cargos en su contra a cambio de beneficios legales. El exdirector de Pémex es una especie de testigo protegido que acordó ofrecerle a la Fiscalía declaraciones, documentos y grabaciones –como una relativa a los sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013–.

Juicio sin precedentes

Mientras que en otros países de Latinoamérica el caso Odebretch ya ha puesto tras las rejas a presidentes, expresidentes y altos funcionarios de los Gobiernos, en México la pesquisa se estancó entre 2016 y 2018. “Lo relevante ahora es que sí hay posibilidad de que se muevan engranajes gracias al cambio de Gobierno. Amlo ha puesto en marcha iniciativas que sacuden la impunidad incrustada en los últimos 35 años en los sistemas priista y panista. Estamos viendo avances de lo que Amlo prometió respecto al combate a la corrupción”, señaló a SEMANA Salvador Camarena, director de investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 

Según los especialistas, Amlo ha sacudido la impunidad incrustada en los últimos 35 años en los sistemas priista y panista, cumpliendo su promesa de combatir la corrupción.

“Lozoya es el único caso que cuenta con evidencias sólidas de que recibió recursos de Odebretch, pero la Fiscalía tiene el reto de construir un caso sólido que abarque también a otros intervinientes y su participación en los actos de corrupción. Hasta el momento, solo se ha referido un video y declaraciones, pero eso no sería suficiente para lograr una sentencia. Es necesario que se implementen actos de investigación más determinantes”, dijo a esta revista Estefanía Medina, abogada cofundadora de la asociación Tojil. 

Este primer paso es algo inédito. Jamás en México habían acusado formalmente de corrupción a dos expresidentes de la república. “Peña Nieto, Lozoya y Videgaray no van a ir a la cárcel por intervención de Odebretch en elecciones porque el delito electoral ya prescribió. Por lo que la Fiscalía debe abordar una línea de investigación respecto al lavado de activos. La corrupción es mucho más amplia y antigua que el caso Lozoya”, enfatiza Olmos.

Existe gran expectativa de que la colaboración de Lozoya con la Justicia resulte en información y nombres de funcionarios para aclarar el complicado panorama de Odebretch en México. El exjefe de Pémex debe aportar pruebas documentales y testimonios de los delitos; de lo contrario, lo que hasta ahora existe del caso se desmoronaría. Pero no importa el resultado. Con dos expresidentes acusados, un tabú ha caído en el país azteca.