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Exprimera dama que perdió elecciones presidenciales en Guatemala denuncia presunto fraude en el conteo
Sandra Torres se ha negado a aceptar los resultados oficiales entregados por las autoridades electorales del país centroamericano.
El partido de la ex primera dama Sandra Torres, que perdió las elecciones presidenciales de Guatemala, presentó este viernes 25 de agosto una denuncia de fraude electoral contra el sistema de conteo de votos que reflejó los resultados.
Carlos López, abogado del Partido Unidad Nacional de la Esperanza que postuló a Torres en la carrera presidencial de Guatemala, presentó la denuncia en nombre de la organización política ante la Fiscalía cuestionando las actas en las que se procesaban los datos sobre los votos emitidos por los ciudadanos en las urnas.
“La denuncia va girada a fraude electoral que consideramos se cometió al procesar los datos”, dijo López a periodistas al salir de presentar la denuncia.
El abogado alegó en declaraciones a la prensa, sin mencionar si presentó pruebas y cuáles, que hubo duplicidad de actas y puso en duda el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, además aseguró que no se le entregó a los fiscales de mesa de su partido copia de las actas.
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Torres, que ha guardado silencio desde el domingo, se niega a aceptar los resultados anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, que dio como ganador al progresista Bernardo Arévalo, propuesto por el partido Movimiento Semilla.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo estar preocupado por los intentos de socavar los resultados de las elecciones presidenciales de Guatemala, comunicó el viernes la vocera de ese organismo multilateral.
En tanto, en el país centroamericano, la fiscal general pidió a la Corte de Constitucionalidad que ordene al presidente y a las fuerzas de seguridad protegerla ante los llamados a protestar en su contra por dirigir acciones judiciales que buscan minar los comicios que dieron como ganador al progresista Bernardo Arévalo.
La noche del jueves, la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por el gobierno de Estados Unidos por obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país, pidió a la Corte de Constitucionalidad un amparo para que le ordene al presidente Alejandro Giammattei, al ministro de Gobernación y al director de la policía que le brinden protección ante las manifestaciones convocadas para exigir su renuncia.
A Guterres “le preocupan los informes de intentos de socavar los resultados de las elecciones por medio de acciones judiciales contra miembros del Tribunal Electoral, las juntas electorales y los partidos políticos”, dijo la vocera de la ONU, Florencia Soto Niño, y agregó que el secretario ha tomado nota de los informes de misiones de observación que resaltaron que las elecciones se dieron en un clima de transparencia y de manera ordenada.
La víspera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció medidas cautelares a favor de Arévalo y su compañera de fórmula Karin Herrera, por considerar que sus vidas y su integridad corren peligro tras denunciar dos posibles intentos de asesinato en su contra.
Varios ciudadanos protestaban el viernes en la sede de la fiscalía en la zona uno de la capital contra la fiscal general.
Muchos sectores creen que Porras acelera las acciones penales contra miembros del Movimiento Semilla, que llevó a ganar la presidencia a Arévalo, contra el ente electoral y contra miles de ciudadanos que formaron las juntas receptoras de votos y que recolectaron y resguardaron la decisión de más de cuatro millones de ciudadanos que salieron a las urnas el 20 de agosto.
En su amparo, la fiscal reclamó que las peticiones públicas expresadas en las redes sociales para que renuncie al cargo vulneran la autonomía del Ministerio Público.
La solicitud de Porras también incluye a los fiscales Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, y Cinthia Monterroso, quienes han dirigido los allanamientos y librado las órdenes de aprehensión, secuestro de documentos y citaciones contra el Movimiento Semilla y el ente rector electoral. Ambos fiscales también han sido sancionados por el gobierno estadounidense.
Con información de AP.
