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Familia de Pedro Castillo llega a México junto con embajador expulsado
La esposa del expresidente peruano, así como sus dos hijos, arribaron este miércoles al país que les brindó asilo político. Así mismo, volvió el embajador Pablo Monroy, que fue expulsado de Perú por el gobierno de Dina Boluarte.
En horas de la madrugada de este miércoles, la esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, Lilia Paredes, en compañía de sus dos hijos, abandonaron en la madrugada de este miércoles Perú con destino a México, país que les concedió asilo político, así mismo estuvo acompañada por el embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, que fue expulsado del país en la noche del martes.
Según lo conocido por medios locales, Paredes partió con sus hijos desde el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, llegando a ser increpada por varios pasajeros en el vuelo que tomó, llegando a ser tratada de “sinvergüenza” por varios ciudadanos que le recriminaron sus acusaciones de hacer parte de una organización criminal ligada a la corrupción liderada por su esposo, el expresidente.
Ya en horas de la mañana se conoció que el vuelo en que iban Paredes, sus hijos y el embajador Monroy llegaron a México, a la espera de un comunicado oficial de parte de la familia o del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien durante todo el escándalo de la destitución de Pedro Castillo ha sido el gran defensor del exmandatario a pesar de las acusaciones en su contra por graves cargos de corrupción.
“Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para Pedro Castillo, para su familia y para todos los que se sientan acosados o perseguidos en Perú. Esa es nuestra tradición de política exterior”, había declarado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la noche del lunes 19 de diciembre.
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En el caso del embajador de México en Perú, Pablo Monroy, es de recordar que en el día de ayer el gobierno de Dina Boluarte lo declaró como persona no grata dentro del país y le dieron un plazo de 72 horas para abandonar el país, esto ligado a sus actuaciones como representante del gobierno de López Obrador durante los últimos días.
“El Gobierno ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y que, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención”, informó la canciller peruana en un mensaje a los medios de comunicación.
“En la fecha se ha entregado al señor Monroy una Nota Diplomática mediante la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional”, dijo la Cancillería en un comunicado, condenando la injerencia del funcionario en la situación del país. “Tales expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por ende son violatorias del principio de no intervención”, complementa.
“Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en reacción a la expulsión de su embajador.
También el día de ayer fue clave para Lilia Paredes y sus hijos, ya que fue el día en que se les otorgó el salvoconducto necesario para poder salir del país, esto después de que lograran refugiarse dentro de la embajada de México en Lima. “Atendiendo las obligaciones internacionales, la Cancillería del Perú ha procedido a otorgar el salvoconducto a las mencionadas personas”, mencionó la canciller peruana Ana Gervasi.
Aun así, podrían tener un duro efecto las investigaciones en contra de Paredes por los delitos ligados a la supuesta organización criminal que habría dirigido junto a su esposo, el expresidente Pedro Castillo. Esto porque el gobierno peruano se guarda una posibilidad de extradición a la exprimera dama si finalmente se llega a comprobar su culpabilidad.
Mientras tanto, se especula que a Pedro Castillo le podrían caer al menos diez años de prisión por su intentona de golpe de Estado, mientras mantiene una pena de 18 meses de prisión preventiva. A la par, sus investigaciones por liderar una empresa criminal corrupta para defraudar al país a través de contratos ilícitos sigue su rumbo en la justicia y podría aumentar los años en la cárcel para el expresidente peruano de izquierda.