Feminicidio a manos de un venezolano provoca xenofobia y control migratorio en Ecuador

Ecuador está conmocionado por el asesinato de una mujer embarazada en plena calle y a manos de un venezolano, quien sería su expareja. El feminicidio desembocó en una ola de rechazo y xenofobia que escaló hasta convertirse en el endurecimiento de las medidas migratorias para los venezolanos.

"He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera", anunció el presidente Lenín Moreno por Twitter.

El feminicidio ocurrió el pasado sábado en Ibarra. Cerca de la medianoche, el hombre, identificado como Yordis Rafael Lozada García, asesinó a Diana Carolina Rodríguez, una joven ecuatoriana de 22 años que tenía cuatro meses de embarazo. El hombre la había tomado como rehén, estaba rodeado por policías que lo apuntaban con sus armas y que no actuaron para evitar el crimen.

El domingo, otro venezolano también hirió con un cuchillo a una mujer para robarle, hecho que sucedió en Cuenca (sur y tercera ciudad importante de Ecuador), de acuerdo a la prensa local.

Tras los hechos, el gobierno de Ecuador analiza "la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país" para los venezolanos, que hasta ahora pueden entrar a Ecuador con tan solo presentar su cédula.

La ministra de Interior, María Paula Romo, indicó al respecto que la Cancillería y otros ministerios trabajan para "poder tener un permiso especial, que permita cumplir con los derechos relacionados a la libre movilidad, pero que al mismo tiempo nos permita (...) garantizar de la mejor manera los derechos de los ciudadanos ecuatorianos".

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Por el momento, Ecuador anunció que desde esete lunes exigirá el certificado judicial apostillado a los venezolanos que deseen ingresar a su territorio. "En vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado", dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner por radio y televisión.

Rechazo ciudadano

El feminicidio en Ibarra desencadenó gestos de rechazo de la ciudadanía, pero también de xenofobia. Migrantes venezolanos fueron agredidos con pedradas por lo que empezaron a abandonar esa localidad andina.

"La gente nos grita obscenidades. Por el problema de anoche ya no nos quieren ver, nos lanzaron piedras. Por uno pagamos todos", dijo el venezolano Juan Pablo Rúa en declaraciones divulgadas por el diario ecuatoriano El Universo.

Cargando algunas pertenencias, Rúa y otros diez compatriotas que permanecían en Ibarra decidieron tomar a pie la ruta Panamericana Norte, que conduce hacia la frontera con Colombia, añadió.

Pobladores desalojaron a los extranjeros de parques donde dormían, quemaron pertenencias de algunos de ellos y los persiguieron hasta el norte de la ciudad para exigirles que la abandonen, según el periódico.

En Quito, una marcha convocada con anticipación para protestar contra la violencia a la mujer, frente a una reciente violación múltiple, derivó en rechazo al feminicidio.

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"Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad", manifestó el presidente Moreno.

Puertas abiertas

A los venezolanos "les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie", dijo el jefe de Estado, quien luego del Foro de Davos visitará la Universidad de Salamanca, España, el próximo viernes.

Ecuador estima que en su territorio permanecen unos 300.000 venezolanos que han huido de la crisis política y económica en su nación.

Entre 2014 y 2018 ingresaron a Ecuador más de 1,2 millones de venezolanos, de acuerdo con la Cancillería, que ha otorgado unas 97.000 visas a peticionarios de esa nacionalidad.

El gobernante cuestionó que los policías no hayan actuado para evitar el asesinato de la mujer. "Es deber de la Policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder", señaló.

La ministra Romo dijo en principio que la muerte de la ecuatoriana "debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía", que se ordenó el cambio de la gobernadora (representante del Ejecutivo) y del jefe policial de la provincia de Imbabura (cuya capital es Ibarra) y el "envío inmediato de fuerzas especiales" de la Policía a la zona.

Tras el feminicidio, la funcionaria señaló a la prensa que la policía comprará armamento no letal para enfrentar la situación de inseguridad.

Con información de AFP