Finalizaron las audiencias de revisión de escrutinios que ordenó la Corte de Constitucionalidad en Guatemala

Las autoridades electorales y fiscales de partidos políticos concluyeron este jueves la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales de junio, ordenada por la justicia ante demandas de fuerzas de derecha y que provocó críticas internacionales.

“Finalizaron las audiencias de revisión de escrutinios que ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC)” el pasado sábado, dijo un funcionario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero pidió no divulgar su nombre.

De acuerdo con información de la agencia AFP, el último departamento en concluir el recuento fue el de Guatemala, donde está asentada la capital del país, precisó.

“Nosotros estamos garantizando la custodia del voto, además de unas elecciones transparentes y eficientes”, comentó a periodistas la presidenta del TSE, Irma Palencia, tras concluir el recuento.

Palencia aseguró que “es un porcentaje muy bajo” la diferencia entre los datos divulgados la semana pasada por el TSE con el obtenido en el proceso de revisión.

EL TSE aún tiene que revisar los informes y fijar una fecha para oficializar los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio.

El recuento de las actas electorales comenzó el martes, luego que la CC aceptó el amparo de forma provisional de nueve partidos de derecha que rechazaron los resultados de los comicios divulgados por el TSE.

Con 95% de las actas escrutadas por el TSE, Sandra Torres resultó primera entre 22 candidatos con 15,86%, seguida sorpresivamente por Bernardo Arévalo, que obtuvo 11,77%. Ambos socialdemócratas.

Según distintas fuentes, incluidos varios partidos que pidieron la revisión, el resultado del recuento confirma a Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), y a Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), en el primero y segundo puesto.

Entre los partidos que impugnaron figuran el oficialista Vamos, con Manuel Conde (tercero en la contienda con 7,84%), y Valor, con Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), sexta con 6,57%.

La decisión del Constitucional fue criticada por Estados Unidos, la Unión Europea (EU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Brasil y diversas organizaciones locales académicas, la Iglesia católica y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, este proceso representa una “grave amenaza a la democracia con implicaciones de largo alcance”.

“Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la Constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”, señaló Blinken.

A su vez, la OEA en un comunicado, señaló que “Esa situación se ve hoy agravada por la instrumentalización de la justicia para buscar la invalidación de una elección que el domingo 25 de junio registró la voluntad popular”.

Por su lado, la Unión Europea (UE) instó a las “instituciones judiciales y partidos políticos que respeten la clara voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las elecciones del 25 de junio”.

“El entrampamiento de amparos y contramparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas ya que la soberanía corresponde al pueblo de Guatemala y no a los tribunales”, afirmó la Conferencia Episcopal de Guatemala.

El miércoles, jefes indígenas guatemaltecos pidieron respetar los resultados de las elecciones presidenciales, tras advertir que podrían “movilizar a la población” si continúan utilizando las cortes judiciales en un tema electoral.

‘‘Este es un momento histórico para el pueblo de Guatemala, exigimos e invitamos a que se agreguen otros sectores porque están vulnerando nuestra democracia, libertad e igualdad”, dijo a periodistas Luis Pacheco, presidente de la junta de alcaldes de los 48 cantones del departamento de Totonicapán (suroeste).

Asimismo señalo que “Lo que buscamos es defender la democracia, la soberanía y la voluntad del pueblo”, afirmó Pacheco, que aseguró que la iniciativa es apolítica y lo único que pretende es fortalecer el Estado de derecho.

Los indígenas representan el 42% de los 17,6 millones de guatemaltecos.

*Con información de AFP.