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Financial Times relata cómo José Rubén Zamora, periodista guatemalteco, enfrenta 40 años de prisión por críticas contra el gobierno de Alejandro Giammattei
El comunicador fue dueño del extinto diario El Periódico; los ataques del establecimiento forzaron su cierre definitivo. El escándalo se desata a semanas de las elecciones presidenciales del país centroamericano.
Uno de los periodistas más conocidos de Guatemala podría pasar hasta 40 años de prisión en medio de un indignante caso que ha encendido las alarmas sobre lo que estaría siendo una restricción a la democracia y la libertad de prensa en la economía más importante de América Central y que salpica al presidente Alejandro Giammattei y a todo el aparato estatal en lo que estaría siendo una persecución a todas luces.
Se trata del periodista y antiguo dueño del diario El Periódico, José Rubén Zamora, a quien la justicia le imputó los cargos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El comunicador alega que la justicia está actuando en su contra en manera de represalia por las historias publicadas por su medio de comunicación que alegaban corrupción por parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Un par de días antes de su audiencia final, Zamora dio una entrevista al Financial Times sobre su caso y lo que está viviendo en lo que llama una persecución de parte del gobierno actual, “Lo que (el presidente Giammattei) me ha hecho es horrible... pero me alegro de que me haya puesto aquí por hacer bien mi trabajo”, manifestó el periodista. Mientras tanto, desde el gobierno de Guatemala niegan cualquier papel en dicho caso.
El medio estadounidense recoge que Zamora se encuentra recluido en el ala de aislamiento de una prisión en las afueras de la ciudad de Guatemala. El periodista, célebre en su país ganó reconocimiento internacional por su trabajo denunciando la corrupción desde la guerra civil que vivió la nación durante 36 años hasta 1996.
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Durante su carrera, Zamora ha sido objeto de ataques, allanamientos y amenazas durante varias décadas. Pero en mayo afirmó que la presión política y económica había hecho imposible continuar y tuvo que cerrar El Periódico, un diario que inició precisamente cuando Guatemala firmó acuerdos de paz para poner fin a la guerra civil.
“Guatemala respeta y trabaja para garantizar el libre ejercicio del periodismo. Hemos contabilizado más de 6.000 historias críticas sobre el gobierno de Guatemala y no ha habido censura, por lo que publicar aseveraciones sin fundamento es una decisión irresponsable”, dijo un vocero del diario al Financial Times, manifestando su preocupación sobre lo que se vive en el país y la imagen que deja en el exterior en momentos donde la libertad de prensa está en juego en el continente.
La campaña para procesar a los periodistas se incrementó tras el inicio de procesos legales contra antiguos funcionarios que habían indagado la corrupción mediante una comisión apoyada por la ONU llamada CICIG. La CICIG presentó más de 120 casos y contribuyó al derrocamiento del exmandatario Otto Pérez Molina, sin embargo, la administración previa no prorrogó su periodo en 2019.
A partir de ese momento, numerosos implicados en la persecución de los casos han sido enjuiciados y más de 30 exmiembros del sistema judicial han abandonado la nación, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Denuncias internacionales
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un “ensañamiento” en Guatemala contra periodistas tras el pedido de la Fiscalía de sentenciar hasta a 40 años de prisión al dueño del diario opositor que enfrenta un polémico juicio.
“Pedimos al gobierno guatemalteco que, ante las sospechas de falta de independencia de los poderes públicos, deponga su actitud intimidatoria contra el periodismo y no siga lesionando la democracia en su país”, expresó el presidente de la SIP, Michael Greenspon, citado en el comunicado.
Zamora, de 66 años, es acusado de intentar lavar un equivalente a unos 37.500 dólares “producto de chantajes y extorsiones” a empresarios. El periodista sostiene que el dinero era en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto, y acusa al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de fabricar el caso para silenciarlo.
La SIP alertó que “varios periodistas guatemaltecos han debido salir del país por temor a la manipulación de la justicia y ante señales de que el gobierno guatemalteco utiliza este caso para amedrentar e intentar neutralizar la labor fiscalizadora de la prensa”.
Entre los comunicadores en el exilio se encuentran el columnista del diario Gonzalo Marroquín, expresidente de la SIP, y Julia Corado, directora del periódico, que cerró el 15 de mayo al denunciar “persecución penal” y presión económica”.
La Asociación de Periodistas de Guatemala y la Cámara de Locutores Profesionales, entre otras organizaciones, presentaron el miércoles ante la justicia un recurso de amparo para garantizar la libre emisión del pensamiento e hicieron un llamado para que “cese el hostigamiento contra los periodistas”. El recurso pide a la justicia “garantizar el debido proceso y al Ministerio Público el estricto cumplimiento de las leyes constitucionales del país”.
Con información de AFP.
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