Luisa Ortega, de inquisidora de opositores al paredón chavista

De "valiente" fiscal a "traidora" y "loca". Luisa Ortega fue considerada por mucho tiempo una inquisidora por la oposición venezolana, pero se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, cuya poderosa Asamblea Constituyente se cobró su cabeza.

"No es un linchamiento personal, político", aseguró el constituyente Diosdado Cabello al proponer este jueves su destitución, aprobada por unanimidad.

El giro fue radical. Esta abogada de 59 años, rubia, con gafas y siempre vestida de chaqueta y pantalón, era una de las figuras más fieles del chavismo.

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Impulsó condenas contra los policías acusados por el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002, y más memorable aún, la de casi 14 años de cárcel que cumple el opositor Leopoldo López por "incitar a la violencia" en protestas de 2014 que dejaron 43 muertos.

Pero hace cuatro meses todo cambió. Ortega, que ya se había distanciado de Maduro, firmó definitivamente su divorcio político.

Y pasó de ser esa cercana colaboradora de Chávez desde su campaña presidencial, a una de las más críticas voces de oposición, tachando de "ambición dictatorial" la Constituyente del mandatario.

Fuera de la trinchera que ocupó desde 2007, cuando fue nombrada por primera vez en el cargo con el aval de Chávez, la voz aguda pero firme de Ortega aseguró este sábado que seguirá "luchando por la libertad y democracia de Venezuela".

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"Seguir luchando al frente de la conquista de los derechos humanos, lograr el respeto a la libertad porque en este país se perdió la libertad", dijo después que militares le impidieran entrar a su despacho, cuando aún no era oficial la destitución.

"Carácter y criterio"

La ruptura comenzó cuando Ortega consideró en abril que una decisión con la que el máximo tribunal se adjudicó brevemente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, configuraba una "ruptura del orden constitucional".

Y el oficialismo no le perdonó su osadía: la tildó de "loca", marchó contra su "traición" y la demandó por irregularidades en su gestión. Incluso planteó a la justicia declararla insana mental.

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"Ella representa al chavismo democrático frente a las pretensiones totalitarias del madurismo", estimó Nicmer Evans, politólogo chavista pero crítico de Maduro, que la considera "una mujer firme, con voluntad, carácter y criterio, que asume posturas a todo riesgo".

Ortega tiene dos especializaciones, una en derecho procesal y otra en derecho penal, y fue nombrada fiscal de Caracas en abril 2002.

Antes fue profesora universitaria y consultora jurídica del canal estatal VTV.

"Es una persona con mucho temple, valiente y honesta. Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores", comentó a la AFP su esposo desde hace 18 años, el diputado Germán Ferrer, también disidente del chavismo.

La guerra de Ortega con el gobierno arreció con la convocatoria de la Constituyente, que según dijo "pulveriza el Estado de derecho".

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Pero todas sus acciones legales contra la iniciativa fueron desestimadas por la corte suprema, acusada por la oposición de servir a Maduro.

Ortega, a quien le gusta comer sano y ejercitarse caminando, dijo a CNN que además de su trabajo, su casa y las de familiares han sido blanco de "asedio permanente" en los últimos meses, cuando también fueron secuestrados su hija y nieto.

El rapto coincidió con una visita a Brasil para investigar las implicaciones del caso de corrupción Odebrecht.

"Permanecieron por tres días secuestrados, bueno a ella dos días y él tres días porque la soltaron a ella y dejaron al niño, al adolescente", señaló la fiscal sin precisar mayores detalles. Poco habla de su vida privada.

Por todo ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -cuyas decisiones desconoce el gobierno- determinó que su vida está en "riesgo inminente" y le otorgó una medida cautelar de protección.

Será sustituida de forma interina por Tarek William Saab, defensor del Pueblo y leal al gobierno, y su futuro está por verse.

Fueron congelados sus bienes y tienen prohibida la salida del país. Y ahora se sienta en el banco de los acusados frente a un sistema de justicia del que formó parte, pero que hoy no reconoce.

El presidente Juan Manuel Santos retiró el mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que la destitución de la fiscal "es primer acto dictatorial de una constituyente ilegítima".

Su homólogo, el fiscal Néstor Humberto Martínez se comunicó con Ortega y le manifestó su respeto por la integridad y la libertad. A través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía exhortó a las fiscalías a que legitimamente proclamen la autonomia judicial.