Fiscalía de Bolivia ordena detener a la expresidenta interina y a varios de sus ministros

La Fiscalía de Bolivia emitió este viernes una orden de detención contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y varios de sus ministros por sedición y terrorismo, cargos vinculados con el supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales –presidente por 14 años– que ocurrió en noviembre de 2019.

Áñez publicó en Twitter la resolución emitida por la fiscal Alcides Mejillones junto al texto “la persecución política ha comenzado”. Y añadió: “El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, señaló la exmandataria.

La exlegisladora del partido oficialista Lidia Patty denunció en diciembre pasado que Áñez, varios de sus exministros, exmilitares, expolicías y civiles habían promovido el derrocamiento de Morales. La medida se extiende contra cinco de sus ministros, dos de los cuales ya fueron detenidos. Se trata del extitular de la cartera de Energía, Rodrigo Guzmán, y el de Justicia, Álvaro Coimbra.

Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Yerko Nuñez (Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Presidencia) y Luis Fernando López (Defensa) son los otros ministros alcanzados por la orden, lo mismo que varios exmiembros del alto mando militar, como el almirante Palmiro Jarjuri, Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Mendieta.

Este es el texto de la orden judicial:

El expresidente y candidato presidencial en los comicios de 2020, Carlos Mesa, se expresó en la misma línea. También a través de sus redes dijo que el país está “en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras”.

“Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del FRAUDE, se amnistían y pretenden ser víctimas”, dijo.

Los cargos son prácticamente los mismos que, durante su tiempo en el poder, los entonces funcionarios le achacaron a Evo Morales y por los cuales en diciembre de 2019 se ordenó la detención del expresidente.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Esa medida fue anulada en octubre de 2020, una semana después de que Luis Arce, delfín de Morales, se impusiera por amplia diferencia en las elecciones presidenciales del país andino. No obstante, en ese entonces el juez de la causa aclaró que ello no implicaba que la investigación cesaría.

Las detenciones se han acelerado tras la orden de un fiscal, que cargó contra todos los jefes del Ejército y policiales que pidieron públicamente la renuncia de Morales. Las autoridades sospechan que parte de los buscados se encuentra fuera del país.

Los procesados

Uno de los procesados es el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quien en su momento “sugirió” al expresidente Evo Morales “que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de Bolivia”.

El militar justificó que tomaban esa posición por la “escalada del conflicto” que atravesaba el país frente a las protestas por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de octubre. Kaliman es ahora buscado por presuntos actos de “terrorismo, sedición y conspiración”.

Las autoridades bolivianas buscan también al general Sergio Orellana que, como sucesor de Kaliman, ocupó el comando de las Fuerzas Armadas cuando la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la Presidencia interina del país.

Orellana debe responder además por la muerte de 30 personas en unas protestas contra la mandataria interina que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Por este último caso, un comandante militar y uno policial tienen detención domiciliaria. Según las investigaciones de la Policía, el excomandante Orellana abandonó el país a fines del año pasado y ahora vive en Colombia.

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce, fue el único que se presentó voluntariamente ante las autoridades y fue arrestado de inmediato. Espera acceder a la detención domiciliaria, como lo han hecho los otros altos cargos militares procesados en el pasado.

Otro de los buscados es el excomandante Yuri Calderón, que en noviembre de 2019 se declaró en rebeldía contra el Gobierno de Morales. La Policía allanó sin éxito dos domicilios para dar con él. Los registros establecen que no salió legalmente del país.

Las órdenes de detención alcanzaron también al sector político. Rodrigo Guzmán, exministro de Energías de Jeanine Añez, fue arrestado pese a que hasta ahora no estaba en la lista de acusados. Su familia denunció un “secuestro estatal”.

También terminó preso el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra. El arresto de los exministros sorprendió a la opinión pública boliviana, ya que el proceso se había concentrado hasta ahora en juzgar los momentos previos a la renuncia de Evo Morales y sus causas.

La tesis del oficialismo

La Fiscalía se suma así a la tesis del oficialismo, que dice que en 2019 se produjo un “golpe de Estado”. La oposición ha postulado una idea distinta, según la cual los acontecimientos políticos fueron tan explosivos que terminaron por arrastrar a las instituciones del orden a participar en un “levantamiento popular” contra la reelección de Morales.

Uno de los líderes opositores, Samuel Doria Medina, reprochó que la justicia continúe “persiguiendo a jefes militares”. “El presidente (Luis Arce) comete un error al dejar que fiscales politizados compitan para usar los derechos humanos para ganar puntos con el Gobierno. Las relaciones con las Fuerzas Armadas son un delicado asunto de Estado”, ha dicho en Twitter.

De acuerdo a la demanda original, el juicio debería incluir también a dos civiles: al líder de las protestas contra Morales y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre, un conocido empresario, a los que se les acusa de haber pagado a policías para que se sumaran al motín.

Los fiscales no los han imputado hasta ahora, aunque sí han tratado dos veces de convocar a Camacho como testigo. En las dos ocasiones el político convirtió los actos judiciales en los que debía declarar en multitudinarias demostraciones políticas.