Fiscalía de México no ejercerá acción penal contra Salvador Cienfuegos

El ex general Salvador Cienfuegos fue exonerado este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR) en México. En el comunicado se señala que no se encontraron pruebas que afirmaran que Cienfuegos tuviera relación alguna con el cartel de narcotráfico H2 como lo había acusado el gobierno de Estados Unidos. “Se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, afirma el comunicado.

Salvador Cienfuegos, que en su momento fue el secretario de Defensa Nacional durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, fue arrestado el 15 de octubre de 2020 en el Aeropuerto de Los Ángeles. El ex general se convertía en el primer oficial mexicano de alto rango en ser detenido en los Estados Unidos por cargos relacionados con corrupción y narcotráfico. La orden de arresto fue emitida por la Administración de Control de Drogas (DEA) en la que se acusaba al ex general de trabajar con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, luego de llevar a cabo una investigación iniciada en 2013, pero que se mantuvo oculta de las autoridades mexicanas.

En la investigación se recogieron miles de mensajes interceptados entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, en los que Cienfuegos evitaba hacer operativos en los que se afectara a Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como H-2; pues, según la DEA, era protegido por el ex general. Además de ayudar al cartel a expandirse por el Estado de Sinaloa. Según los documentos judiciales, los fiscales estadounidenses se referían a Cienfuegos como “el padrino”, lo que denotaba su posición en lo más alto de la pirámide, además fue acusado de utilizar su alta posición para ofrecer protección al cártel, mediante alertas sobre operaciones militares en su contra.

Sin embargo, la investigación realizada por la DEA no cayó del todo bien en las autoridades mexicanas quienes se quejaron de no haber sido notificados de la existencia de dicha investigación. Inmediatamente el canciller Marcelo Ebrard le presentó un reclamo al embajador William Barr en el que expresaba su sorpresa y descontento. Posteriormente México amenazó con expulsar a los agentes extranjeros que se encontraran trabajando en casos locales y prometió modificar su marco legal para que las agencias de seguridad fueran más transparentes.

No obstante, Washington decidió enviar 700 páginas de evidencias a las autoridades mexicanas en las que se probaban las acusaciones en contra de Cienfuegos. A pesar de las pruebas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consideró esto un ataque a su soberanía y envió una petición a Washington para retirar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, no sin antes prometer que abriría una investigación correspondiente a Salvador Cienfuegos.

Un mes después de su captura, un tribunal en Nueva York ordenó retirar los cinco cargos presentados contra el ex secretario de Defensa, por lo que fue extraditado a México desde los Estados Unidos “para que pudiera ser juzgado en su país de origen”, según un comunicado conjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la FGR.

La extradición de Cienfuegos a México fue considerada como un acto de impunidad. Sin embargo, Ebrard afirmó que no era considerado un acto de impunidad, sino un acto de respeto a México y a sus fuerzas armadas.

El jueves 14 de enero, la fiscalía mexicana aseguró no haber hallado pruebas en contra de Salvador Cienfuegos, motivo por el cual la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no emprenderá ninguna acción penal. En su momento, las autoridades estadounidenses temían que el ex general regresará a México, porque, según el juez Alexander MacKinnon era más fácil evadir la justicia para una persona con sus conexiones políticas.