A través de un comunicado difundido en redes sociales al finalizar la tarde de este miércoles, 7 de diciembre, el Ministerio Público o Fiscalía de Perú confirmó los delitos por los que se realizó la detención del ahora expresidente de la República, Pedro Castillo Terreros.

En su comunicado, el Ministerio Público aclaró que Castillo Terreros es señalado de ser el responsable del delito de rebelión, consignado en el marco legal peruano, más precisamente en el artículo 346 de su Código Penal.

¿Qué dice el referido artículo?

“El que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación”.

La Fiscalía ha sustentado su señalamiento en la ocurrencia de actos que “quebrantaron el orden constitucional” de Perú, haciendo referencia a los hechos desencadenados este mismo miércoles cerca del mediodía cuando, a través de un mensaje televisado, el entonces mandatario anunció al mundo, y por supuesto a su país, la decisión de disolver el Congreso, anunciando además que convocaría una constituyente para reemplazar la carta magna que rige, y dictara la orden de toque de queda, hechos que no solo despertaron la indignación de la ciudadanía, sino que también generaron una gran ola de incertidumbre.

Si bien Castillo intentó adelantar lo que muchos analistas y políticos han calificado como ‘golpe de Estado’, al desconocer la existencia de uno de sus contrapoderes, su ideal no le resultó, pues no contó con el respaldo de sus copartidarios ni con la Policía y el Ejército, quienes a su vez hicieron un llamado a la calma de la ciudadanía, advirtiendo que no violarían lo dictado por la Constitución.

A su vez, mientras que el Congreso hizo caso omiso de la disposición de Castillo y siguió adelante con el proceso de moción de vacancia para determinar su destitución, el presidente decidió abandonar la casa de gobierno con rumbo desconocido. No obstante, las autoridades le detuvieron y arrestaron.

Ahora, mientras que Castillo fue puesto a disposición de las autoridades, su cargo fue ocupado por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien se juramentó esta misma tarde ante el pleno del Congreso y demás representantes de las ‘fuerzas vivas de la nación’.

Sobre la legalización de la captura de Castillo Terreros, la Fiscalía de Perú precisó que la diligencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Prefectura de la ciudad de Lima, en una diligencia que contó con la participación de la fiscal general de ese país, Patricia Benavides Vargas, funcionaria que ya se había manifestado en desacuerdo con la disolución del Congreso, advirtiendo que el presidente había quebrantado el orden constitucional, y llamando a respetar el Estado de Derecho y la Constitución de su país.

Sobre el proceso de legalización de la captura de Castillo, quien tuvo que buscar un nuevo abogado, en tanto su habitual apoderado había renunciado a defenderlo debido a las mismas razones por las que fue detenido, también se conoció que contó con la participación del “fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales”, a la vez que de “la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder”.

En medio de la diligencia, Castillo fue sometido a un examen médico a cargo de Medicina Legal, previo a enviarlo tras las rejas.

Durante la diligencia, los fiscales leyeron un comunicado conjunto en el que cuestionaron el quebrantamiento del orden constitucional, y recordaron que “la Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una República democrática y soberana”, advirtiendo de igual modo que en virtud de su carta magna, “ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución”.

Tras ser separado de su cargo, Castillo Terreros quedó despojado de su fuero, y ahora podrán prosperar las investigaciones que la Fiscalía adelanta en su contra y en la de sus familiares, una de ellas abierta recientemente, en la que se le señala de “dirigir una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno, cuya finalidad era copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”.

A través de las redes sociales, internautas peruanos también han destacado que en las fotografías divulgadas sobre la detención de Castillo, este aparece en compañía de su exministro, Aníbal Torres, quien había renunciado en días pasados a su cargo, y quien se habría encontrado en compañía del depuesto presidente cuando este intentó escapar.