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Fiscalía de Perú pide prohibir salida del país durante 18 meses al expresidente Fujimori
La decisión queda en manos de una jueza de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado.
La Fiscalía de Perú pidió que se prohíba salir del país al expresidente Alberto Fujimori durante un plazo de 18 meses en el marco del proceso judicial por el ‘caso Pativilca’.
El requerimiento, solicitado por el fiscal superior Pedro Orihuela, fue presentado ante el Poder Judicial en la noche del martes y se da ante la inminente excarcelación de Fujimori con base en el indulto que le otorgó la pasada semana el Tribunal Constitucional.
La prohibición de salida del país será evaluada este jueves por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado presidido por la jueza Miluska Cano, según detalla el diario peruano El Comercio.
En febrero de 2018, la justicia peruana falló en contra del indulto concedido a Fujimori a finales de 2017 por el que entonces fuera presidente del país, Pedro Pablo Kucynski, y, por tanto, se dio “luz verde” a que el exmandatario fuera procesado por el ‘caso Pativilca’.
La decisión del Tribunal Constitucional peruano de restablecer un indulto presidencial y poner en libertad al expresidente #Fujimori es “un retroceso inaceptable” para #Perú, dicen expertos de la ONU en #DerechosHumanos. https://t.co/FCxNpR9hzm
— Noticias ONU (@NoticiasONU) March 22, 2022
En el marco de este caso, la justicia investiga a Fujimori, junto a otras 22 personas, entre ellas miembros de las Fuerzas Armadas por el secuestro y asesinato de seis personas en la localidad de Barranca, en 1992.
En la actualidad, el expresidente cumple una condena de 25 años de cárcel en la prisión de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.
La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restablecer un indulto presidencial y poner en libertad al expresidente Alberto Fujimori generó fuertes reacciones. “Es un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno”, advirtió este martes 22 de marzo un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas”, dijeron los relatores, señalando que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.
“A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”, añadieron los analistas de la ONU.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y secuestros. Su condena, tras un proceso judicial que cumplió con las normas nacionales e internacionales de un juicio justo, ha sido elogiada internacionalmente y considerada un importante logro en la lucha contra la impunidad.
El abogado del expresidente de Perú Alberto Fujimori, César Nakazaki, anunció este miércoles que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su representación para pedir a la Justicia peruana que verifique la validez del indulto humanitario del expresidente Fujimori.
“Iré a la CIDH para explicar las razones por las cuales lo que ha sucedido en el Perú es que, hasta ahora, no se cumple lo que la Corte dijo hace un tiempo: que en un proceso de amparo se revise si hay justificación médica o no para dar el indulto humanitario”, argumentó en declaraciones a medios peruanos.
*Con información de Europa Press.