Fiscalía peruana abre investigación penal al presidente Castillo

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, abrió este martes (4 de enero) una investigación preliminar al presidente Pedro Castillo, por un supuesto delito de tráficos de influencias y colusión por el caso Petroperú y por una adjudicación irregular al Consorcio Puente Tarata III.

La Fiscalía investigará las reunión que a mediados de octubre de 2021 Castillo mantuvo en el Palacio de Gobierno con el gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, días antes de que éste lograra la adjudicación de un contrato millonario a través de Petroperú.

La indagación, además se relaciona con otra visita en la famosa casa de Breña y en Palacio de Gobierno por parte de la lobista Karelim López.

López, quien asesora a una empresa de un consorcio que ganó un contrato, registra seis ingresos a Palacio de Gobierno durante la gestión del presidente Castillo y, además, acudió a la vivienda ubicada en pasaje Sarratea.

Mientras que en el caso de Abudayeh, se investiga una licitación que ganó su empresa por 74 millones de dólares con Petroperú tras reunirse con el jefe de Estado.

El segundo contrato adjudicado asciende a 232,5 millones de soles (unos 232.000 millones de pesos colombianos) al Consorcio Puente Tarata III, pese a que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.

Como se recuerda, en el último mes, la Fiscalía intervino en varias oportunidades la Casa de Pizarro con la finalidad de recabar información sobre estos y otros casos.

La Fiscalía investiga en este caso la figura de la empresaria Karelim López, con supuestos vínculos con esta sociedad, quien se reunió con Castillo en un domicilio privado, y con el secretario presidencial Bruno Pacheco en el Palacio de Gobierno.

Por redes sociales, medios de comunicación de ese país anunciaron la apertura de la investigación penal contra el mandatario por esos millonarios contratos.

Fiscalía peruana interroga al presidente Castillo por ascensos militares

Como se recuerda, a finales de 2021 la Fiscalía de ese país interrogó al mandatario por el caso sobre supuestas presiones para ascender a oficiales militares afines al gobierno izquierdista.

“Recibí en Palacio de Gobierno a representantes de la Fiscalía, ante quienes respondí, en condición de testigo, todas las preguntas sobre los ascensos de las Fuerzas Armadas, como parte de la indagación preliminar que realiza el Ministerio Público”, indicó en su momento a través de su cuenta en Twitter.

La Fiscalía informó que el fiscal adjunto supremo, Ramiro González, tomó la declaración al mandatario. La fiscal de la Nación, Zoraída Ávalos, quien iba tomar la declaración, no participó, tras estar internada en una clínica por problemas de salud.

El abogado del mandatorio, Eduardo Pachas, informó que en la declaración testimonial que duró tres horas, el presidente contestó todas las preguntas de la Fiscalía.

“No ha habido ningún nombramiento irregular, se ha respetado lo traído por el Ministerio de Defensa. El señor presidente dio toda la información a la Fiscalía”, declaró a la prensa Pachas.

Castillo no figura como investigado en el caso, que se encuentra aún en fase de indagación preliminar.

El ente abrió la causa el 11 de noviembre contra los entonces ministros de Defensa, Walter Ayala, y secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos.

Ambos funcionarios renunciaron y ahora son investigados para determinar si incurrieron en “la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal”, según un documento de la Fiscalía.

El caso se dio a conocer cuando Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre.

Los dos generales afirmaron que sus salidas se debieron a roces con Ayala y Pacheco, quienes les pidieron ascender irregularmente a oficiales afines al gobierno.

Ambos jefes militares habían sido designados por Castillo en agosto. Los ascensos que supuestamente promovían los funcionarios del gobierno no se concretaron.

Castillo, en el poder desde el 28 de julio, derrotó por estrecho margen en balotaje a la derechista Keiko Fujimori. Su mandato concluye en 2026.

Con información de Europa Press y AFP