Fuerte acusación de Cuba a EE. UU. por protestas del 15N en la isla

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó el miércoles al Gobierno de Estados Unidos de promover “condiciones de desestabilización interna” en la isla, al alentar la marcha convocada por opositores para el próximo 15 de noviembre.

Al hablar ante el cuerpo diplomático acreditado en su país, el canciller dijo que La Habana no permitirá, “de ninguna manera, que la agresión persistente del Gobierno de Estados Unidos, sus intentos intensos y constantes, agudizados en los últimos seis, ocho meses, de generar condiciones de desestabilización interna, de alterar la tranquilidad y seguridad ciudadana (...), vayan a aguarnos la fiesta”.

Además, el próximo lunes Cuba reabre sus fronteras al turismo extranjero, los estudiantes de primaria vuelven a las aulas y La Habana festeja 502 años de su fundación.

Los organizadores de la marcha del lunes, en La Habana y otras seis provincias, mantienen su determinación de manifestarse pese a la prohibición de las autoridades y la advertencia de que habrá consecuencias penales si se lleva a cabo la protesta.

El Gobierno considera que esta iniciativa busca un cambio de régimen y ha acusado a sus líderes de estar financiados y dirigidos por organizaciones de Estados Unidos.

“EE. UU. pretende orquestar una provocación para echar a perder la justa celebración por el inicio del paso a la nueva normalidad tras largos meses de pandemia. Es una intromisión hostil en los asuntos cubanos que nuestro Gobierno no va a permitir”, señaló .

“Son 29 declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos y de figuras influyentes del Congreso de esa nación, solo desde el 22 de septiembre, casi una diaria, dirigidas todas a alentar, orientar, instigar acciones de desestabilización en nuestro país”, dijo Rodríguez a los embajadores.

“Operadores”

Bruno Rodríguez señaló que estas figuras estadounidenses plantean “exigencias” para realizar acciones que en Cuba “no se permiten, ni se permitirán”.

El pasado lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, pidió en Twitter al Gobierno cubano “escuchar a su pueblo mientras marcha pacíficamente para hacer oír sus voces”.

Los organizadores de la manifestación en demanda de la liberación de los presos políticos apelan al artículo 56 de la nueva Constitución, que reconoce el derecho a manifestarse, pero el Gobierno considera que esta iniciativa atenta contra el carácter constitucional e “irrevocable” del sistema socialista cubano.

“Solicito la solidaridad de la comunidad internacional”, dijo Bruno Rodríguez al asegurar que “no hay acciones autóctonas de desestabilización de nuestro país” y que son “operadores” dentro y fuera de la isla los que están detrás de la convocatoria de manifestación.

Aseguró que “llamamos a la comunidad internacional a rechazar esta nueva maniobra agresiva de EE. UU. contra el pueblo cubano. Se trata de un acto grave, inaceptable y violatorio del Derecho Internacional”.

El llamado ocurre tras las inéditas manifestaciones que estallaron el 11 de julio al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.175 detenidos, de los cuales más de 612 siguen en prisión, según la ONG de derechos humanos Cubalex.

En su mensaje, el canciller cubano aseguró que las autoridades utilizarán las leyes de su país “en el más estricto apego a los principios de nuestro Estado Socialista” y que no permitirán que “que se invoque la Constitución para violentarla, ignorarla o destruirla”.

“No existe derecho alguno, a nivel internacional, ni en la legislación nacional cubana, que avale la práctica estadounidense de financiar acciones e individuos para atentar contra el orden constitucional y el derecho de los cubanos a la paz y la tranquilidad”, indicó.

Finalmente, aseguró que “EE. UU., incapaz de financiar los gastos sociales mínimos que reclama su población, gasta decenas de millones de dólares cada año para atacar a Cuba y se apresura ahora a capitalizar el dinero empleado con una provocación desestabilizadora”.

Desde hace varias semanas, la Embajada de Estados Unidos en La Habana mantiene una campaña en redes sociales para denunciar estos arrestos y las sentencias o requerimientos contra los manifestantes.

“30 años, pena más dura propuesta por el régimen cubano para manifestantes del #11J. Piden penas de 15 a 30 años para manifestantes de Holguín acusados de sedición por animar a los vecinos a protestar por la falta de electricidad”, tuiteó la Embajada de Estados Unidos este miércoles.

“Una nueva generación se une a los activistas de #DDHH de Cuba e implora a su Gobierno que respete los #DDHH. El 15 de noviembre, el Gobierno cubano puede tomar la decisión correcta: escuchar a su pueblo mientras marcha pacíficamente para que sus voces sean escuchadas. #15N”, indicó el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos.