Perú
Fujimori seguirá libre, pero no se podrá reunir con sus colaboradores, según decreto del juez
La justicia peruana reconoció que Fujimori no cumplió las normas de conducta impuestas en su contra cuando fue puesta en libertad en abril de 2020.
Este lunes, un juez en Perú negó el reingreso a la prisión de la candidata presidencial Keiko Fujimori mientras avance el proceso en su contra por varios delitos de corrupción que fueron denunciados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez impuso severas restricciones a la candidata de derecha, lo que no permitirá que se reúna con sus más estrechos colaboradores.
El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, Víctor Zúñiga, no encontró fundamentada la petición de la Fiscalía, aunque reconoció que Fujimori no cumplió las normas de conducta impuestas sobre su persona cuando fue puesta en libertad en abril de 2020.
De acuerdo con el juez, la candidata de derecha a la Presidencia de Perú no podía volver a prisión, pues no se había hecho oficial ningún “apercibimiento” judicial sobre Fujimori, de la manera que exige la norma. De igual manera, Zúñiga decretó que Fujimori tendrá que seguir “un cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas” que le fueron impuestas en el momento en que salió de prisión, y, de incumplir, “se dictará nuevamente prisión preventiva” contra ella.
La audiencia judicial se realizó de manera virtual, debido a la pandemia de covid-19, a partir de las tres de la tarde del lunes y contó con la participación de Fujimori y su defensa, así como del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, según indicó la Corte Superior Nacional a través de su cuenta en la red social Twitter.
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El requerimiento de la Fiscalía acaparó la atención nacional, pues el país está en vilo a la espera de la decisión del jurado electoral que revisa la impugnación de miles de votos presentada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que favorecerían a su rival izquierdista Pedro Castillo.
El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó el martes pasado al 100 % de mesas, otorgó a Castillo el 50,12 % de los votos sobre el 49,87 % de Fujimori. La diferencia es de apenas 44.058 votos.
Fujimori confía en revertir el resultado del balotaje del 6 de junio, pero la decisión del tribunal electoral podría demorar una semana más. Mientras tanto, la tensión crece en las calles del país donde miles de partidarios de ambos aspirantes marcharon el sábado para defender sus votos dos semanas después de los comicios.
El fiscal anticorrupción solicitó el 11 de junio “revocar la comparecencia con restricciones (libertad condicional) por prisión preventiva para Keiko Fujimori Higuchi” en el marco del caso de presunto lavado de activos por aportes de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.
“No hay ningún temor de que se concrete esta prisión preventiva”, dijo Fujimori al reaccionar al pedido del fiscal, negando haber incumplido reglas de conducta impuestas por la justicia.
La candidata, que debe ir a juicio por este caso este año si no gana la Presidencia, permaneció 16 meses en prisión preventiva hasta mayo de 2020. La Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori, que es investigada por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia.
El 30 de abril de 2020, el Poder Judicial le revocó la orden de prisión preventiva y dispuso que cumpla comparecencia con restricciones, entre ellas no comunicarse con los coimputados o testigos del caso.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Keiko Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos, pues se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, argumentó el fiscal en su solicitud al Juzgado.
Fujimori, de 46 años, se presentó el 8 de junio en una rueda de prensa en Lima para pedir al Tribunal Electoral la nulidad de 802 actas, unos 200.000 votos. Estuvo acompañada de Torres Morales en calidad de asesor.
