Gobierno Biden pide al Congreso de Estados Unidos la continuación del Estado de Emergencia por narcotráfico en Colombia

Este martes 17 de octubre, a través de un comunicado emitido directamente por la Casa Blanca y firmado por el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, se informó que desde la administración presidencial se pidió al Congreso de ese país que se mantenga la declaratoria de emergencia nacional relacionada con Colombia por el alto narcotráfico en la región.

Así entonces, Biden ordenó prolongar por un año la declaración de emergencia nacional por la “amenaza” que representan para Estados Unidos los narcotraficantes radicados en Colombia, recordando además, que esta se inició en octubre de 1995.

“(...)Para hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos constituida por las acciones de importantes narcotraficantes centrados en Colombia y el nivel extremo de violencia, corrupción, y el daño que tales acciones causan en los Estados Unidos y en el extranjero”, comenzó resaltando la Casa Blanca en su misiva.

Y agregó: “las acciones de importantes narcotraficantes con base en Colombia siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, se lee en el decreto firmado por Biden.

Además “causan un nivel extremo de violencia, corrupción y daño en Estados Unidos y en el extranjero”, añade.

Por este motivo, Biden pide al Congreso que prolongue por un año “la emergencia nacional con respecto a importantes narcotraficantes con base en Colombia”.

“Por esta razón, la emergencia nacional declarada en el Decreto 12978 del 21 de octubre de 1995, debe continuar vigente más allá del 21 de octubre de 2023″, se afirmó en el documento, que continuó agregando el tiempo que se estima, pueda durar nuevamente la emergencia citada.

“Por lo tanto, de acuerdo con la sección 202 (d) de la Ley de Emergencias Nacionales (50 U.S.C. 1622 (d)), continúo por 1 año la emergencia nacional con respecto a los narcotraficantes significativos centrados en Colombia declarada en la Orden Ejecutiva 12978″, sentencia el documento de la Casa Blanca.

Esta declaración se remonta a un decreto adoptado en 1995 por el expresidente demócrata Bill Clinton que bloquea las propiedades de narcotraficantes colombianos e impide llevar a cabo transacciones con ellos desde Estados Unidos. El 97 % de la cocaína que entra en Estados Unidos procede de Colombia, según datos del país norteamericano.

Según el informe más reciente de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) estadounidense, Colombia tenía en 2021 unas 234.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, en contraste con las 245.000 de 2020.

El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, es un férreo crítico de la guerra antidrogas y propone centrarse en el consumo más que en la producción.

A finales de septiembre, se llevó a cabo una reunión con el vicecanciller Francisco Coy, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, para concertar la nueva Política Nacional de Drogas del gobierno Petro.

Esta se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral para desarrollar los lineamientos de la nueva “Política Nacional de Drogas 2023-2033: Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico”, planteada por el gobierno actual.

Esta reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Colombia - Estados Unidos, contó con la participación del subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Todd Robinson.

El análisis se hizo con Estados Unidos como socio estratégico, “resaltando que se mantendrá la cooperación norteamericana y que se articulará los esfuerzos con las autoridades colombianas”, afirmaba el comunicado.

El Grupo de Trabajo Antinarcóticos se originó en el marco del VIII Diálogo de Alto Nivel, que se efectuó en 2019 en Washington D. C. con el objetivo de hacer seguimiento a los compromisos bilaterales relacionados con el problema mundial de las drogas.

*Con información de AFP.