Gobierno de Ecuador asegura haber capturado más de mil criminales en solo dos semanas

Más de 1.100 personas han sido detenidas y 17 “bandas criminales” fueron “desarticuladas” por las autoridades ecuatorianas, como parte de las operaciones especiales de policías y militares en tres provincias acechadas por la violencia y el narcotráfico, anunció este sábado el Gobierno.

Desde el 30 de abril, y por 60 días, rige un estado de excepción en las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas (esta última fronteriza con Colombia), decretado por el presidente Guillermo Lasso para frenar la criminalidad. El ministerio del Interior detalló que las primeras dos semanas de operativos dejaron “1.131 detenidos” y 17 “bandas criminales desarticuladas”.

Más de 140 armas fueron decomisadas, al igual que casi 200 automóviles y motos, añadió el ministerio sin dar más detalles. Un video que muestra a policías y militares uniformados deteniendo y requisando vehículos en las vías, acompañó el tuit.

Nueve mil militares y policías fueron desplegados en esas tres provincias, según el Gobierno. Ecuador, que por muchos años se mantuvo relativamente a salvo de la violencia de sus vecinos, Colombia y Perú ―los dos mayores productores mundiales de cocaína―, vive un aumento de la criminalidad.

El año pasado cerró con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020. La violencia se extiende a las cárceles, donde han muerto casi 400 reclusos en poco más de un año.

La última matanza se consumó la madrugada del lunes 2 de mayo en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo (a unos 80 km de Quito), donde 44 presos fueron asesinados a puñaladas en sus celdas. Fue la sexta desde febrero de 2021.

¿El detonante? El criticado traslado de un dirigente de la banda R7 desde una cárcel de alta seguridad gracias a una orden de un juez. R7 es rival de Los Lobos, otra banda ligada al narcotráfico, según las autoridades, que sospechan que la presencia del cabecilla desató el amotinamiento. “Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios” porque se hacen sin el “aval de los informes” del organismo encargado de administrar las prisiones SNAI, dijo su titular, Pablo Ramírez.

No es el único caso. Según el SNAI, en el último mes 224 reos de la cárcel de El Turi, donde en abril otra masacre dejó 20 muertos, fueron trasladados por orden judicial a otras prisiones con pocas condiciones para recibirlos. La mayoría fue a Bellavista, que terminó por saturarse. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, acusa a la justicia en algunos casos de “una discrecionalidad que hoy ya pone en riesgo la seguridad de muchas personas”.

Una corte de la provincia de Azuay, donde está El Turi, acusó, en cambio, al servicio penitenciario de ser “el único responsable de la crisis carcelaria”.

Entre el sistema judicial y el penitenciario “hay un divorcio porque si no, no ocurrirían este tipo de cosas”, comentó Alfredo Narváez, vocero de la comisión de pacificación de las cárceles que creó el Gobierno del presidente Guillermo Lasso. Los críticos denuncian excesos judiciales como en el caso del cabecilla de R7: en Bellavista la seguridad no era adecuada y hay sobrepoblación de reos.

El Gobierno atribuye esos sangrientos enfrentamientos a la lucha de bandas del narcotráfico por el control del almacenamiento y rutas para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.

Con información de AFP