Gobierno de Gabriel Boric decreta alerta roja en una zona de Chile por aumento de la violencia

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, reconoció este miércoles que la región de La Araucanía vive una situación de “alerta roja” debido a la inestabilidad en materia de seguridad que atraviesa la región, más aún después de los últimos incidentes registrados el martes.

El funcionario indicó que esta medida implica el despliegue de un 50 % del contingente de seguridad “para cumplir con las labores de control y de fiscalización”.

Así mismo, indicó dentro de las medidas se encuentra el despliegue de otros dos helicópteros en la zona, según informó la cadena de televisión chilena T13.

La declaratoria de la alerta roja por el Gobierno se adoptó en La Araucanía tras una serie de incidentes violentos registrados entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, cuando se han llegado a registrar disparos incluso contra la casa del consejero constitucional electo por el Partido Republicano, Héctor Urbán.

“Respecto a la familia de Urbán, esperamos poder recibir al consejero constitucional. Hemos llevado adelante las gestiones para que ese encuentro se produzca” manifestó Monsalve.

Añadió que “hay una medida de protección dictada en torno a la familia y, por tanto, hay funcionarios policiales que están cumpliendo con la medida de protección”.

Debido a la situación, el Gobierno del presidente Boric, decretó hace cerca de un año el estado de excepción en dos regiones del sur del país, epicentro del denominado “conflicto mapuche” que enfrenta a comunidades indígenas, empresas forestales y el Estado.

El 27 de septiembre de 2022 el senado extendió la medida con 38 votos a favor, uno en contra y una abstención. La decisión se tomó en medio de una jornada que estuvo marcada por el ataque de un grupo de encapuchados a varias personas que se dirigían a su faena forestal en el sur del país, hiriendo al menos a seis de ellos.

El reporte del momento, destacó que el hecho se presentó en la comuna de Tirúa, en la región del Bíobío, a 800 kilómetros al sur de la capital. Ninguno de los heridos revistió gravedad, de acuerdo con la versión de las autoridades.

Las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío, sufrieron una escalada de sabotajes a maquinaria forestal, incendios a propiedades y viviendas, además de robo de madera y tiroteos.

Con esta medida, que está prevista en la Constitución Nacional de Chile se permitió el despliegue militar a la zona para respaldar a la policía de carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.

Disputa territorial

En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile se presenta desde hace varias décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

Las protestas y hechos de violencia se han presentado por el reclamo del pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, de la propiedad, según han manifestado, de las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX.

Ese acuerdo es conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y permitió que estas tierras pasaran a manos de empresas forestales en su gran mayoría.

Entre tanto, a finales de enero, la Fiscalía Regional de La Araucanía, reportó que pese a esos enfrentamientos, los delitos de violencia rural disminuyeron un 43 % en 2022, respecto a 2021.

Según ese informe, los delitos que más se redujeron fueron las usurpaciones y los daños simples, mientras que las denuncias vinculadas por delitos de violencia rural en general pasaron de ser 977 en 2021 a 561 en 2022.

El fiscal regional de la zona, Roberto Garrido, atribuyó esa disminución al trabajo preventivo en la zona de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), y también del Ejército de Chile que trabaja en la zona por el estado de excepción que rige desde mayo del 2022.

“Otro pilar sería la política de persecución que hemos implementado en la región respecto de algunos fenómenos. Es lo que ha determinado, por ejemplo, la detención de personas vinculadas a grupos violentos”, indicó el funcionario al diario La Tercera.

Añadió que también tuvo un impacto “la persecución de algunos fenómenos delictuales que generan estos hechos de violencia respecto de la sustracción de madera, tráfico de drogas y también la infracción a la ley de control de armas”.

* Con información de Europa Press