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Gobierno de Perú condena actos de represión en Venezuela y exige la liberación de connacionales detenidos
El pronunciamiento del gobierno subraya el firme compromiso del país con la protección de los derechos humanos.
El gobierno del Perú expresó su enérgica condena ante las alarmantes denuncias presentadas por el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, según las actas de la votación del 28 de julio del 2024, y la líder opositora María Corina Machado, en las que se denuncian graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.
Estas denuncias detallan actos sistemáticos de represión, persecución, detenciones arbitrarias y secuestros contra opositores políticos, sus familiares, así como contra ciudadanos extranjeros. Entre las víctimas de estas acciones se incluyen al menos cuatro ciudadanos peruanos.
Las autoridades peruanas señalaron que estos actos representan no solo una violación flagrante de los derechos humanos, sino un ataque directo a los valores fundamentales de la democracia. La persecución de personas por sus ideas políticas, el uso del poder estatal para silenciar a la oposición y la detención arbitraria de ciudadanos contrarios al régimen son prácticas que, según el Gobierno del Perú, atentan contra la vida, la libertad y la dignidad humana.
En este contexto, el gobierno del Perú hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar estas acciones y exigió el cese inmediato de la represión en Venezuela.
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Además, demandó la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas detenidas de manera arbitraria, especialmente aquellas que han sido objeto de secuestros políticos o que han sido arrestadas sin pruebas legales que justifiquen su privación de libertad.
El pronunciamiento del gobierno peruano subraya el firme compromiso del país con la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y el respeto por los principios democráticos en la región.
También reafirma su apoyo a la lucha por la democracia y la justicia en Venezuela, y su disposición a colaborar con organismos internacionales que trabajen en la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Esta condena se suma a otros esfuerzos internacionales que buscan ponerle fin a la crisis humanitaria y política que vive el país vecino.
