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Gobierno ecuatoriano retomó diálogo con indígenas; la Iglesia es mediadora
Esto se da cuando se cumplen 17 días de protestas por el alto costo de vida en el país.
El gobierno de Ecuador anunció este miércoles que reanudará el diálogo con indígenas con la mediación de la Iglesia católica, cuando se cumplen 17 días de protestas por el alto costo de vida en el país.
En función de “devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido de aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)”, dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Sin precisar cuándo se reunirán, Jiménez señaló que la CEE será “la que determine la metodología, los actores, los representantes (...) para que podamos llegar a una solución definitiva de este conflicto”, que inició el 13 de junio.
El Ejecutivo rompió el martes las negociaciones con la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) luego de acusar a manifestantes de un ataque a un convoy de policías y militares en la amazónica provincia de Sucumbíos.
En ese choque murió un militar y una docena de uniformados resultaron heridos. En el contexto de las protestas también han muerto cinco civiles, según organizaciones de derechos humanos.
Los diálogos habían empezado el lunes luego de más de dos semanas de protestas, que tuvieron su punto más violento entre jueves y viernes en Quito.
“Reiteramos que la voluntad del gobierno nacional es primero garantizar la paz de los ecuatorianos y en función de ese criterio, no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la constitución a esa paz tan anhelada”, apuntó Jiménez.
Aunque el gobierno había dicho la víspera que no estaba dispuesto a dialogar con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, ahora señaló que no pretende “poner condicionamientos” a este nuevo acercamiento.
Ecuador declara estado de excepción en cuatro provincias
Poco antes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según el gobierno, se “concentran la mayoría de actos violentos” de las protestas.
La medida, sin embargo, no incluye Pichincha, cuya capital es Quito, donde la mayoría de unos 14.000 manifestantes están congregados.
Los indígenas piden una reducción del precio de combustibles, el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos.
El gobierno, atendiendo a los reclamos, bajó en 10 centavos el valor del diésel (1,80 dólares) y la gasolina corriente (2,45), pero la Conaie lo considera insuficiente.
Estas provincias “concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas, provisión de combustible”, lo que afecta “el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía”, señala el documento.
Agrega que en esas jurisdicciones están en riesgo la seguridad de los ciudadanos, así como la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno para uso hospitalario y combustibles.
En el marco del estado de excepción, que se extenderá por 30 días, Lasso estableció como “zona de seguridad” los lugares donde se encuentran campos de explotación de petróleo en la Amazonia.
La producción petrolera de Ecuador ha disminuido a menos de la mitad debido a la toma y paralización de más de 2.200 pozos por parte de manifestantes, que reclaman una reducción de hasta el 21 % de precios de combustibles.
Al 12 de junio, un día antes del inicio de las protestas, el país –cuya dolarizada economía depende del crudo– producía unos 520.000 barriles diarios. El Ministerio de Energía estimó que, en dos semanas de protestas, la nación dejó de explotar alrededor de 1,3 millones de barriles.
La estatal Petroecuador activó este miércoles el mecanismo de “fuerza mayor” para una parte de sus compradores de crudo y evitar así castigos por incumplimientos en el despacho de los embarques. Las autoridades alertaron sobre el riesgo de que se paralice toda la producción.
El decreto permite la movilización de militares a las calles y la suspensión del derecho a la libre asociación. Además, incluye un toque de queda nocturno de ocho horas para las provincias andinas y de 10 horas para las amazónicas.
Lasso, un exbanquero de derecha, levantó el sábado un estado de excepción que regía en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, impuesto en medio de las violentas manifestaciones.
El Ejecutivo y el líder de las protestas, Leonidas Iza, entablaron negociaciones el lunes. Sin embargo, quedaron suspendidas un día después cuando el Gobierno acusó a manifestantes de atacar un convoy de militares y policías en Sucumbíos, donde un soldado murió en el ataque y 12 uniformados quedaron heridos. En el marco de las protestas también han muerto cinco civiles, según oenegés de derechos humanos.
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