Grave denuncia de HRW sobre uso bombas de racimo por tropas rusas en invasión a Ucrania

El ejército ruso habría utilizado bombas de racimo, que no hacen distinción entre objetivos militares y civiles, en Járkov (este de Ucrania), lo que podría constituir un crimen de guerra, afirmó el viernes la organización Human Rights Watch, HRW.

Las fuerzas rusas usaron estas armas “en al menos tres zonas residenciales en Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, el 28 de febrero”, detalló esta organización estadounidense de defensa de los derechos humanos.

HRW afirma haber identificado el lanzamiento de este tipo de submuniciones con un lanzacohetes 9M55K Smerch, de fabricación rusa.

“Járkov sufre ataques continuos de las fuerzas rusas, por lo que los civiles se tienen que esconder en sótanos para evitar las explosiones y esquirlas”, explicó el director de armamento de HRW, Steve Goose. “Usar bombas de racimo en zonas habitadas demuestra un desprecio absoluto por la vida de las personas”.

“Su utilización, como se documentó en Járkov, podría constituir un crimen de guerra”, considera esta organización.

Las bombas de racimo contienen varias decenas de pequeñas bombas que se dispersan en un amplio perímetro y algunas de ellas no explotan en el momento del lanzamiento, lo que puede comportar que se conviertan en minas antipersona.

La Convención de Oslo de 2008 (que Moscú no firmó), prohíbe su utilización. “Su uso masivo en zonas habitadas por algunos ejércitos provocó, en los países implicados, daños humanitarios desproporcionados”, según un informe del Senado francés.

El canciller ucraniano acusa a los soldados rusos de violaciones

Entre tanto, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, acusó el viernes a los soldados rusos de “violar a las mujeres en las ciudades ocupadas” y pidió la creación de un tribunal penal especial para juzgar el “crimen de agresión” cometido por Vladimir Putin.

Kuleba habló desde Ucrania en un encuentro virtual organizado por el instituto londinense de estudios en relaciones internacionales Chatham House, en el que participó el ex primer ministro británico Gordon Brown.

“Cuando las bombas llueven sobre nuestras ciudades, cuando los soldados violan a las mujeres en las ciudades ocupadas, y por desgracia tenemos muchos casos de soldados rusos que violan a las mujeres en las ciudades ucranianas, por supuesto que es difícil hablar de la eficacia del derecho internacional”, afirmó el canciller ucraniano.

“Pero es la única herramienta que tenemos para asegurarnos de que al final todos los que hicieron posible esta guerra sean llevados ante la justicia y que la Federación Rusa, como país que cometió un acto de agresión, sea también responsable”, añadió.

Ocho días después de la invasión rusa de Ucrania, Kuleba se mostró partidario de crear un tribunal penal especial para juzgar el “crimen de agresión” ruso en su país, una iniciativa apoyada por decenas de expertos en derecho internacional y figuras como Brown y el escritor estadounidense Paul Auster.

“Nos falta un arma crucial en la lucha legal contra Putin”, consideró Brown, que firmó una petición para la creación de una jurisdicción especial.

Investigación de la CPI

Precisamente, la Corte Penal Internacional, CPI, de La Haya anunció la apertura de una investigación sobre la situación en Ucrania, citando posibles “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad”. Pero no puede juzgar el “crimen de agresión” —un ataque de un Estado a otro planeado por un dirigente político o militar— si ese país no ha ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de Rusia y Ucrania.

El fiscal de ese organismo Karim Khan señaló que “nuestro trabajo de recopilar pruebas ya ha comenzado”.

Su oficina recibió el respaldo de 39 países que incluyen todos los integrantes de la Unión Europea, Reino Unido, Albania, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza y varios países latinoamericanos como Colombia y Costa Rica.

El fiscal aseguró que veía “una base razonable” para creer que en Ucrania se habían cometido crímenes que podían ser de su jurisdicción.

Pero antes de proceder a su investigación, el fiscal necesitaba la aprobación de los jueces del tribunal en La Haya. Sin embargo, el respaldo de estos países de la CPI le permite seguir adelante sin la luz verde de los jueces.

Esto “permite a mi oficina proceder a abrir una investigación en la situación de Ucrania desde el 21 de noviembre de 2013 hacia adelante”, dijo el fiscal británico.

Esto incluirá “cualquier acusación pasada y presente de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio cometida en cualquier parte del territorio de Ucrania por cualquier persona”, explicó.

Señaló que su investigación se llevará a cabo de forma “objetiva e independiente” y se centrará “en asegurar el rendimiento de cuentas por los crímenes que caigan en la jurisdicción de la CPI”.

Fundado en 2002, este organismo se estableció como un tribunal independiente para investigar a personas acusadas de los peores crímenes, pero solo puede procesar delitos cometidos en el territorio de sus 123 Estados miembros.

Ucrania no es miembro, pero en 2014 aceptó la jurisdicción de la Corte. En cambio, Rusia dejó la CPI, con lo que sus ciudadanos solo podrían ser arrestados en países que acepten su jurisdicción.

*Con información de AFP

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