La investigación que volvió incómodo a Iván Velásquez en Guatemala

Este martes, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, prohibió el ingreso a su país del colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La noticia la dio a conocer mediante un comunicado donde indica que tomó la decisión por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional. El documento señala que la presencia de Velásquez afecta la "gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz en el país".

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Este anuncio lo realizó 4 días después de haber dado a conocer -rodeado de militares y policías- que no renovará el mandato de esa misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decisión que sorprendió a los guatemaltecos pues durante la campaña, Morales prometió que ampliaría hasta 2021 la vigencia de la Cicig, que debe renovar su mandato cada dos años, y el actual termina el 3 de septiembre de 2019.

Velásquez, una figura clave en la lucha contra la corrupción, no se encontraba en Guatemala cuando la situación se complicó. El lunes había viajado para sostener reuniones en Washington y Nueva York, según confirmó la Cicig.

Los arrebatos del presidente

Velásquez estaba en la mira del gobierno guatemalteco desde hace un año luego de que, junto con la exfiscal Thelma Aldana, pidió levantar el fuero a Morales para investigarlo por presunto financiamiento ilícito en su campaña electoral de 2015.

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La fuerte discrepancia del mandatario con Velásquez lo llevó hace un año a intentar sin éxito expulsarlo del país tras declararlo persona non grata.

Su pedido, rechazado por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial, surgió luego de que la Cicig y la Fiscalía acusaron a Morales de financiamiento ilegal de la campaña electoral del partido derechista FCN-Nación, que llevó a Morales al poder.

La nueva decisión contra la Cicig se da una semana después de que la Fiscalía y el organismo de la ONU volvieran a pedir levantar la inmunidad a Morales.

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Sin embargo, el enojo del mandatario con Velásquez se remonta a febrero de 2016, un mes después de asumir el cargo, cuando se inició un proceso penal contra un hijo y un hermano suyo por evasión fiscal.

La entidad anticorrupción cobró relevancia de la mano de Velásquez en abril de 2015, tras destapar casos de corrupción de alto impacto, entre ellos un fraude en las aduanas que obligó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), actualmente preso a la espera de juicio.

En la nota oficial, el gobierno recuerda que desde agosto del año pasado promovió en la ONU un diálogo para buscar una solución por las preocupaciones que tenía sobre la actuación de Velásquez al frente de la Cicig, pero fue infructuoso.

No obstante, el gobierno guatemalteco aseguró que respetará el mandato de la Cicig hasta el final de su mandato.

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Golpe a la democracia

Varios sectores criticaron la decisión presidencial, que consideran que atenta contra la gobernabilidad y la aplicación de la justicia.

"Es un duro golpe para el sistema democrático dentro del cual todos estamos luchando contra la corrupción, y plantea un retroceso de la forma en la que se hace política en Guatemala", dijo a la AFP Edy Lux, coordinador legal de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

"Se están alterando los órdenes constitucionales y resulta muy preocupante esta situación que estamos viviendo (...). Esperemos que el presidente recapacite", aconsejó Lux.

"La comunidad internacional se ha manifestado con mucha preocupación de lo que está sucediendo y podrían existir sanciones específicas por parte de los gobiernos si esto continúa de esta manera", advirtió.

El director adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Daniel Wilkinson, fue más lejos al considerar que la prohibición a Velásquez "requiere una fuerte reacción de la comunidad internacional".

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"La Unión Europea y el Congreso de Estados Unidos deberían suspender la asistencia internacional al país, incluyendo a las fuerzas armadas. Es un día triste para Guatemala", señaló Wilkinson.

Por su lado, el excanciller guatemalteco Gabriel Orellana (2000-2002) dijo a la prensa que "el presidente ha cometido un grave error porque no se ha puesto a considerar la trascendencia que esto tiene en el mundo".

"En realidad el que afecta la institucionalidad y la justicia es Jimmy Morales con su implacable ataque contra la Cicig", consideró a su vez José Miguel Vivanco, director para la Américas de HRW.

La Cicig fue creada por un convenio con la ONU en 2006 y empezó a funcionar un año después. Desde entonces ha participado en la investigación importantes casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otras.

También provocó controversia en Colombia

Una vez se conoció la decisión del gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la comisión a cargo de Velásquez, el expresidente Uribe, que de largo tiempo atrás ha confrontado públicamente al ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, celebró la decisión.

Por su parte, el ex candidato presidencial Gustavo Petro defendió la labor de Velásquez y recordó el papel que cumplió como investigador de la parapolítica.

*Con información de AFP