Guerra civil en Perú: Protestantes denuncian envío del Ejército a manifestaciones; “nos están provocando y seguiremos pase lo que pase”

Miles de personas de la comunidad indígena aimara continúan protestando este martes 21 de febrero en la región de Puno, en el sur de Perú, exigiendo la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, así como nuevas elecciones, y denunciaron que si continúan enviando al Ejército se desencadenará una “guerra civil”.

“Nosotros no nos vamos a cansar. Para nosotros la huelga continúa. Para nosotros no hay diálogo. Lo único que queremos es que Dina Boluarte renuncie”, reclamó David Yujra, portavoz de la sociedad civil de la provincia de Puno.

“Pese a que han matado a 21 de nuestros paisanos, ahora quieren humillarnos más enviándonos militares. Cada vez nos están provocando más. Seguiremos, pase lo que pase”, ha remarcado Yujra, según ha informado el diario ‘La República’.

La huelga indefinida en Puno, que comenzó el 4 de enero, un mes después de la detención del expresidente Pedro Castillo por intentar cerrar el Congreso, cumple 48 días. En los próximos días, miles de personas de las trece provincias de la región tienen previsto nuevamente marchar juntas a la capital, Lima.

El pasado lunes 20 de febrero, miles de ciudadanos de las diferentes provincias de esta región del altiplano peruano reanudaron las protestas, reuniendo acerca de 20 mil aimaras en la capital homónima de la región de Puno.

Desde la detención de Castillo a principios de diciembre, tras intentar cerrar el Congreso, se han venido registrando numerosas protestas en todo el país, dejando el luctuoso balance de casi 60 muertos por la represión ejercida por militares y policías de las manifestaciones.

Entre acusaciones de terrorismo, los manifestantes exigen la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación de Castillo.

Por el momento, el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la fecha para el adelanto de elecciones. Boluarte, que vería con buenos ojos acudir a las urnas durante el segundo semestre de 2023, ha descartado insistentemente presentar su renuncia, pues según sus palabras no ayudaría a resolver la crisis.

A su vez el gobierno negó que en el país exista una política de violación de derechos humanos y que la actuación de sus autoridades esté marcada por el racismo, rechazando un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la represión estatal de recientes manifestaciones antigubernamentales.

“El gobierno [...] es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades”, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado.

AI advirtió que el gobierno peruano está “cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales”. Según la ONG, las autoridades habrían actuado además “con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”.

La mayor parte de los fallecimientos tuvo lugar en zonas andinas del sur y suroeste, marcadas por grandes brechas sociales. “La represión letal es otra muestra del desprecio hacia la población Indígena y campesina” por parte de la policía, señaló el reporte de Amnistía.

El Ministerio de Justicia afirmó que está facilitando el desarrollo de investigaciones del Ministerio Público para identificar “a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida”, así como de daños a la propiedad pública y privada durante los meses de protestas.

Con información de Europa Press y AFP