Honduras imita a El Salvador: le pone orden a las cárceles y promete redadas contra criminales fuera de prisión

La Policía Militar de Orden Público de Honduras informó a la opinión pública que decomisó armas de fuego al iniciar operaciones para tratar de pacificar las prisiones, tras el asesinato de 46 reclusas la semana pasada.

El comandante de la Policía Militar, el coronel Fernando Muñoz, presentó ante la prensa un fusil y cinco revólveres con munición, dos granadas de fragmentación y aparatos móviles de comunicación, en el primer decomiso en la Penitenciaría Nacional (PN) de hombres, en Támara, 25 km al norte de la capital.

El decomiso “corresponde a uno de los módulos donde está instalada la pandilla [Barrio] 18 de todo el penal de Támara, o sea el 5%” de la PN”, dijo el oficial en rueda de prensa.

La operación fue ordenada por la presidenta Xiomara Castro, después de que el martes pasado en la cárcel de mujeres, ubicada en esa misma zona de Támara, reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13). Las atacaron a tiros y prendieron fuego al centro y el saldo fue de 46 fallecidas.

En diciembre pasado, Castro declaró un “estado de excepción” para enfrentar a las violentas pandillas, en una medida que se asemeja a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en territorio salvadoreño.

El criminólogo Gonzalo Sánchez dijo a la AFP aseguró que “desde hace 30 años el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas MS y la 18 han sembrado el terror. Se ha vuelto esto un monstruo de mil cabezas hoy día, que es difícil combatir”.

El propio expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de delitos de narcotráfico en abril de 2022, un año después de que su hermano Tony fuera sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas en Nueva York.

Los fiscales estadounidenses afirman que Hernández convirtió a Honduras en un “narcoestado” que involucra a militares, policías y civiles. Castro ordenó el miércoles 21 de junio que la PMOP tome el “control de los 21 centros penales del país” a partir del 1 de julio próximo, pero el comandante Fernando Muñoz dijo que adelantó por sorpresa las operaciones.

Después de entrar al módulo de la 18 “vamos a entrar al módulo donde está la MS, que también es de máxima [seguridad]”, añadió Muñoz. “Volando no entran” las armas a las cárceles y “solo hay una manera que entren”, añadió en alusión a que los pandilleros han sobornado a los guardias de la prisión para ingresarlas. Pero “aquí se acabo la corrupción en los centros penales”, aseguró.

También, miembros de la PMOP y de la Policía Nacional se desplegaron en la ciudad de Choloma, 180 km al norte de la capital, donde el sábado, un tiroteo en un salón de billar dejó 13 muertos.

En ese momento, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó el toque de queda en una región del norte del país y atribuyó a acciones de sicarios pagados por narcotraficantes locales.

Según esas versiones, desconocidos llegaron con armas automáticas al salón para atacarlos sin darles tiempo de escapar. Al menos diez personas murieron en el lugar y otra en un hospital, a donde habían sido ingresados tres heridos.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezada la llamada “operación Candado”, de cateos y retenes en Choloma, un sospechoso de participar en el múltiple crimen de Choloma fue detenido, según el ministro Sánchez.

Junto a sus vecinos El Salvador y Guatemala, Honduras conforma el denominado “triángulo de la muerte”, plagado de pandillas o maras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado. Sánchez lamentó que los “centros penitenciarios se hayan convertido ahora en universidades del crimen”.

“Autoridades encargadas de la protección o vigilar estos centros penitenciarios (...) se prestan para introducir armas de fuego, pistolas, revólveres, fusiles, explosivos y municiones”, dijo.

“Pareciera más bien que el haber nombrado esta comisión (…) ha traído un malestar entre los privados de libertad” porque “ellos tienen poder, entonces por eso es que se han cometido este tipo de asesinatos”, añadió.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) llamó en un tuit al Estado de Honduras “a investigar los hechos, prevenir su repetición y proteger la vida de las personas privadas de libertad”.

“El país incurre en responsabilidad internacional cuando se violentan los derechos humanos de los privados de libertad”, señaló el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también en un Twitter.

Con información de AFP y Europa Press*