¿Qué le espera a Hong Kong con la polémica ley de seguridad impuesta por China?

Xi Jinping lo había prometido la semana pasada durante la apertura de la Asamblea Popular Nacional de China. Y en efecto, el Legislativo aprobó el jueves un controversial plan de seguridad para Hong Kong con una demoledora votación de 2.878 votos a favor, seis abstenciones y un solo voto en contra. La ley busca, en teoría, contener las protestas prodemocráticas que desde hace más de nueve meses agitan a la ciudad semiautónoma. Sin embargo, muchos advierten que la norma le quitará independencia a Hong Kong, precipitando su integración plena al régimen chino.

En realidad, todo comenzó en 1997, cuando Reino Unido devolvió a China la soberanía de Hong Kong, que había adquirido en un contrato de arrendamiento resultante de una de las guerras del Opio, 99 años atrás. Según el tratado de devolución, firmado en 1984, la ciudad funciona como un territorio semiautónomo, bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Esto le ha permitido gozar de derechos como la libertad de expresión, un sistema judicial independiente, y un sistema capitalista que lo hace el centro financiero más importante de Asia.

El acuerdo, consagrado en la Ley Básica de la isla, garantiza ese estatus al menos hasta 2047; pero apenas unos años después de la entrega del territorio a China, el gigante asiático comenzó a establecer un estricto control sobre la ciudad, solo impedido por la intervención internacional y las multitudinarias protestas. No obstante, con el mundo ocupado en contener el virus y con la prohibición de reuniones de más de ocho personas, la pandemia ha ofrecido un escenario favorable para que Xi lance todo su arsenal para controlar la impresionante ciudad de una buena vez.

Antes de cumplir un mes del final de la cuarentena, Hong Kong ya presenciaba el regreso de las protestas. Un proyecto de ley que buscó permitir extradiciones al territorio continental generó multitudinarias movilizaciones hasta hace unos meses, pero la pandemia las frenó en seco. El 8 de mayo, con la apertura de la ciudad, los hongkoneses volvieron a las calles, sumando a su descontento la posible aprobación de una ley nacional de himnos, luego de que durante un acto público en la excolonia británica la gente abucheara el himno chino, lo que ahora acarrearía hasta tres años de prisión. El miércoles, ante la inminente aprobación de la ley de seguridad para Hong Kong, miles desobedecieron la orden del Gobierno y llenaron las calles de la ciudad. La policía capturó a 300 personas, sumando más de 8.000 arrestos en menos de un año.

El miércoles, ante la inminente aprobación de la ley de seguridad para Hong Kong, miles llenaron las calles de la ciudad. La policía capturó a 300 personas.

La ley de seguridad nacional para Hong Kong prohibirá cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el Gobierno Popular Central, así como el robo de secretos de Estado. Las organizaciones políticas de Hong Kong no podrán tener vínculos con organizaciones políticas extranjeras, ni estas podrán propiciar actividades en la ciudad. De acuerdo con Beijing, la ola de protestas ha decantado en “violencia y terrorismo”, por lo que el Gobierno central busca la manera de intervenir. Pero Estados Unidos y la Unión Europea ven en el movimiento un peligroso intento para recortar libertades y fortalecer la vigilancia sobre los opositores y activistas.

El miércoles, antes de que la Asamblea aprobara la ley, Estados Unidos ya había respondido con contundencia. En una reacción ambigua, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que su país dejaba de reconocer a Hong Kong como un territorio autónomo. En un comunicado, el portavoz aseguró que “Hong Kong no sigue garantizando el tratamiento bajo las leyes de Estados Unidos de la misma manera que las leyes estadounidenses se aplicaron a Hong Kong antes de julio de 1997”. A pesar de que, de hecho, dejó a los hongkoneses a su suerte, Pompeo agregó que “Estados Unidos apoya al pueblo de Hong Kong mientras lucha contra la creciente negación de la autonomía que le prometió el Partido Comunista de China”. Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, advirtió: “No somos ingenuos ante el comportamiento chino. Damos gran importancia a la preservación del alto grado de autonomía de Hong Kong en línea con la Ley Básica y los compromisos internacionales”.

El Legislativo chino aprobó el jueves el controversial plan de seguridad. Mike Pompeo anunció que su país dejaba de reconocer a Hong Kong como un territorio autónomo.

La decisión de la Casa Blanca, que suma un capítulo más a la disputa entre China y Estados Unidos, puede tener serias consecuencias en materia económica. Para el gigante asiático, la excolonia británica es una gran puerta de acceso para el mercado internacional. Hong Kong, que generaba confianza por las garantías de su enorme y tradicional sector financiero, alberga a más de 1.200 compañías estadounidenses, según el consulado general en esa ciudad. Y, de acuerdo con la Oficina del Censo, solo en el primer trimestre de 2020, Estados Unidos exportó 6.360 millones de dólares en bienes hacia Hong Kong, e importó 952 millones. David Castrillón Kerrigan, investigador del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, le recordó a SEMANA que “ya el año pasado el Congreso estadounidense pasó una ley que amenazaba con retirar ciertos beneficios comerciales a Hong Kong si el Departamento de Estado interpretaba que el territorio estaba perdiendo su autonomía”. Según el experto, “Hong Kong es una pieza que la administración Trump usa en su competencia con China”.

La inestabilidad en la excolonia británica preocupa a las altas esferas del sector financiero. La bolsa de Hong Kong es una de las más grandes del mundo, cerrando en 2019 con una capitalización de mercado de 3,79 billones de dólares. Así mismo, se caracteriza por la participación pasiva del Gobierno, que con el paso de los años ha sido más intervencionista. Por ello, la administración pública ahora tiene un peso de casi el 20 por ciento sobre el PIB de la ciudad.

Xi sabe que hace una apuesta arriesgada. Además de aumentar las crispaciones con la Casa Blanca, el Gobierno británico, que tiene una responsabilidad histórica con el destino de su excolonia, podría ofrecer derechos absolutos de residencia y de ciudadanía a los hongkoneses nacidos después de 1997. Eso abriría las puertas para la entrega de la isla al Gobierno continental, pero debilitaría su legitimidad ante el mundo. Al respecto, Steven Lee Myers, corresponsal en Beijing de The New York Times, escribió que “la medida de Xi contra Hong Kong tiene ecos de la toma no violenta de Crimea del presidente ruso Vladímir Putin en Ucrania en 2014, en una violación del derecho internacional y de los compromisos diplomáticos rusos. La anexión convirtió a Putin en un paria internacional por un tiempo, pero Rusia aún mantiene un control firme de Crimea”.

Según Beijing, la ola de protestas ha decantado en “violencia y terrorismo”. La ley castigará cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el Gobierno.

A tan solo días de la Cumbre del G7, los partidarios prodemocráticos piden la intervención internacional. El reconocido activista estudiantil Joshua Wong escribió en Twitter: “Nuestra esperanza es que el cambio drástico de la política norteamericana anime a China a dar marcha atrás a sus planes con Hong Kong. El mundo no debe hacerse el de la vista gorda”.

El poder coercitivo que imponga China sobre Hong Kong enfrentará la oposición de dos sectores. El primero, de activistas, estudiantes y ciudadanos que temen que China vulnere las libertades básicas. El segundo, conformado por empresarios y naciones que han consolidado en la isla un mercado estable en el continente asiático. En todo caso, Xi Jinping parece dispuesto a continuar con su hostil estrategia para extender el control de su régimen en la región y en el mundo.